Venían a hacer una inspección, dijeron, rutinaria, pero el hecho es que se presentaron muchos agentes, cerca de ocho. Los trabajadores de la asociación les dejaron pasar a recepción, donde hablaron, en principio, con buenas formas. Todo se torció cuando les dijeron que no podían pasar a la sala de consumo, que estaba bajando unas escaleras; que no tenían la llave de un armario que estaba allí en recepción, y que tampoco la llave de la oficina que estaba en la sala contigua.
Se enfadaron, y mucho, y trataron de intimidar a los trabajadores. Les dijeron que era ilegal, que tenían que abrir la puerta, que les denunciarían, que les pondrían una multa enorme, pero los trabajadores no dieron su brazo a torcer. Entonces, los agentes exigieron que llamaran al responsable de la asociación. Los trabajadores dudaron, pero finalmente llamaron al presidente. Este no se encontraba en la ciudad, así que no pudo personarse, pero les dijo que no iba a autorizar el registro, que si era una inspección, tendrían que haber quedado con él antes, y que si era otra cosa, quería una orden judicial.
Los agentes estaban cada vez más enfadados, y finalmente, aprovechando que un socio salía en ese momento de la puerta que daba acceso a la sala de consumo, le dieron un buen empujón y se metieron en tropel. Allí accedieron a la sala donde estaban los socios y fueron identificándolos uno a uno, aunque no les decomisaron lo que tenían. Arriba de nuevo, forzaron a lo bestia el armario donde se guardaba la marihuana. Encontraron muchos tuppers con diferentes variedades de marihuana, hachís y flores de cáñamo, pero no en grandes cantidades. Intervinieron también dinero, pero básicamente monedas.
Después de eso trataron de entrar en la oficina, pero no se les permitió. Contrariamente a lo habitual, no se llevaron a nadie detenido, ni siquiera a los trabajadores que no les habían autorizado la entrada. Tampoco les tomaron declaración en calidad de imputados. Fue extraño, como si se tratara de una intervención puramente administrativa. Hicieron un reportaje fotográfico, se llevaron la sustancia e identificaron a los socios y a los trabajadores, pero nada más.
Al cabo de unos días, el presidente de la asociación recibió una llamada de la comisaría de los Mossos para declarar como investigado. Nos personamos unos días después. Efectivamente, la Policía Local había tramitado denuncia ante Mossos y estos habían abierto diligencias. El presidente de la asociación no declaró. Era interesante ver primero el contenido de las diligencias, y luego decidir qué era mejor decir y en qué momento era mejor denunciar la entrada y el registro ilegales en el local de la asociación. En nuestra opinión, la entrada es ilegítima, y debe anularse toda la prueba obtenida en el registro. Por eso es importante no declarar, porque si se hace y se dice que, efectivamente, hay marihuana y hachís, se les está dando la prueba que necesitan para condenarlos, sobre todo si se anula la prueba obtenida en el registro.
Ahora, unos meses después, han sido citados a declarar en el juzgado competente, no solo el presidente, sino los dos trabajadores que estuvieron presentes e interactuaron con los agentes en el momento de la intervención. Un dato interesante es que de momento no han citado a declarar ni al secretario ni al tesorero de la asociación, por lo que, si hay suerte, tal vez no les imputen el delito de asociación ilícita, aunque nos tememos que, en cuanto el expediente llegue a manos del fiscal, pedirá la imputación de los otros dos miembros de la junta directiva.
La defensa de este asunto se va a basar, obviamente, en denunciar la entrada y el registro ilegales, para que la prueba sobre la droga incautada sea nula. La policía actuó con intimidación. Obligaron a los trabajadores a abrir las dependencias de la asociación y, cuando estos se negaron, les insistieron; luego exigieron que llamaran al presidente por teléfono, pero se mantuvo firme en no autorizar la entrada y registro. Finalmente, la policía entró contra la voluntad de los miembros de la asociación, e incluso rompieron un armario, por lo que vulneraron su derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio de una asociación, sea o no cannábica. Además, no había ningún motivo de urgencia, como es en el caso de los delitos flagrantes.
De momento, están citados a declarar antes de verano. En esta declaración se tendrá que explicar con mucho detalle toda la violencia policial y deberán negarse a declarar sobre cualquier otra cuestión. Ya os informaremos de cómo sigue el caso.
