Con afán justiciero y libertario, lleva años moviéndose por los juzgados, casi siempre en defensa de aquellos que sufren los rigores de la prohibición de las drogas. Cualquier ingreso en prisión de una persona acusada de tráfico lo vive como un fracaso personal, y cuenta con misterio que una vez se fio de la palabra de un magistrado que ahora está en política y casi le cuesta la vida. Entre medias, todavía saca tiempo para luchar contra la mutilación genital femenina en África o para colaborar con el líder indígena Siã Huni Kuin en la defensa de los derechos de su tribu, la tribu de los Huni Kuin, en Brasil, que está siendo masacrada por las multinacionales que explotan la Amazonia. 
Como abogado especializado en cannabis, su inquietud le ha hecho participar en distintas acciones por la regulación, desde la experiencia frustrada de Rasquera hasta la reciente petición de considerar el cannabis bien esencial durante el estado de alarma. Eso sin contar la implicación que supone que el bufete que dirige haya gestionado la creación de más de doscientas cincuenta asociaciones de consumidores de cannabis. De todo ello habla Martí a cara descubierta y sin rehuir ni una sola de las preguntas que le hacemos. 

Tu bufete se llama DMT, ¿algo que ver con el enteógeno? 
Sí, claro, la DMT es una molécula maravillosa que la naturaleza nos ha regalado y que sirve para curar las principales enfermedades de la humanidad, como el egoísmo, la hipocresía o el miedo. Me pareció una medicina tan poderosa y tan recomendable que decidí poner ese nombre al despacho. Recomiendo a todo el mundo que la pruebe para entender de lo que estamos hablando. Eso sí, que lo haga con alguna persona que conozca bien la tradición ancestral indígena del uso de esta planta, no de cualquier irresponsable que ha ido quince días a la Amazonia y ya se cree estar preparado para ofrecer esta medicina sagrada. 

¿Qué te hizo convertirte en abogado especializado en cuestiones cannábicas? Creo que eso no se estudia en la Facultad de Derecho, ¿no?
A mí me gusta decir que me dedico a defender las libertades individuales, y la prohibición del consumo y comercio de determinadas sustancias es un atentado tremendo a la libertad de millones de personas. Me siento muy orgulloso de luchar contra esa prohibición. También como consumidor, me hice abogado en defensa propia; creo además que para hacer las cosas bien uno tiene que conocer lo que defiende. 

En las series sobre abogados siempre hay un momento en que el protagonista suelta un discurso sobre el derecho como arma contra la injusticia, ¿cuál es tu concepto de justicia? 
Las leyes no deben estar al servicio de los poderes económicos ni del control social. Los jueces deben conocer cuál es la realidad social sobre la que tienen que decidir y no pueden tener vinculaciones con los partidos políticos. Los máximos órganos de la justicia deben ser elegidos por la ciudadanía de forma directa y no por el Parlamento o los jueces, de este modo el pueblo sería el garante de su independencia. Pero no es así. La Fiscalía debe ser, por ejemplo, un ente independiente y no depender del gobierno de turno. La justicia debe inspirarse en el respeto de los derechos fundamentales tanto individuales como civiles. La justicia debe velar por la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas. Desgraciadamente, en España el sistema judicial dista mucho de cumplir con estos parámetros. 

¿Cuál debe ser la motivación principal de un abogado? 
Defender los intereses de sus clientes con conocimiento, dedicación, ética y transparencia, y debe estar dispuesto a arriesgar incluso su libertad, cuando defender los intereses de su cliente implica denunciar las irregularidades que a menudo cometen los poderes públicos. Por desgracia, muchos abogados anteponen sus intereses personales a los de sus clientes, y esto es un problema grave, pues el abogado es el defensor de los ciudadanos ante los abusos del poder o de otros ciudadanos. 

“Defender a personas acusadas de tráfico de drogas no me genera ningún dilema ético, pues se trata de delitos sin víctima. Una persona mayor de edad vende a otra que quiere comprar; aquí el Estado no debería intervenir para nada, y menos mediante la represión por la vía penal”

También las series retratan las marrullerías del oficio y, en ocasiones, se evidencia que los abogados se mueven más por amor al dinero que por amor a la justicia. Algunos tuercen la ley de tal forma que se podría decir que son una pieza fundamental en la perpetuación de un sistema injusto. 
Un buen abogado penalista, que es a lo que yo me dedico, debe ser entre otras cosas un buen actor, un buen guionista y un buen director. En la defensa de delitos contra la salud pública, defender a personas acusadas de tráfico de drogas no me genera ningún dilema ético, pues se trata de delitos sin víctima. Una persona mayor de edad vende a otra que quiere comprar; aquí el estado no debería intervenir para nada, y menos mediante la represión por la vía penal. No se trata de torcer la ley, de hecho, las leyes son muchas veces tan ambiguas que están sujetas a múltiples interpretaciones. Pero es verdad que hay muchos abogados que son una pieza clave para perpetuar un sistema injusto y que priman sus intereses por encima de los de sus clientes. Cabe decir que en este caso estarían contraviniendo el código deontológico y se les debería denunciar ante su colegio profesional. Las estrategias de defensa son libres y tienen como límites la ética personal y la deontología profesional. 

