El caso de este mes pone de nuevo de manifiesto la locura de esta guerra contra las drogas. Llamaremos Marquis a nuestro protagonista del día, en honor y homenaje al reactivo que se utiliza en las comisarías para identificar el principio activo en las drogas que se decomisan. Marquis es un muchacho caribeño al que le gusta la fiesta, y las drogas, y a veces tiene problemas por ello. Nuestro relato empieza en una tarde veraniega, tomando unas cañas con unos amigos y decidiendo comprar algunas cositas para divertirse más y más rato durante la noche que ya se acerca.
Compran cocaína, metanfetamina y MDMA; esa noche deciden ir fuertes. Cenan poco, ya un poco acelerados, y después de tomar algo y dar algunas vueltas, se meten en una discoteca del centro de Barcelona a bailar y a lo que se tercie. Según él nos explica, cuando está en el lavabo haciéndose una raya, aparece un controlador y le pica en la puerta insistentemente hasta que, acabando de prisa y de mal rollo, no tiene más remedio que salir y enfrentarse al gorila de turno. Pero sale de mal humor, fastidiado de tanto golpe y tanto mal rollo. El vigilante, a su vez, se cruza con él y lo retiene. Viene otro controlador. Marquis no se entera de qué está pasando, pero ya se huele que algo malo se cuece.
Pasa el rato; lo tienen retenido en un cuartito dentro de la discoteca. Solo le dicen: “¡Que te calles!”. Marquis intenta mantener la calma. No puede ser, no puede ser, pero ocurre. Llega la policía. Lo esposan y se lo llevan al cabo de un rato. Y lo de siempre: coche policial, algún que otro empujón e insulto, pero con desidia, sin demasiado interés en abusar o humillar, y le hacen pasar el resto de la noche y del día siguiente en el cuartelillo. Y la siguiente noche. No se puede hacer nada; se queda en calabozos hasta que al otro día pasa a disposición judicial. Ahí le explicamos que le acusan de ofrecer pastillas a un tipo en la discoteca, que un vigilante lo vio y que tomaron declaración a un extranjero, turista de vacaciones, que incluso firma un acta de manifestaciones declarando que le había ofrecido droga; o la firma o dicen que la firma. En el acta no aparece si habla o no castellano o catalán, o si hay un traductor, y eso que es de un país cuya lengua oficial y común es el inglés. Quizás era un turista al que pillaron consumiendo y le hicieron firmar eso, sin saber que era, para dejarlo tranquilo.
En cualquier caso, a Marquis le imputan un delito contra la salud pública en modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud, y si bien lo dejan en libertad, le hacen ir a firmar cada primero y quince de mes. La policía le había intervenido tres sustancias distintas: cocaína, medio gramo bruto; dieciséis pastillas de color rosa con la cara de Doraemon, y 1,1 g de una sustancia cristalina. Estas sustancias fueron sometidas al reactivo Marquis, dando la cocaína y las pastillas un color naranja, y la sustancia cristalina, un color negro. Con ello dan por identificados los distintos principios activos, prueba que sirve de paso previo para imputar el delito de tráfico de drogas.
Posteriormente, durante la instrucción del procedimiento, se remitió la totalidad de la sustancia intervenida al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, organismo que emitió un dictamen fijando el peso neto de la papelina de cocaína en 0,45 g, con una pureza del 76,5% y una cantidad neta de principio activo de 0,35 g. Respecto de la sustancia cristalina, resultó ser metanfetamina con peso neto de 0,718 g, pureza del 74,8% y cantidad neta de principio activo de 0,54 g. Y respecto de los comprimidos, resultó un peso total de 6,57 g, una pureza en MDMA de 24,9% y un peso neto de principio activo de 1,6 g. A pesar de estas cantidades tan nimias, el Ministerio Fiscal no dudó en activar el sistema penal de represión de las drogas, y en toda su envergadura.
Pide para Marquis una pena de cinco años de prisión y cuatrocientos euros de multa, es decir, casi la pena máxima del tipo básico de este delito, que va de tres a seis años. Al ser extranjero, solicita el fiscal que la pena de prisión sea substituida por la expulsión del territorio nacional por un período de diez años. Aún hay que agradecerle algo a este fiscal, porque alguno de sus compañeros piden que se cumplan los dos tercios de la pena y luego se expulse al penado.
En fin, que estamos en el medio de una locura punitiva contra las drogas. ¿Qué sentido puede tener castigar tan duramente a alguien que está consumiendo o que, creyendo la versión del vigilante de seguridad, está vendiendo a alguien una sustancia que, en el desarrollo de su autonomía personal, decide meterse en su cuerpo? A ver cuando salimos de esta locura. Y, mientras esperamos, os contaré en próximos números cómo acaba este juicio.
