Promesas, encuestas, cuentas, estrategias, alianzas, sorpresas… La carrera presidencial se acelera en la democracia más duradera de Latinoamérica y muchos votantes dudan aún a quién elegir. En Cáñamo, a un mes de las elecciones nos preguntamos acerca de las políticas de drogas de los candidatos, ¿será el próximo presidente de Colombia el encargado de poner fin a la irracional guerra contra las drogas? ¿Conseguiremos dejar atrás la prohibición, el estigma y la represión y alumbrar unas políticas de drogas basadas en el respeto a los derechos humanos, la prevención de riesgos, la información veraz, la libertad personal y la justicia social?

Preguntamos a Julián Andrés Quintero, Isabel Pereira, Pedro Arenas y Riccardo Vitale, expertos en políticas de drogas, acerca de qué harían si ellos fueran presidentes.

Julián Andrés Quintero, Director Ejecutivo de Acción Técnica Social (ATS)

¿Cuál sería tu política de drogas si fueras presidente de Colombia?

Sería una política de regulación de los mercados de sustancias declaradas ilícitas tanto para producción y consumo externo como para exportación. Esta política se basaría en regulación estricta por parte del Estado y topes de participación de la industria de capital extranjero con prioridad para la industria nacional. Regulación de todas las cadenas de siembra, producción, distribución, consumo y prevención que actualmente existen. Sería una política basada en un mercado justo y sostenible, con atención a la salud pública, los derechos humanos, la amplitud de las políticas públicas, la prevención, la reducción de riesgo y el tratamiento. Promovería la creación de una marca Colombia para la heroína, la cocaína y la marihuana que se exporte de manera regulada. 

¿Qué medidas de urgencia implementarías en tu primer mandato y cuál sería tu objetivo a largo plazo para Colombia en lo que a drogas se refiere?

· Convocaría por decreto una gran mesa de discusión para el cambio de las políticas de drogas de un enfoque prohibicionista y penalizador, a un enfoque de regulación de mercados, investigación y salud pública, fijando como meta el año 2034. 
· Pediría disculpas a la fuerza pública, la justicia, psicólogos, psiquiatras, médicos y a quienes fueron engañados durante décadas con el supuesto de que las drogas podían ser prohibidas, penalizadas y eliminadas. 

“Crearía una marca Colombia para la heroína, la cocaína y la marihuana que se exporte de manera regulada”

· Orientaría el 30% del presupuesto que se destina para el tema de drogas a temas de prevención, investigación, salud pública, reducción de riesgo y daño (hoy es solo el 5%). 
· Iniciaría diálogos bilaterales con países interesados en comprar cocaína en un mercado regulado que vincule a campesinos en el proceso de cultivo y producción primaria. 
· Entregaría normas al Congreso para indultar personas víctimas de la guerra contra las drogas que estén en las cárceles solo por delitos de drogas, como “mulas”, pequeños cultivadores, pequeños distribuidores, etc.
· Exigiría la catedra de educación en temas de drogas en los colegios y las universidades, programas de reducción de riesgos y daños para todos los espectáculos públicos con presencia de drogas.  

¿Qué le aconsejas hacer en materia de drogas al presidente que resulte electo el próximo 17 de junio?

Continuar con la transición de un modelo de “guerra contra las drogas” a un modelo de mercados regulados de sustancias declaradas ilícitas. Convocar a un gran diálogo nacional para regular el mercado de la cocaína para exportación a los países consumidores. Entrar en diálogos bilaterales con países amigos interesados en comprar cocaína para sus consumidores, aumentando los impuestos, incorporando a los cultivadores, eliminando los intermediarios, cobrando altos impuestos. 

Los muertos en Colombia continúan por la guerra por el control del narcotráfico y no hay medidas coercitivas que hayan logrado detenerlo, los narcos siempre van un paso adelante en tecnología, corrupción, innovación, mercados, lavado, etc. El único modelo que esta dando resultado en el mundo es la regulación de los mercados y Colombia debe avanzar por ese camino.   

Isabel Pereira, Coordinadora Política de drogas del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) 

¿Cuál sería tu política de drogas si fueras presidente de Colombia?

Si fuera presidente de Colombia, haría reformas que, aunque no son el fin de la prohibición deseado, son las reformas viables bajo el panorama político actual. En primer lugar, haría una reforma legislativa prioritaria, y en segundo lugar haría una reorientación del gasto público. 

De entrada, modificaría el Código Penal y los delitos de drogas, como están tipificados ahora, para efectivamente descriminalizar el consumo. En este momento en Colombia, si bien la dosis mínima está avalada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, todas las actividades necesarias para el consumo –portar, llevar consigo, etc.– están tipificadas como delito. Eliminaría estos tipos penales, para que la descriminalización del consumo fuera efectiva. También modificaría el código penal para que los delitos de tráfico sean juzgados con condiciones atenuantes o mitigantes –personas que cometieron el delito por vulnerabilidad socioeconómica o por amenazas y presiones de la delincuencia organizada–, y así mismo para permitir que las sanciones a estos delitos puedan ser sujeto de alternativas a la prisión, a fin de que la privación de la libertad sea solo el último recurso y usado en casos de delitos violentos y de crimen organizado.