Sé que lo llevas con discreción, pero me han hablado de que estás comprometido con la construcción de un hospital para mujeres en Mali. Por mostrar otra faceta tuya, ¿podrías darnos más detalles de este proyecto? 
Hace años, en el 2003, creamos una asociación en Pollença (Mallorca), de donde soy originario, para luchar contra las barbaridades que se hacían en materia medioambiental. Posteriormente tuve la ocasión de viajar a Banani, país dogón (Mali), con mis amigos y compañeros Miguel Torres y Pedro Caldentey, de los que he aprendido mucho y a los que estoy muy agradecido. Allí vi en persona lo que significa que las niñas y niños mueran de hambre. Vivir eso te cambia mucho como persona. Entonces iniciamos un proyecto con la asociación Amics de Cala Carbó de Mallorca, de la que soy presidente, y creamos AMAFESTIVAL, Festival de Acción Social y Cultural dedicado a las Mujeres. Mediante este festival y distintas acciones y con nuestra aportación económica, sin ninguna ayuda pública, llevamos años desarrollando un proyecto para la eliminación de la mutilación genital femenina que tiene mucho éxito, y estamos construyendo una casa de maternidad. Ahora la situación es muy compleja, pues hay grupos yihadistas que atacan continuamente a las poblaciones y Naciones Unidas no hace nada para frenarlo. Si alguien está interesado en colaborar puede acceder a la información en la página web (www.amafestival.org). 

CSC y el atrevimiento imprescindible

Tu bufete ha participado en la gestión de más de doscientas cincuenta asociaciones de consumidores de cannabis. Después de las sentencias del Supremo, ¿seguís atendiendo a la creación de nuevos clubs? 
Seguimos atendiendo a la creación de nuevas asociaciones siempre informando de los límites legales marcados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Hay que decir también que la jurisprudencia del TS en relación con los clubs dista mucho de ser seria y garantista, pues ignora totalmente los derechos fundamentales en base a los cuales este tipo de entidades pueden existir, e implica un cambio radical en la jurisprudencia anterior relacionada con el consumo propio y el consumo compartido. 

¿Cómo era en un principio y cómo es hoy la justificación jurídica que permite abrir una asociación de consumidores de cannabis?
La justificación jurídica estriba en que los ciudadanos tienen derecho a organizarse en asociaciones, de hecho, es un derecho fundamental reconocido en el artículo 22 de la Constitución. Los ciudadanos tienen además derecho a la salud y a consumir cannabis, con lo cual estas asociaciones sirven para garantizar estos derechos y principalmente su derecho a no consumir material adulterado. La justificación jurídica no ha cambiado, lo que ha cambiado son las limitaciones establecidas por el Tribunal Supremo. Lo esencial es que tengan un funcionamiento democrático, que sean transparentes y que paguen impuestos. 

Según me cuentan, el primer club que se registró fue por iniciativa de La Cañamería Global (la empresa editora de esta revista), con Jaime Prats como impulsor. Se trataba de un club de consumidores y catadores, y desde Cáñamo se pusieron los estatutos a disposición de todo el mundo para que se clonaran sin ánimo de lucro. 
Es cierto lo que comentas: desde Cáñamo se sentaron las bases para que este movimiento social cogiera mucha fuerza. Desde DMT Advocats creamos en el 2011 los primeros estatutos que fueron registrados, en los que se incluía el cultivo y el consumo en locales adecuados; y esta aceptación de unos estatutos que indicaban claramente las actividades que se iban a hacer fue fundamental, pues los estatutos que comentas se limitaban a hablar de cáñamo y no de cannabis estupefaciente, y tampoco hacían referencia expresa al cultivo o consumo, solo a la reducción de riesgos asociados al consumo. Al haber admitido la Fiscalía que el cultivo colectivo para el consumo de los socios no era delito, pudimos dar seguridad jurídica a nuestros clientes, y entonces fue cuando se produjo el boom de las asociaciones en Cataluña. De hecho, muchas de estas asociaciones fueron absueltas años después precisamente porque los estatutos contemplaban el cultivo y el consumo, hecho que permitió la aplicación del error invencible. 

