Marcela era una amante de la marihuana. Le gustaban su forma, su color, su textura... También le gustaba el olor, tanto en fresco como ya seca y en combustión. También le gustaba fumarla. Lo hacía por las tardes, para relajarse un poco y en buena compañía. Pero, sin duda, lo que más le gustaba era cultivarla. Sí, cuidar todo el ciclo: la siembra, el crecimiento, la floración, la cosecha, el secado. Todo ello era una pasión para ella. Por eso, el día que en la asociación le propusieron si quería ayudar con el cultivo de interior, en un local cercano a la sede de la entidad, se puso muy contenta.
En aquel entonces estudiaba una carrera que le exigía poca dedicación, y tenía un trabajo de media jornada que le resultaba suficiente para compartir piso con tres amigas. Así que disponía de tiempo libre, y qué mejor que dedicarlo a hacer crecer unas cuantas marías. Otro compañero de la asociación se sumó a la tarea, y entre ellos, y algún otro que tenía algo más de experiencia que les echó una mano al principio, se pusieron manos a la obra. Antes, sin embargo, firmaron un acuerdo de cultivo, junto con los miembros de la junta directiva, relativo a la cantidad, el período de cultivo, la variedad y la cantidad máxima estimada. Todo en regla.
Al cabo de unas cuantas semanas, las plantas ya estaban creciditas y presentaban un buen aspecto: el cultivo iba viento en popa. Sin embargo, un día, de forma totalmente inesperada, cuando estaba entrando en el local su compañero, entraron tras él varios agentes de la Policía Nacional gritando “Alto, Policía”, diciéndoles que se pusieran contra la pared con las manos en alto. Pasado el primer susto, el agente que parecía a cargo les dijo que iban a hacer un registro, a llevarse todas las plantas y a detenerlos por un delito contra la salud pública.
La Policía hizo fotografías de todo el local, arrancó de sus macetas un total de ciento cuarenta plantas, requisaron algunos documentos y arrasaron también con alguno de los aparatos de cultivo, los más vistosos. Los cuatro detenidos pasaron a disposición judicial al día siguiente y fueron puestos en libertad, pero investigados por un delito contra la salud pública y otro de asociación ilícita. Posteriormente, durante la instrucción del procedimiento, el juez imputó también al presidente de la junta directiva.
Los dos socios encargados del cultivo, Marcela y su compañero, declararon desde el inicio, bien asesorados por su abogada, que tenían el total convencimiento de que lo que hacían era perfectamente legal, y que, en definitiva, tan solo estaban cuidando unas plantas que pertenecían a la asociación, y que iban a ser consumidas únicamente por los miembros de la misma. Aseguraron que los miembros de la junta directiva les habían dicho que todo era legal, y que incluso habían firmado esa acta donde daban total transparencia al cultivo.
El presidente, por su parte, declaró lo mismo, y alegó que pese a los documentos intervenidos, socios activos no eran más de doscientos cincuenta, que era una asociación con circuito cerrado, sin promoción alguna del consumo. Sin embargo, el Ministerio Fiscal les acusó a los tres por un delito contra la salud pública, con una pena de dos años, y otro de asociación ilícita, pidiendo pena de dos años para el presidente y de un año para los socios encargados del cultivo.
En el juicio oral, Marcela y su compañero insistieron en que pensaban que todo era legal, que se lo habían asegurado tanto el presidente como el abogado de la asociación, y se desmarcaron de todo el proceso de creación de la asociación, asegurando que no habían participado en todo ello. La sentencia, como siempre, tardó mucho en llegar, pero al fin llegó, siendo muy buena noticia para los socios, que fueron absueltos por aplicación del error invencible de prohibición que habían alegado.
Sin embargo, para el presidente las noticias no eran tan buenas, ya que sí era condenado, por los dos delitos, a penas de siete meses de prisión y multa, aplicando la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada. La sentencia la recurrió al Tribunal Supremo, pero este rechazó el recurso, por entender que no le era aplicable el error de prohibición, ni siquiera vencible, y que la doctrina del consumo compartido no amparaba la actividad de cultivar y/o distribuir cannabis entre los miembros de una asociación, ni que tuviera ochocientos, cuatrocientos o doscientos socios. A Marcela le sigue gustando cultivar marihuana, pero ha decidido hacerlo en pequeño formato, al menos hasta que acabe la cruzada penal contra la marihuana.
