Estamos ante un abogado que empezó en este mundo de las drogas defendiendo Insite, la primera sala de consumo supervisado en Norteamérica. Entonces, en el 2007, todavía era estudiante de derecho en la Universidad de British Columbia, y quizás ni siquiera intuía la brillante trayectoria que tendría en los siguientes años. Afincado en Vancouver, Scott Bernstein (Chicago, 56 años) no ha parado en este tiempo de batallar en litigios que promueven los derechos humanos de las personas que consumen drogas, incluida la lucha por el acceso al tratamiento con heroína recetada. Su labor como abogado y hasta hace poco director de la Canadian Drug Policy Coalition ha servido para estructurar el movimiento de reforma global que demanda un cambio radical en las políticas de drogas. Actualmente es el director de la Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies Canada, y en esta entrevista nos ofrece una visión panorámica de la situación de su país, Canadá, uno de los más ricos y avanzados del mundo, cuya política de drogas también está a la vanguardia. Aunque queda mucho por hacer, como demuestran las más de veintitrés mil personas que han perdido la vida por sobredosis desde que se declaró la crisis de salud pública nacional en el 2016. Ante tal desastre, la sociedad civil está reaccionando con actos revolucionarios y sin precedentes, como el suministro seguro de sustancias en las calles o la demanda al gobierno por su responsabilidad en las muertes por sobredosis. De todo ello nos habla Scott Bernstein, defensor de la regulación legal de todas las drogas.

Cuéntanos sobre tus raíces.

Nací en Chicago y crecí en diferentes ciudades de Estados Unidos como Wisconsin y Seattle. Estudié Ciencias Ambientales en la Universidad de Wisconsin y cuando estaba estudiando cogestión comunitaria de áreas protegidas en Belice decidí que quería entender un poco mejor la ley. Así que en el 2006 vine a Canadá para ser abogado ambientalista.

No parece que tengan mucho en común las ciencias ambientales con la política de drogas, ¿no?

Entré en el campo del medioambiente porque vi muchos problemas de justicia social. Estuve trabajando con comunidades muy pobres en Belice que estaban tratando de salvaguardar sus recursos locales, administrarlos y tal vez ganar algo de dinero del turismo que les ayudara a subsistir. Pero la mala política del gobierno se interponía en el camino. Ahí vi los paralelismos con la política sobre drogas. Si te fijas sucede lo mismo: las personas que usan drogas tienen la experiencia, reclaman ciertas políticas y tienen voluntad, pero las políticas gubernamentales se interponen sin contar con ellas. Así que de inmediato comprendí la difícil situación en la que se encontraban las personas que usan drogas en Vancouver y en otros lugares de Canadá o de cualquier parte del mundo, e inmediatamente establecí la conexión en torno al aspecto de la justicia social.

¿Cómo fue tu primer contacto con el mundo de las políticas sobre drogas?

“Teníamos gente con mucha experiencia que cultivaba cannabis de alta calidad, pero no se estableció ningún mecanismo para atraer a estos cultivadores artesanales al nuevo mercado legal. La industria está dominada por grandes corporaciones y existe una producción de cannabis a gran escala, pero las personas que consumen cannabis de forma habitual siguen acudiendo al mercado ilegal”

Comencé en la Facultad de Derecho en Canadá y enseguida tuve la oportunidad de trabajar en un pequeño pero prestigioso bufete de abogados que representó a los demandantes en el caso Insite, la única sala de consumo supervisado autorizada en América del Norte. Llevaba cinco años en funcionamiento, pero el Gobierno federal cambió y quería cerrarla. Así que el caso Insite fue mi introducción a la política de drogas. De hecho, empecé con Insite como estudiante en la Facultad de Derecho y terminé trabajando en el mismo caso como abogado ya licenciado. Además, como estudiante, estuve presente como consejero en la Corte Suprema de Canadá, que, sin duda, también supuso una experiencia nutritiva de introducción a la reducción de daños y la política de drogas. A partir de entonces, dejé de lado la idea de ser un abogado ambientalista y decidí que me quería dedicar a esto. Cuando me licencié, monté un bufet y trabajé por mi cuenta durante un tiempo hasta que conseguí un contrato con una organización sin fines de lucro local llamada Pivot Legal Society. La misión de Pivot era entablar un litigio estratégico en nombre de las comunidades marginadas en las áreas de trabajo sexual y responsabilidad policial, vivienda y desamparo. En el pasado también habían trabajado en políticas de drogas, pero no en los últimos años. Así que les propuse reavivar esa área de trabajo y empecé a trabajar como abogado de políticas sobre drogas.