Tú fuiste uno de los defensores de la apertura de grandes clubs. Frente a posiciones más moderadas que pedían mantener la discreción con asociaciones de pocos miembros, triunfó la postura que tú defendías de grandes clubs que permitieran además la entrada sin discriminación, para no vulnerar la igualdad ante la ley. Aquel fue un éxito pasajero que se saldó con penas de cárcel para algunos de los responsables de aquellos clubs. Con la distancia que da la experiencia, ¿cómo ves aquel episodio?: ¿se pecó de atrevimiento?, ¿no fue contraproducente? 
El Tribunal Supremo no fija un límite de socios, de hecho, no lo puede hacer porque sería una clara vulneración del derecho fundamental de asociación. Pensemos en que el Supremo pudiera decidir cuántos socios puede tener un partido político, seguro que se pondría el grito en el cielo. Las condenas que han existido no tienen nada que ver con el tamaño de las asociaciones, sino en si en realidad eran asociaciones que tenían un funcionamiento democrático, en si realmente existía una condición de alteridad en la relación entre los socios y la junta directiva. Nosotros nos limitamos a defender que no se podía imponer una limitación en el número de socios, pues de lo contrario estas entidades no eran viables. Si atendemos a los treinta socios de los que habla el voto particular del Sr. Conde Pumpido serían inviables, pero, insisto, el problema no ha sido el número de socios. El atrevimiento es imprescindible, de hecho, si no hubiera sido así no habría hoy las más de mil asociaciones que existen en España. Lo contraproducente ha sido que muchas de estas asociaciones se convirtieran en entes opacos movidos exclusivamente por el ánimo de lucro, que no pagaran impuestos, es decir, no se puede acabar con unas leyes hipócritas con más hipocresía. 

Una frase repetida en el activismo cannábico es que, al final, los únicos que ganan siempre son los abogados. ¿Es verdad que además del dinero que se cobra por la creación del club se cobra después en razón del número de asociados? Es decir, a más asociados más dinero para el abogado…
Esto de que los únicos que ganan son los abogados es absurdo; te puedo asegurar que nuestros clientes han generado muchos millones de euros, mucho más que los honorarios cobrados por nuestros servicios; te lo puedo asegurar. Quien afirme eso es un hipócrita o un demagogo. Algunas asociaciones requieren de un servicio de asesoramiento jurídico continuado y pagan igualas por tener un servicio de consultas, asistencias urgentes, redacción de escritos, asistencia a asambleas, recurso de multas de los socios, etc. Depende del servicio requerido se paga en consecuencia, y evidentemente si son entidades más grandes es lógico que paguen más, pues los servicios requeridos requieren de más trabajo. A más trabajo más dinero, no a más socios más dinero. Quien quiera pensar que defendimos la legalidad de no imponer límites al número de socios para ganar más dinero que lo piense; me parece que es absurdo, pues lo que defendemos son los intereses de nuestros clientes, no los nuestros, al menos en DMT Advocats este es nuestro compromiso ético inquebrantable. Te puedo asegurar que de ética profesional nadie me puede dar clases; mis padres me educaron muy bien en este sentido.

En esto de los clubs sociales de cannabis (CSC) hay un desencaje evidente entre la teoría asociativa sin ánimo de lucro y la búsqueda, que me parece lícita, de negocio. El problema es que la ley está ahí y tratar de cambiarla requiere un pulso difícil con el poder, una estrategia entre la desobediencia y la astucia legal, sin traspasar determinados límites que arruinen la imagen social del movimiento. Los más de mil clubs que han abierto en España en estos pocos años nos han hecho creer que era posible una regulación por esa vía, sin embargo, el poder represivo ha reaccionado con fuerza y están cerrando clubs y condenando a sus responsables. Según tu opinión, ¿qué pasos hay que seguir por parte del sector cannábico para que no perdamos lo conquistado hasta ahora? 
Que todas las asociaciones paguen impuestos; que tributen por IVA todas las cuotas de retiradas de cannabis; que tengan un funcionamiento democrático y transparente; que dejen de competir salvajemente entre ellos; que tengan un producto saludable, analizado, sin pesticidas ni metales pesados; que se preocupen de verdad de la salud de sus socios, que es la base principal de la viabilidad jurídica de estas entidades. Otro hecho importante es tener en cuenta que somos nosotros quienes tenemos que proponer cómo queremos que sea la regulación y, en mi opinión, tiene que ser por la vía de la iniciativa legislativa popular (ILP), y se tendría que hacer tanto a nivel nacional como europeo. Si todos los socios de clubs en España tuvieran firma digital, facilitaría mucho el trabajo de recogida de firmas, que podrían ser validadas fácilmente, no se necesitarían tantos recursos y podríamos obligar al Congreso a debatir las leyes que decide la ciudadanía. Para que la democracia sea el gobierno del pueblo, lo primero que tiene que hacer la gente es preocuparse por conocer sus derechos, pues sin conocerlos es una víctima muy fácil de los abusos del poder. Si tenemos a quinientas mil personas con firma digital, podemos influir muchísimo en los tres poderes del estado. El problema en España es que la cúpula del Poder Judicial no tiene ningún contrapoder que garantice que no se excedan de sus funciones, y este sistema tiene mucho que ver con las raíces franquistas del Estado español, en el que la democracia es tan pequeña, tan pequeña que yo todavía no la he conseguido ver por ningún lado. No hay libertad de expresión. No hay libertad de conciencia. No hay separación de poderes. Por tanto, no hay democracia; lo que hay es una partidocracia controlada por un poder judicial que sigue anclado en la dictadura franquista. 

