El caso de este mes tiene un final feliz. Se trata de la Asociación Movimiento Asociativo Cannábico de Autoconsumo (La Maca), con sede en el barcelonés barrio de Sants. A finales de septiembre del 2012, en el peor momento, unos valientes luchadores por la paz y la convivencia social lograron apresar, in fraganti, a unos peligrosos delincuentes que estaban produciendo cerca de 170 kg de droga por valor de más de 150.000 euros en el mercado ilícito. Esto es lo que seguramente dijeron entones los medios locales de Gandesa a partir de la nota de prensa de los Mossos d’Esquadra.

En realidad, se trataba de una masía en la que sus moradores, una pareja de usuarios medicinales de marihuana, cultivaban un total 140 plantas para sí mismos y para la asociación La Maca, de la que probablemente no iban a sacar más de 14 kg netos de maría. Cada una de aquellas plantas tenía un cartel colgado informando de que pertenecía a la asociación. A las pocas horas de la intervención policial se presentó el presidente de la asociación para entregarse a las autoridades y asumir la responsabilidad del cultivo. Procesaron al cultivador y al presidente de la asociación. Durante la instrucción del procedimiento y con el escrito de defensa, la anterior abogada de los procesados, Marta Carreras, inundó el juzgado con cientos de folios, aportando toda la documentación relativa a la asociación: acta de constitución, estatutos, registro, reglamento interior, libro de socios, libro de retirada, CIF, memoria de actividades de varios años y la memoria del programa de usuarios terapéuticos; también se pidió al juzgado que solicitara a la Seguridad Social el listado de trabajadores y las fechas de altas y bajas, y a la Agencia Tributaria, todas las autoliquidaciones de impuestos presentadas; se aportó también la “Guía de clubes del año 2010”, con todas las sentencias absolutorias dictadas hasta entonces, y muchos documentos donde se demostraba que el presidente de la asociación había explicado en multitud de foros y reuniones la actividad de los clubes sociales de cannabis y reclamado su legalización. El juicio se celebró en febrero del 2018. Lo realicé yo mismo en sustitución de la anterior letrada, con la estrecha colaboración del abogado Pedro Caldentey.

La estrategia fue, como primera opción, buscar la libre absolución de los acusados, defendiendo que los hechos no eran constitutivos de delito, y como opción complementaria, que en cualquier caso existía un error de prohibición invencible. El Ministerio Fiscal pidió para los dos acusados, el cultivador principal y el presente de la asociación, cuatro años y tres meses de prisión, al calificar por el tipo agravado de notoria importancia de la cantidad de marihuana intervenida, aunque también les ofreció una rebaja en la pena si se confirmaban con la acusación. Los dos acusados rechazaron rotundamente tal posibilidad.

Los acusados, además, rechazaron alegar disminución de la responsabilidad penal por consumo de drogas, dado que lo que hicieron lo hicieron de forma consciente y con el pleno convencimiento de que era totalmente legal, o que debería serlo de forma urgente. En el juicio contamos con el testimonio de varias personas socias, dos de ellas terapéuticas, y con dos testigos de lujo: una persona que había trabajado para el Departament de Sanitat en el proceso de estudio de la regulación de los clubes sociales de cannabis, y que declaró que mantuvo diversas reuniones con el presidente de la asociación en las que este le explicó la actividad de cultivo y retirada de marihuana entre las personas socias; el otro testigo de lujo fue el doctor que participó en el programa terapéutico de La Maca, quien explicó a la juez, con todo lujo de detalles, el funcionamiento de dicho programa, y quien explicó, además, que él personalmente, junto con dos socios de la entidad, se había reunido con el jefe de la Guardia Urbana del Distrito de Sants para darle a conocer el programa de cannabis medicinal que desarrollaba La Maca.

Testigos todos ellos muy importantes para demostrar que La Maca era realmente un club social de cannabis y que todo lo que se hacía en su local social era público y con una marcada orientación social. El juicio fue realmente bien. Los acusados y testigos declararon de forma sincera y convincente; especialmente el presidente de la asociación, que llegó incluso a emocionarse cuando explicó a la juez el programa terapéutico para usuarios medicinales. Tuvimos final feliz con una hermosa sentencia absolutoria. A pesar de establecer como hecho probado que la asociación estaba integrada por cuatrocientos socios lúdicos más ciento cincuenta socios terapéuticos, y que la cantidad decomisada fue 14 kg netos, consideró que los hechos no eran delito, dado que la asociación distribuía el cannabis únicamente entre los socios, sin poner en riesgo la salud pública. No fue necesario ni siquiera tirar del error de prohibición. La juez consideró que no hubo delito. Hubo tensa espera mientras pasaba el plazo del fiscal para recurrir la sentencia. No lo hizo, y ahora es ya firme e inamovible. Una gran victoria colectiva.