Siendo tu primer caso, ¿cómo valoras la experiencia de Insite?

Fue un caso en el que se invirtió mucho esfuerzo, dinero y tiempo. Estuvimos cinco años en los tribunales. Ganamos el caso porque Insite pudo permanecer abierto. Pero la reacción del gobierno fue crear nuevas regulaciones –una lista de veintiséis requisitos–, que sencillamente imposibilitaban la apertura de nuevas salas de consumo. Así que fue una victoria agridulce. Ganamos una batalla, pero la guerra continuaba. Afortunadamente, el gobierno cambió y esas leyes desaparecieron.

¿Qué destacarías de tu experiencia con Pivot?

Estuve trabajando en dos casos muy interesantes. En uno desafiamos a un municipio lejos de Vancouver a tener una perspectiva política diferente. El municipio contaba con leyes antirreducción de daños en la ciudad que impedían que se pusieran en práctica programas de intercambio de jeringas a pesar de que tenían tasas muy altas de infección por VIH y hepatitis C. El otro caso notable fue el inicio de un litigio sobre el acceso a la heroína recetada en Canadá. En el 2011 se puso en marcha el estudio SALOME para evaluar la eficacia de los medicamentos opioides a largo plazo con el objetivo de comparar la diacetilmorfina (heroína) y la hidromorfona (HDM), un analgésico legal y autorizado. Al finalizar el estudio, varios participantes querían continuar su tratamiento y sus médicos estaban de acuerdo, pero el Gobierno federal cambió las leyes para evitar la aprobación de la prescripción de heroína bajo el Programa de Acceso Especial de Canadá. Así que el estudio llegó a su fin y no tenían ningún plan B para mantener el tratamiento a las personas participantes, enviándoles de vuelta a la calle, a la metadona y a otras cosas que no les habían funcionado. Iniciamos una acción legal contra el gobierno para desafiar las regulaciones federales que impiden que los médicos prescriban terapia asistida con heroína a sus pacientes. Un litigio que finalmente ganamos. Con el paso del tiempo quise saber más acerca de política internacional y del impacto de la política sobre drogas en el mundo, pero era un tema fuera del alcance de Pivot. Entonces surgió la oportunidad de trabajar en el Programa Global de Políticas de Drogas de la Open Society Foundation.

La regulación canadiense del cannabis

“Se propone un modelo de clubs compasivos dirigidos y autogestionados por la propia comunidad, donde las personas usuarias adquirirían las drogas, las analizarían y las distribuirían entre sus miembros. Aunque, de nuevo, el problema es quién suministra las sustancias”

Canadá reguló el uso recreativo en octubre del 2018, convirtiéndose en el segundo país que lo hacía tras Uruguay. Partiendo de la base de que Canadá es un país progresista en materia de políticas de drogas, ¿cómo lo lograsteis?

Ha sido un largo camino en torno al consumo de cannabis en general, que se inició con mucha acción legal en el acceso médico y que llegó hasta el punto de reconocer que Canadá cuenta con una de las tasas más altas de consumo de cannabis en el mundo, especialmente entre el sector más joven, y que somos además un país productor de cannabis, cannabis de alta calidad, incluso antes de la regulación. La batalla legal por el acceso médico pasó por muchos desafíos judiciales, como el cultivo doméstico o el tema de compartir con otras personas. Este tipo de desafíos prepararon el escenario de cómo podría ser la regulación legal del cannabis.

No estoy del todo de acuerdo con la afirmación de que Canadá es un país progresista en materia de política de drogas. Lo que ocurrió fue que tuvieron en cuenta las encuestas, que decían que casi la mitad de los canadienses consumen cannabis y que la mayoría de la población no compartía que el consumo estuviera criminalizado. Así que evaluaron los costes electorales de continuar con la política de criminalización y vieron que no les salía a cuenta. Por otro lado, recibieron presión de actores corporativos muy interesados en crear un mercado. En última instancia, prometieron la regulación del cannabis como una plataforma electoral. Crearon un grupo de trabajo que escuchó muchas buenas ideas y propuestas, pero luego no las tuvieron en cuenta y crearon la industria que tenemos hoy.

¿Cómo se resolvió la tensión con los tratados internacionales?