Rasquera y el Plan Cannabis Anticrisis

¿Qué pasó en Rasquera y cuál fue tu participación?
En el 2011, Bernat Pellisa vino al despacho para informarse de la situación legal de las asociaciones cannábicas porque había un grupo interesado en abrir una asociación en Rasquera. Empezamos a profundizar en el tema, trabamos una gran confianza y amistad, y decidimos impulsar el Plan Cannabis Anticrisis para la dinamización económica y social del municipio de Rasquera. Decidimos crear un proyecto de creación de una empresa pública dedicada a la investigación del cannabis, que prestara servicios a las asociaciones de consumidores, que les permitiera cultivar cannabis legalmente a través de la empresa pública Rasquerana de Recerca i Interpretació del Cánnabis, y además que pudiera ser la primera empresa farmacéutica pública que facilitara la investigación y que pusiera en el mercado cannabis medicinal de calidad a un precio justo. Era claramente un proyecto contra los abusos de la Farmafia. De hecho, hubo una campaña mediática, policial y judicial desenfrenada para hacer descarrilar el proyecto. El proyecto fue anulado en los tribunales alegando que no se puede crear una empresa pública destinada a la investigación del cannabis porque el cannabis es una droga y no existe interés público en investigar sus aplicaciones medicinales y, además, que una empresa pública no puede hacer competencia a las empresas privadas. Blanco y en botella: “Aquí no os metáis, que ya están nuestros amiguitos, esos que vacían las arcas del estado y nos entregan sobres generosos”. 

Bernat Pellisa, el alcalde en ese momento, defendió aquel proyecto supeditando su realización a la aceptación del setenta y cinco por ciento de la población de Rasquera. Finalmente, ganó el sí, pero por un cincuenta y siete por ciento, lo que hizo que el proyecto no saliese adelante y que Pellisa dimitiese. 
El setenta y cinco por ciento se fijó porque el alcalde quería que hubiera una mayoría amplia y no tener a un pueblo dividido para afrontar un proyecto tan ambicioso. Incluso si se hubiera sacado el cien por cien de votos favorables, el proyecto no se habría podido llevar a cabo porque el Estado y sus cloacas estaban decididos a evitarlo. Para ello se unieron Fiscalía, Iglesia, Conselleria de Interior, Ministerio de Justicia y, así y todo, libramos una batalla en la que cedimos la decisión al pueblo, como medida para calmar a los carroñeros que amenazaban con meter al alcalde en prisión. No fue más que una campaña nauseabunda de amenaza y coacción en toda regla. Lo importante fue dar la voz al pueblo. De hecho, el proyecto de Rasquera dio la vuelta al mundo y ganamos el mundo, pero nos tuvimos que enfrentar al Estado, que hubiera sido el principal beneficiado; una vergüenza y una falta total de visión, pues había empresas y centros de investigación, universidades, etc. que podían haberse implicado en Rasquera. Si no hubiera sido Cataluña, seguro que habría ido de otra forma. 

Cuatro años después volvimos a saber de Pellisa por los periódicos, cuando la policía encontró trece plantas en una finca de su propiedad y lo acusaron de un delito contra la salud pública. El año pasado fue absuelto. ¿Qué pasó realmente? ¿Crees que su papel destacado como “alcalde cannábico” propició las medidas represivas contra él? 
La detención de Bernat fue por una denuncia falsa de uno de los regidores del ayuntamiento, que le tenía mucha envidia. Las medidas represivas contra él fueron auspiciadas por sus oponentes políticos a nivel municipal, quienes querían sacarlo de la política costara lo que costara. No fue el aparato represor del Estado, pues en el 2012 nos ganamos su respeto en una visita a La Haya; Bernat fue víctima de la envidia de sus oponentes políticos, seguramente porque se ganó el respeto internacional como político a partir del proyecto de Rasquera, que permitió evidenciar la hipocresía de los políticos y su defensa de los intereses de la Farmafia. El caso lo ganamos. Fue declarado inocente tras varios años esperando el juicio. El tiempo normalmente pone a todo el mundo en su lugar. 