“Hay que tomar como fin último el bienestar ciudadano, no el castigo”

En segundo lugar, reorientaría gran parte del presupuesto destinado a gasto militar, tanto de recursos nacionales como de cooperación internacional, hacia el gasto en desarrollo social en los municipios priorizados por el Acuerdo de Paz como zonas donde es necesaria una intervención integral del Estado. Este gasto debe estar orientado a cerrar la brecha que hay entre las zonas rurales y urbanas, superar los índices de pobreza extrema, titular los predios rurales, mejorar la conectividad entre municipios, las cadenas de comercialización de los productos rurales, los bienes públicos esenciales como agua, acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y carreteras. Estas inversiones en las zonas priorizadas actuarán como factores que promueven un desarrollo rural y tengan un efecto directo en la paulatina reducción de cultivos de uso ilícito.

¿Qué medidas de urgencia implementarías en tu primer mandato y cuál sería tu objetivo a largo plazo para Colombia en lo que a drogas se refiere?

La medida de urgencia sería la reforma al Código Penal y la expedición de un nuevo Código de Estupefacientes, ajustado a la realidad actual, como ya he mencionado. Esta reforma daría la oportunidad de darle una dirección clara a la política y criterios de articulación institucional. La segunda medida de urgencia sería la asignación de recursos suficientes a las estrategias de desarrollo rural enmarcadas en procesos de sustitución voluntaria y concertada.

El objetivo a largo plazo será reiterar en la esfera nacional e internacional el debate sobre el fracaso de la prohibición, documentando de manera sostenida los perversos efectos colaterales que ello tiene en seguridad, derechos humanos, avance de la ciencia, justicia social, y salud pública.

¿Qué le aconsejas hacer en materia de drogas al presidente que resulte electo el próximo 17 de junio?

Le aconsejo al presidente electo leer detenidamente el documento de resultados de la UNGASS 2016, y la agenda de desarrollo 2030 pensando en las personas que viven en los territorios alejados. Al leer estas dos apuestas políticas, se puede ver las posibilidades que hay bajo la enorme restricción actual de los tratados. Las posibilidades son: cambiar la manera de medir el éxito, concentrar los recursos disponibles en el desarrollo rural y la salud, alejarse de la cárcel como única respuesta, respeto a la autonomía personal e individual, respeto a los derechos de los pueblos indígenas para el uso de las plantas sagradas, y en general, tomar como fin último el bienestar ciudadano, y no el castigo.

Pedro Arenas, Observatorio de cultivos y cultivadores declarados ilícitos y miembro del Civil Society Task Force ante la Comisión de drogas narcóticas de la ONU en Viena 

¿Cuál sería tu política de drogas si fueras presidente de Colombia?

Los países productores de insumos químicos y drogas de diseño tienen una responsabilidad que les obliga a debatir con Colombia y los demás países productores de drogas de origen natural salidas comunes que incluyan la reducción de riesgos y daños. Así mismo, los países de consumo y aquellos en los que se lavan dineros provenientes del narcotráfico. Por ello, conferencias internacionales más allá de asuntos propios de seguridad estarán a la orden del día para lograr acuerdos bilaterales, regionales u multilaterales desde escenarios como la OEA o las NNUU.

“Hay que facilitar el acceso integral al desarrollo para las comunidades por encima de la erradicación forzada”

Internamente, las posturas expuestas en espacios internacionales tendrán que aplicarse progresivamente, desde una perspectiva de derechos humanos, salud publica y acceso al desarrollo. La política de salud pública de prevención, educación y trabajo social se privilegiarán. La de acceso al desarrollo deberá incluir componentes de protección de la agricultura interna en favor de la pequeña producción nacional. Los campesinos, indígenas y afrodescendientes no serán objeto de penalización en razón de su producción y el estado (en todos sus niveles) asumirá la atención integral de los territorios con presencia de cultivos de uso ilícito.

¿Qué medidas de urgencia implementarías en tu primer mandato y cuál sería tu objetivo a largo plazo para Colombia en lo que a drogas se refiere?

De inmediato el Gobierno se aplicaría en la adecuada implementación del acuerdo de paz con una amplia interpretación del mismo desde el enfoque de desarrollo, inclusión social y derechos humanos. Más allá del acuerdo de paz, la política de drogas se basaría en investigación e innovación en lo urbano y rural, destacando el liderazgo del Consejo de Estupefacientes con la participación de la academia, ONG y entidades territoriales y considerando lecciones aprendidas de experiencias internas o de otras partes del mundo. A largo plazo, la política se dirigiría hacia la regulación del mercado de drogas teniendo en cuenta las evidencias de naciones como Portugal o la República Checa. Se avanzaría en los usos médicos, industriales y agronómicos de una parte de los cultivos actuales.

¿Qué le aconsejas hacer en materia de drogas al presidente que resulte electo el próximo 17 de junio?