Canadá simplemente acordó estar en una especie de incumplimiento de los tratados de drogas por motivos de sus propios problemas de salud pública y de política nacional. En todo momento informó del proceso a nivel internacional y también ha sido muy transparente con otros gobiernos sobre cómo lo está haciendo. En general, Canadá es un país que sigue las reglas y está interesado en cumplir con los tratados. Pero, en este caso, se espera que la presión surja efecto en algún momento y tal vez haya algún cambio en los tratados que les permita hacerlo sin transgredirlos. Y a pesar de que Canadá ha recibido algún golpe a nivel internacional por este incumplimiento, no ha causado muchos problemas, que yo sepa.

¿Cuáles son los principales logros?, ¿se están obteniendo los resultados previstos?

Hay muchas cosas que criticar. Por ejemplo, faltó la eliminación automática de antecedentes penales. Fue una de las buenas propuestas que se escucharon, pero que no tuvieron en cuenta en la propuesta original, y ahora están tratando de remediarlo a través de algunas medidas. Otra de las críticas viene del problema del acceso, el precio y la calidad del cannabis que se produce. Cometieron un error porque teníamos gente con mucha experiencia y que cultivaba cannabis de alta calidad, pero no se estableció ningún mecanismo para atraer a estos cultivadores artesanales al nuevo mercado legal. Y, de nuevo, están tratando de remediar el error abriendo más espacios para su inclusión en el mercado. En cualquier caso, el daño ya está hecho. La industria está dominada por grandes corporaciones y existe una producción de cannabis a gran escala, pero las personas que consumen cannabis de forma habitual siguen acudiendo al mercado ilegal. El objetivo debería haber sido cómo incorporamos a la legalidad este mercado ilegal, siempre y cuando no esté involucrado en una actividad criminal violenta o en redes de crimen organizado. En estos momentos hay cultivadores que han obtenido licencias y están creciendo legalmente pero también ilegalmente, porque parte de lo que cultivan sale por la puerta trasera a un precio más bajo.

¿Se podría decir entonces que la regulación en Canadá no está logrando el objetivo de redirigir las ganancias del mercado ilegal al regulado?

La gran mayoría de las personas que cultivan cannabis no son delincuentes organizados, no pertenecen a los Ángeles del Infierno o a pandillas. A menudo se trata de operaciones pequeñas para ganar algo de dinero, personas que podrían haber sido incorporadas a la economía de una manera que se les permitiera una mayor integración y se les ofreciera incentivos para participar en el nuevo mercado. Uno de los problemas ahora es que estamos atascados en un nivel en el que todavía hay un mercado ilegal próspero, muy paralelo al mercado regulado. Y probablemente sucederá por un tiempo. Era poco realista suponer que acabaríamos con todo el mercado ilegal, pero se podría haber hecho mucho más para acercarnos al objetivo. En cualquier caso, Canadá ha sido el segundo país del mundo después de Uruguay en regular el cannabis, y no está precisamente en el carácter del país el adoptar una gran postura internacional como esta. Así que felicito a Canadá por su política audaz. Además, no estamos viendo nada de aquello que la gente temía como el aumento del consumo por parte de los jóvenes o de personas que conducen bajo los efectos del cannabis. Así que, a grandes rasgos, se ha implementado sin que se produzcan cambios o problemas sociales importantes.

Has mencionado el tema de los antecedentes penales. Hasta la regulación en el 2018, ¿el consumo se consideraba un delito?

El cannabis era una sustancia fiscalizada y su posesión o tráfico se consideraba delito. Aunque por posesión no necesariamente ibas a la cárcel, sí te podían arrestar y quedaban antecedentes penales. La cuestión es que la mayoría de la sociedad canadiense no te veía como a un criminal por hacer algo que estaba haciendo la mitad de la población, pero los antecedentes penales traen consigo muchos otros problemas, como la dificultad de conseguir ciertos trabajos. O, por ejemplo, hay muchas personas de Canadá que viven cerca de la frontera con Estados Unidos y es muy común que viajen allá; sin embargo, si tienen antecedentes por un delito relacionado con drogas, no pueden hacerlo. No solo pasa en caso de tener antecedentes, si reconoces que consumes drogas en la frontera, te harán dar la vuelta y tomarán nota de ello en tu expediente para el futuro.

En base a los aciertos y los errores de vuestra experiencia, ¿qué recomendarías a España u otros países a la hora de regular el cannabis?

