La historia de este mes acaba en nueve años de prisión y una multa de más de setenta millones para cada uno de los acusados. Ocurrió en Galicia no hace mucho tiempo. Un grupo de amigos intentó introducir en España más de media tonelada de cocaína, y lo logró. Todo empezó porque uno de ellos había vivido unos años en Venezuela y conocía gente que podía mover tal cantidad de ese oro blanco tan codiciado. Y otro de los amigos tenía un tío propietario de una empresa dedicada al sector del pescado en Pontevedra. Se lo estuvieron pensando un tiempo, sabían a lo que se exponían, pero decidieron jugársela.
Lo primero fue convencer al tío. Pensaron en no decirle la verdad, venderle la moto de que un amigo suyo en Ecuador tenía una empresa de exportación de pescado, y que podrían comprarle muy barato pescado de calidad. Pero todos sabían que el tío no era tonto, y que se daría cuenta de todo antes de acabar la primera frase. Así que decidieron tratar de convencerle, y si no accedía, buscar otra empresa. La primera reacción fue de total rechazo, pero enseguida se quedó callado y les dejó hablar. La idea, le contaron, era realizar una operación mercantil ordinaria de venta de pescado desde Guayaquil (Ecuador) hasta Pontevedra, mediante dos empresas legales, del sector de la pesca, y que no fueran de reciente creación. Y, entre el pescado legal, se introduciría en los contenedores frigoríficos cocaína de gran pureza, para maximizar los beneficios. Al cabo de unos días les confirmó que se metía en la operación, pero que quería supervisar él directamente toda la cuestión de los documentos de importación y exportación. Durante semanas tuvieron varias reuniones y poco a poco todo fue tomando forma. Les preocupaba que entre las personas de Venezuela y Ecuador pudiera haber algún topo que chivara toda la operación. El amigo venezolano aseguró que no, que los conocía desde hacía muchos años y que eran un grupo pequeño. A pesar de ello, decidieron viajar dos de ellos durante todo un mes a conocer al grupo de personas implicadas, saber cómo podrían obtener la sustancia y a través de qué empresa la embarcarían en el puerto de Guayaquil.
Lo planificaron todo muy bien, pensando cada detalle, y con mucho tiempo para poder hacer las cosas correctamente. Y lo hicieron, excepto por un pequeño detalle. Después de mucho esperar, llegó el día en que el buque en el que iba la carga zarpaba de Ecuador. Tenían por delante varias semanas de suspense, hasta que llegara el barco a Pontevedra, y luego los trámites de aduana para descargar los dos contenedores y sacarlos del puerto. Llegó el día de la arribada del buque, casi sobre la fecha prevista. A partir de ahí había que esperar que el agente de aduanas avisara de que los de Vigilancia Aduanera habían liberado la mercancía y la podían pasar a retirar del puerto. Dos o tres días de espera era lo normal, aunque a veces había mucha acumulación de trabajo y los trámites se demoraban un poco. Pero pasaron más días y se empezaron a poner nerviosos. El agente de aduanas les decía que había algún problema con los certificados de exportación tramitados en Guayaquil, y que no sabía cuanto se tardaría en resolver. Finalmente, llegó la ansiada llamada y pudieron ir a retirar la mercancía.
Al cabo de unas horas el camión entró en el almacén de la empresa, y cuando el conductor bajó de la cabina, salieron con él dos agentes de la Guardia Civil, a punta de pistola, gritando: “¡Alto, policía!”. Del contenedor también salieron otros agentes de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera. Lo que ocurrió después ya os lo podéis imaginar. Unos cuantos meses de prisión provisional y, al cabo de poco más de un año, juicio en la Audiencia Provincial de Pontevedra. Durante semanas se exprimieron el cerebro para tratar de entender qué habían hecho mal. Y un día los abogados se lo explicaron. Resulta que, efectivamente, el certificado de exportación no estaba bien expedido. No supieron exactamente dónde estaba el problema, pero sí sabían que parecía un simple error administrativo. En las oficinas del puerto de Guayaquil no se habían dado cuenta, pero aquí en España este hecho había paralizado la tramitación ordinaria del contenedor con la mercancía. Y como se pasó unos días apartado, sin tramitar, al final Vigilancia Aduanera se fijó en él, por venir de un puerto caliente y por el tipo de mercancía. Lo abrieron, encontraron paquetes rectangulares sin forma de pez y pidieron la autorización judicial para el registro, y luego, para la entrega vigilada de la mercancía, lo cual les permitió llegar hasta los destinatarios finales. Los acusados fueron finalmente condenados a nueve años de prisión por un delito contra la salud pública con las agravantes de notoria importancia y pertenencia a organización criminal, y a pagar una multa de setenta millones de euros. Ya sabemos que los pequeños detalles pueden suponer una gran diferencia.