El próximo presidente deberá considerar que el acuerdo de paz debe implementarse. Hay que hacer ajustes al programa de sustitución de cultivos y realizar acciones en el marco de la reforma rural integral. Las Gobernaciones y Alcaldías deben involucrarse mas en estas tareas. No debe volverse atrás en temas como las aspersiones aéreas y debe privilegiarse la acción articulada que facilite el acceso integral al desarrollo para las comunidades por encima de la erradicación forzada. Para tener mejores resultados la sustitución voluntaria debe ser progresiva o por etapas con obligaciones para el estado mas allá de subsidios de corto plazo y de carácter ambiental para las comunidades.
 

Riccardo Vitale PhD, antropólogo e investigador para organizaciones internacionales de desarrollo, derechos humanos y ayuda humanitaria  

¿Cuál sería tu política de drogas si fueras presidente de Colombia?

No replicaría medidas de guerra a las drogas como las de Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, que han dejado alrededor de 20.000 muertos en ejecuciones extrajudiciales en menos de dos años. Y no replicaría programas como el Plan Colombia, que beneficiaron abundantemente a los colosos bélicos y a la industria química estadunidense, comportando al mismo tiempo efectos devastadores hacía el medio ambiente y las sociedades campesinas de las regiones cocaleras. 

En relación al Plan Colombia quiero contar un breve episodio. En el 2011 realicé una investigación en Tumaco, Nariño y tuve la oportunidad de entrevistarme con miembros del gobierno, personal de las fuerzas publica, funcionarias de la cooperación internacional y exponentes de la sociedad civil. Recuerdo que en casi todas las entrevistas mis interlocutores explicaron que la crisis humanitaria de Tumaco –violencia, desplazamiento, corrupción, daños ambientales– tenía su origen en las operaciones del Plan Colombia en el vecino Departamento del Putumayo desde el año 2001. En efecto, el Plan Colombia desplazó la economía cocalera del Putumayo hacía el Departamento de Nariño, el cual sucesivamente también se convirtió en objetivo de fumigaciones y operaciones militares antinarcóticas y contrainsurgentes.

Estos son solo dos de muchos posibles ejemplos del fracaso global de políticas de drogas draconianas aplicadas contra consumidores, pequeños distribuidores y familias campesinas en las zonas de producción.  ¿Cuál sería entonces la vía a seguir? Hay que generar las condiciones y los incentivos para que las familias campesinas cocaleras tengan acceso a alternativas productivas viables y el país cese de ser uno de los mayores exportadores de clorhidrato de cocaína en el mundo. Esta es la estrategia contemplada en el cuarto punto de los acuerdos de paz de la Habana, donde se define el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Estamos hablando de sustitución y erradicación voluntaria, acompañada por desarrollo rural: realización de infraestructura para el agro y subsidios para la producción y la comercialización de productos campesinos. 

“Aconsejo al próximo presidente que viaje a la Amazonía para hacer unas tomas de yagé”

En relación al consumo de sustancia psicoactivas, quiero destacar la experiencia de Portugal, donde en el 2001 el gobierno promulgó la descriminalización del uso y de la posesión de todas las drogas ilícitas. Casi veinte años después los indicadores muestran: que no hubo aumentos drásticos del consumo; la disminución de uso problemático; la disminución de incidencia de VIH; y el aumento de personas que reciben tratamiento voluntario. Al mismo tiempo se registran menos muertes y hay menos gente en la cárcel que en los años de la prohibición. Legalización y reglamentación sería entonces mi propuesta, acompañadas de inversión en investigación, educación e infraestructuras enfocadas en salud mental, información, control de calidad y reducción del daño, con centros de acogidas, lugares para el consumo, programas de intercambios de jeringas, entre otros. 

¿Qué medidas de urgencia implementarías en tu primer mandato y cuál sería tu objetivo a largo plazo para Colombia en lo que a drogas se refiere?

El objetivo de largo plazo es devolverle la dignidad al campesino, al indígena y al colono, con políticas públicas que favorezcan el desarrollo cultural y productivo del agro colombiano, alejándolo de los círculos de la economía ilícita. 

Este objetivo general conlleva la implementación de medidas urgentes. Cese inmediato de todos los operativos de erradicación forzada y la creación de un programa de protección eficiente para lideres y lideresas rurales pertenecientes a organizaciones como la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM). Desde la firma de los acuerdos de paz casi doscientos líderes campesinos e indígenas han sido asesinados. Entre ellos, treintaiún líderes de sustitución de cultivos han caído victimas de grupos armados al servicio del narcotráfico. Es realmente incongruente hablar de cambios estructurales, paz y reconciliación, mientras se deja la población rural a la merced de sicarios y ejércitos ilegales que siguen actuando en total impunidad y a veces con el respaldo de las fuerzas publicas. El narcotráfico y las mafias no se combaten en las comunidades campesinas, ni afuera de las discotecas juveniles, sino siguiendo las huellas financieras de los megacapitales que estos generan. 

¿Qué le aconsejas hacer en materia de drogas al presidente que resulte electo el próximo 17 de junio?
 
Que viaje a la Amazonía para hacer unas tomas de yagé para que los taitas puedan curar y fortalecer su pensamiento y prepararlo a servir a la colectividad, respectando la biodiversidad y la diversidad cultural, las mas preciosas riquezas que Colombia posee.