Creo que cualquier sustancia que estemos regulando, ya sea cannabis, heroína o cocaína, debe hacerse desde una perspectiva de justicia social y no solo por interés corporativo. Deben tenerse en cuenta aspectos sociales como la afectación de las personas que consumen drogas, cómo apoya la economía la reparación de las comunidades dañadas o cuáles son los impactos ambientales de nuestras decisiones. Respecto a esto último, en Canadá antes solías comprar cannabis en pequeñas bolsas zip, pero ahora viene en un recipiente de plástico envuelto en una caja y dentro de un paquete. Incluso si compras tan solo un gramo o un porro hecho, viene precintado en un paquete de plástico con el sello de impuestos. Hay mucho residuo e impacto ambiental. Algunas empresas lo están considerando, pero existe mayor preocupación por cumplir con las restricciones que impone la ley, como el empaquetado de seguridad “a prueba de niños”. Hay otros temas sociales, como estándares laborales justos y la representación de minorías en el mercado. Así que la recomendación básica a aquellos países que se planteen la regulación es que tengan una mirada holística y den más peso a estas cuestiones sociales para crear un sistema equitativo limitando el peso de las corporaciones.

Clubs compasivos de cocaína, heroína y metanfetamina

“Hay mucha evidencia de que el suministro de drogas es tóxico y está matando a miles de personas, y de que la ilegalidad y la criminalidad nos ponen en riesgo”

Desde que Canadá declaró una crisis nacional de salud pública en el 2016, más de veintitrés mil personas han perdido la vida. Según tengo entendido, el gobierno ha puesto en marcha una estrategia de suministro seguro.

El suministro seguro ya se estaba implementando en proyectos piloto y bajo un modelo médico muy restrictivo desde antes del COVID. Durante la pandemia intentaron ampliar el alcance, pero siempre se hizo a través de un modelo médico. Para implementarlo, es necesario que el Gobierno federal dé permiso a las provincias para que los médicos puedan recetar fármacos sustitutivos como la hidromorfona para opioides y metilfenidato en el caso de estimulantes. El principal problema es que hay pocos médicos dispuestos a hacerlo y las universidades que supervisan a las facultades y colegios profesionales no los presionan. Así que es un modelo que existe, pero a muy pequeña escala.

Quizá por ello las asociaciones de personas usuarias como Drug User Liberation Front (DULF) y Vancouver Area Network of Drug Users (VANDU) están liderando acciones de protesta suministrando de forma gratuita en las calles muestras analizadas de heroína, cocaína y metanfetamina.

Son acciones impulsadas por las propias personas usuarias de drogas porque tenemos un mercado contaminado con fentanilo que está matando a miles de ellas, así que alzan su voz para decir que han adquirido y testado heroína para distribuirla entre quienes consumen y evitar que mueran. Una de las acciones incluso se llevó a cabo delante del Departamento de Policía de Vancouver y no hubo ningún tipo de represión ni detenciones. Son acciones de protesta y de desobediencia civil, aunque ahora están tratando de obtener un permiso legal para hacerlo.

¿Hablas de los clubs compasivos de heroína?

No. El modelo de club compasivo de heroína es una idea que presentó el Centro sobre el Uso de Sustancias de la Columbia Británica. Fue una buena propuesta basada en un modelo de cooperativa, pero nunca recibió permisos ni tampoco trataron de recibir fondos federales para llevar a cabo una prueba piloto. Y como siempre, la cuestión clave era de dónde procedía la heroína. Actualmente, la heroína para los programas de prescripción médica está altamente controlada y proviene de Europa. No disponemos de producción nacional, aunque ya hay propuestas para hacerlo. Pero, a día de hoy, es una propuesta que no cuenta con las suficientes garantías para que se sientan cómodos y seguros de que funcione.

Entonces, ¿se plantea algo así más similar a los clubs sociales de cannabis de España, pero de cocaína, heroína y metanfetamina?

Sí, se propone un modelo de clubs compasivos dirigidos y autogestionados por la propia comunidad, donde las personas usuarias adquirirían las drogas, las analizarían y las distribuirían entre sus miembros. Aunque, de nuevo, el problema es quién suministra las sustancias. En estos momentos hay estrategias que podrían considerarse precedentes de esta propuesta. Por ejemplo, lo que se conoce como “el modelo de navegador de sustancias”, en el que una persona de confianza compra a una fuente de confianza y distribuye a su red. Es un modelo que está operando, pero no es legal.

