Se levantó entumecido por el frío y con el carraspeo que no lo dejaba tranquilo desde hacía varios años. No se había imaginado esta vida cuando decidió emigrar a Europa, pero se consolaba pensando que al menos tenía techo y un lavabo con agua corriente, aunque estuviera helada, y algo de dinero para ir tirando. A cambio, solo tenía que cuidar unas plantas. Salió a la calle a tomar un café con leche en un bar cercano donde los servían muy baratos.
Después dio un paseo para que le tocara el sol antes de volver a la oscuridad de su vivienda. Los dos agentes de la policía le esperaban ocultos en un portal a escasos metros de la entrada del inmueble. Cuando estaba abriendo la puerta se precipitaron sobre él, le enseñaron las placas y le empujaron suave pero firmemente hacia el interior. Se trataba de un amplio local de dos pisos y un total de ciento cincuenta metros cuadrados, que servía tanto de vivienda como de taller y lugar de cultivo. Los agentes actuaban para proteger la salud pública de las personas, pero no estaban tan interesados en si el lugar reunía las condiciones mínimas de habitabilidad como si en él se estaba produciendo una peligrosa droga llamada marihuana. Sus narices afiladas percibieron un olor característico que venía del piso de abajo. Descendieron y encontraron lo que buscaban: tres salas de cultivo con focos, sistemas de ventilación y extracción de humos, herramientas de jardinería, bolsas autocierre, básculas de precisión…, y un total de trescientas dieciséis plantas de marihuana en diverso estado de crecimiento. Se frotaron las manos. Detuvieron al cultivador residente y arrasaron la plantación antes de precintar el local.
En su declaración policial, el detenido solo contestó a mis preguntas y manifestó que los agentes habían entrado en el local a la fuerza sin su consentimiento y que aquél era su lugar de residencia. Lo mismo reiteró en el juzgado. No contestó sobre de quién era la marihuana y quién alquilaba el local. A los pocos días pedimos el desprecinto, dado que se trataba de una vivienda. Lo acordaron y le dejaron volver a su refugio. La policía averiguó el nombre del arrendatario del local, lo intentaron citar para que compareciera en el juzgado y declarara sobre los hechos, pero no lo localizaron. Le llamaron por teléfono, pero no contestó. Durante unos días no se dejó ver por sus lugares habituales. Al cabo de unas semanas llegó el informe del Instituto Nacional de Toxicología, que certificaba que las muestras enviadas eran efectivamente marihuana. Pasó el tiempo. Como defensa, decidimos no pedir de momento la nulidad de la entrada y registro, ni tampoco alguna otra diligencia judicial, preferimos que el tiempo pasara. El tiempo pasó. Era razonable intentar gestionar una transformación de las diligencias a juicio rápido para pedir una conformidad con reducción de la pena, con lo que le podría quedar una pena de un año o dos y evitar la entrada en prisión, al no tener antecedentes penales. Además, se podía evitar también que el arrendatario del local fuera procesado. Pero decidimos esperar. Llegó el auto de procedimiento abreviado, en el que se recogen los hechos que han sido provisionalmente probados, y para nuestro regocijo, el juez había hecho constar como cantidad decomisada de marihuana solo la que había sido analizada por el Instituto Nacional de Toxicología. No se había hecho la regla de proporcionalidad entre peso bruto y peso neto. El procedimiento siguió adelante y le dieron traslado al Ministerio Fiscal, quien no se dio cuenta del error, o no quiso verlo, y ante la circunstancia de que el investigado había declarado que era su residencia, y que la policía había entrado a la fuerza, decidió no acusar sino, por el contrario, solicitar el sobreseimiento del procedimiento. El juzgado, ante la ausencia de acusación por parte del Ministerio Fiscal, no tuvo más remedio que acordar el archivo de la causa. De este modo, el investigado se libró de una más que probable condena por trescientas dieciséis plantas. Pero no solo él, también el arrendatario del local, que milagrosamente no fue procesado.
La estrategia de la defensa fue no hacer nada, no aportar datos que pudieran ser incriminatorios, tan solo alegar falta de consentimiento en la entrada y registro y crear dudas sobre la autoría del cultivo: ¿era del arrendatario pero no residente, o del residente pero no arrendatario? El Ministerio Fiscal tuvo dudas de que el asunto pudiera ser objeto de condena, así que decidió no acusar a nadie. Desde luego, el investigado tuvo mucha suerte, pero también es cierto que a veces más vale guardar silencio que dar muchas explicaciones. La primera moraleja de este caso es triple: que siempre es mejor callar que hablar; pensar bien lo que se hace antes de actuar, y no lanzarse a una conformidad a las primeras de cambio, sino darle siempre una vuelta más al asunto para ver si hay alguna vía de escape. La segunda, que a veces la suerte se aparece en el lugar que menos la esperas.