El zombi de la prohibición al Tribunal Supremo

“La prohibición es una política fallida que acabará por desaparecer. Es como el zombi que siempre regresa. Le cortas un brazo, ahora una pierna, otro brazo y sigue ahí. Pero en algún momento morirá y lo celebraremos”

La situación es tan crítica que incluso habéis ido más allá del suministro seguro. En septiembre, la Asociación Canadiense de Personas que Consumen Drogas (CAPUD) presentó una demanda en la Corte Suprema contra el fiscal general argumentando que la prohibición de las drogas es inconstitucional y, además, responsabiliza al gobierno de las muertes. ¡Impresionante! Es algo que nadie ha denunciado oficialmente antes. ¿Cuáles son las expectativas de esta acción?

¡Es muy emocionante! Hemos estado planteando una demanda constitucional como esta durante años, pero era muy difícil porque para seguir un caso legal de este calibre se requiere que las personas que demandan se involucren durante años. Y encontrar las personas adecuadas que alcen la voz y lideren la demanda era todo un desafío. Estoy muy feliz de que se haya logrado. Si este caso hubiera llegado a los tribunales hace cinco o diez años, la expectativa sería nula y probablemente se hubiera cerrado de inmediato. Ahora no. Hay mucha evidencia de que el suministro de drogas es tóxico y está matando a miles de personas, y de que la ilegalidad y la criminalidad nos ponen en riesgo. Pero también es evidente que las acciones del gobierno realmente no están haciendo lo que se supone que deben hacer. En cualquier caso, a menudo no se trata de ganar el desafío legal, sino de cambiar la percepción pública. Si se articula como un caso de derechos humanos y constitucional, la sociedad entenderá que esto va más allá de personas que quieren consumir drogas. Debemos lograr que entiendan por qué es importante salvar estas vidas. Este tipo de casos suelen ser mediáticos y generan debate público, que es más importante que ganar o perder el caso.

Del 2014 al 2017 estuviste en el Programa Global de Políticas de Drogas de la Open Society Foundation, donde tu misión principal fue crear una red internacional para abordar la reforma durante la UNGASS. ¿Cómo valoras esa experiencia y qué queda de esa red?

Es una de las experiencias más interesantes y motivadoras de mi vida. A nivel personal, fue maravilloso porque amplió mi horizonte y me permitió conocer a personas involucradas en políticas de drogas de todo el mundo. Cuando empecé, no había mucha coordinación entre organizaciones. Existían algunos referentes, como IDPC, Transform y TNI, pero creo que desde entonces existe un mayor marco de colaboración y cooperación entre organizaciones. Además, logramos que en UNGASS se prestara mayor atención a los problemas del sur global en temas como el desarrollo o el impacto en el medioambiente. Es cierto que pusimos mucho esfuerzo y energía para lograr cambios que no se dieron en UNGASS. Queremos que los cambios ocurran de inmediato, pero venimos de una larga historia. De alguna manera teníamos la esperanza de que UNGASS fuera el final de la prohibición o el comienzo de algo. Pero la realidad es que los estados miembros se ven muy limitados en lo que pueden hacer en su propio entorno. Apoyan el cambio cuando hablas en los pasillos, pero no están dispuestos a pelear en la mesa de negociaciones. Ocurre incluso con cosas más simples como introducir la expresión reducción de daños en los textos. Al final, vimos que las fuerzas de la prohibición y la conformidad son poderosas. Lamentablemente, mucha más gente será criminalizada, morirá de sobredosis o por no tener acceso a los medicamentos que necesita hasta que se solucione. En última instancia, la prohibición es una política fallida que acabará por desaparecer. Es como el zombi que siempre regresa. Le cortas un brazo, ahora una pierna, otro brazo y sigue ahí. Pero en algún momento morirá y lo celebraremos.

Durante esa etapa también estuviste involucrado en el movimiento de políticas de drogas en África. ¿Qué puedes decirnos sobre la situación allí?

África no es para nada un continente homogéneo. Hay diferentes perspectivas, diferentes políticas y diferentes puntos de vista sobre el progreso. Hay un movimiento de reforma de las políticas sobre drogas incipiente. No hay ONG muy potentes ni demasiado apoyo del gobierno en este ámbito, pero están creciendo y tratando de hacer cosas a nivel regional. A nivel más global, destaca la Comisión de Drogas de África Occidental, que fue dirigida por Kofi Annan, porque supuso una intervención de alto nivel por parte de grandes figuras públicas. Gozaba de un gran prestigio y elaboró muchos informes de interés abordando temas como la cadena de distribución y el tránsito de drogas en África. Quizá es uno de los puntos que comparte con Europa, ser zona de consumo y de tránsito. Canadá no es un país de tránsito para nada: producimos algo de metanfetamina y ahora producimos cannabis, pero no somos un país de tránsito; la heroína y la mayor parte del fentanilo que llegan se quedan aquí. África tiene sus propios problemas particulares y en algunos países están tratando de poner en marcha programas de reducción de daños que deberían ser apoyados, pero nadie está pensando en la regulación legal.

Creo que Ghana es uno de los países que está pensando en regular el cannabis. Y Marruecos está en ello.

¡Sería genial! Ghana es uno de los países más progresistas de África. Sería un gran paso, porque la mayoría de reformistas en África a lo sumo hablan de despenalizar el consumo. Todavía existe mucho estigma en torno al consumo de drogas, lo que es un gran obstáculo incluso para recibir tratamiento o poner en marcha dispositivos de reducción de daños, por lo que hablar de regulación es sorprendente.

Por el acceso equitativo a los psicodélicos

“Veremos el acceso legal a los psicodélicos, al menos de MDMA y psilocibina, para su uso terapéutico en los próximos cinco años”

En el 2017 empezaste una nueva etapa en la Coalición Canadiense de Políticas de Drogas (Canadian Drug Policy Coalition, CDPC). ¿Cuál fue tu misión allí?

Allí fui responsable de liderar el trabajo de la organización sobre regulación legal y despenalización. Entre otras cosas, desarrollé herramientas innovadoras para involucrar al público sobre la regulación legal y formé una coalición nacional en torno a la despenalización de todas las drogas en Canadá.

Y llegamos al 2021, cuando cierras tu etapa en la CDPC e inicias un nuevo ciclo. Desde septiembre eres el director de MAPS Canada. ¿Cuál es la situación actual de los psicodélicos?

Los psicodélicos se están expandiendo rápidamente y cambiando el escenario en Canadá. Participamos en los ensayos de fase tres apoyados por MAPS de MDMA para el trastorno por estrés postraumático (TEPT). La llegada del COVID retrasó los ensayos clínicos, pero esperamos contar con la aprobación de la Food and Drug Administration (FDA) en el 2023. Ahora se están llevando a cabo estudios de investigación sobre la psilocibina y se han propuesto estudios con LSD para el tratamiento de diferentes afecciones, como trastornos de la alimentación y de colectivos específicos como los veteranos de guerra. Es un mercado en rápido crecimiento y existe mucho interés por parte de los actores corporativos. De nuevo, mi advertencia es que necesitamos pensar en cómo se implementará. No queremos que los actores corporativos dominen el campo, tenemos que asegurar un acceso equitativo, que las personas que los necesitan accedan a los psicodélicos. Desde MAPS también apoyamos el acceso a psicodélicos para uso no médico, así que nos gustaría que la regulación lo incluyera. Estamos en un momento muy dinámico y emocionante en torno a los psicodélicos. Pero también se percibe como una fiebre del oro donde todo el mundo corre para abrir su empresa de psicodélicos y patentar alguna molécula adyacente a la psilocibina.

Recomiéndanos un libro.

The Immortality Key: The Secret History of the Religion with No Name (‘La clave de la inmortalidad: la historia secreta de la religión sin nombre’), de Brian C. Muraresku, publicado en el 2020.

¿Cómo se presenta el futuro?

 Acabo de asumir el cargo de director ejecutivo de MAPS Canada, cargo del que estoy muy orgulloso, feliz y emocionado. Nuestra organización ahora está atravesando un proceso de renacimiento y transformación para descubrir cómo podemos apoyar mejor la investigación y la reforma de las políticas de psicodélicos en Canadá. Estamos buscando formas innovadoras de crear asociaciones colaborativas con otras organizaciones, formas de estimular la investigación multidisciplinar desde una perspectiva holística más allá de los ensayos clínicos. Creo que veremos el acceso legal a los psicodélicos, al menos de MDMA y psilocibina, para su uso terapéutico en los próximos cinco años. Por otro lado, aunque no parece que haya voluntad por parte del gobierno, seguiremos trabajando por la despenalización de todas las drogas en Canadá. Quizá ocurra en los próximos diez años. Esperamos liderar un cambio global hacia una reforma progresiva de las políticas sobre drogas.

Entonces, ¿seguirás presente en el escenario de política internacional sobre drogas?

Parece que es mi destino. Es un tema que me apasiona y MAPS también tiene su papel en la política internacional. Además de MAPS en Estados Unidos, ahora tenemos MAPS en Canadá, Alemania e Israel y, sin duda, está liderando el movimiento psicodélico a nivel mundial.

Síguelo en: @scott_bern