Ocho años después de la propuesta de Rasquera, ¿crees que podría repetirse con éxito una iniciativa así? 
Lo que se planteó en Rasquera en el 2012 es hoy perfectamente válido. De hecho, tras Rasquera surgieron Uruguay, Colorado y otras propuestas similares a lo que se estaba planteando en Rasquera. El proyecto era permitir que el cannabis sirviera para desarrollar el mundo rural, y para que el sector primario pudiera tener una mejor calidad de vida y mayores ingresos. Creo que a día de hoy es un proyecto perfectamente viable, de hecho, el proyecto de Rasquera sigue vivo. Seguramente, lo que planteamos entonces tardará diez años en que la sociedad y el Estado lo entienda y lo asimile. Faltan dos años. Entonces podremos hablar de cosas que todavía hoy no podemos explicar y que sacarán los colores a más de uno. Seguramente, si la iniciativa no hubiera salido de Cataluña y especialmente de Rasquera, el pueblo más independentista de Cataluña, todo habría sido mucho más fácil, y aunque el proyecto no tenía relación alguna con la independencia, recordemos que el entonces ministro de Justicia, Sr. Gallardón, dijo públicamente que Cataluña quería financiar la independencia con el proyecto de cannabis de Rasquera. De hecho, no iba mal encaminado, pues si tienes independencia económica, eres independiente, y eso es precisamente lo que el Estado no quería. Prefieren que el dinero vaya a paraísos fiscales y no a la gente humilde. 

Cannabis: bien esencial

¿Cuál sería a tu parecer la manera en que el Estado debe regular el cannabis? 
Es muy sencillo. El estado debe garantizar el derecho al autocultivo, el derecho de organizarse en asociaciones de consumidores que puedan autoabastecer a sus asociados sin límites de socios, y debe permitir también que las empresas que lo deseen puedan realizar esta actividad con ánimo de lucro. Lo que no puede ser es que solo se permita desarrollar dicha actividad a las grandes empresas. La regulación debe favorecer económicamente a los individuos y a las pequeñas y medianas empresas, y debe permitir el desarrollo y la mejora de las condiciones de vida y económicas del sector primario. Y, por supuesto, no dejar este negocio de la salud en manos de grandes corporaciones farmacéuticas, que se mueven únicamente por el interés económico y no por el de mejorar la salud y la calidad de vida de los ciudadanos. 

En algunos estados de Estados Unidos, los viejos activistas cannábicos están muy descontentos, pues la regulación al final ha dejado el negocio en manos de los ricos y ha marginado a los que tanto han sufrido por la prohibición. ¿Cuáles son los peligros de una posible regulación en España? 
Creo que la regulación tiene que tener en cuenta al sector primario y a los autónomos y pequeñas y medianas empresas. La regulación integral no deber contener requisitos inasumibles para estos sectores, y la riqueza que se genere debe tributar en España, pues puede ser un motor económico y social eficaz para crear una sociedad más justa. 

“En el estado de alarma se suspendió de facto el derecho a la salud y el derecho de asociación y reunión de cientos de miles de personas que consumen cannabis y que tienen derecho a consumirlo, incluso en estado de alarma y en cualquiera de las denominadas fases de desescalada “

A mediados del pasado mes de mayo, gestionaste ante distintas administraciones la petición de considerar el acceso al cannabis un servicio esencial en el estado de alarma. 
Todo empezó al analizar los decretos del estado de alarma; en muchos ámbitos, un brutal ataque a los derechos fundamentales. Mientras el estado de alarma no permite suspender el ejercicio de derechos fundamentales, de facto se suspendió el derecho a la salud y el derecho de asociación y reunión de cientos de miles de personas que consumen cannabis y que tienen derecho a consumirlo, incluso en estado de alarma y en cualquiera de las denominadas fases de desescalada. Junto con la asociación de La Garriga Cannasalut, contactamos con la alcaldesa y le solicitamos que la asociación pudiera estar abierta sin consumo interior y haciendo entregas a domicilio. La alcaldesa dijo que estaba de acuerdo con nuestro planteamiento. Entonces le pedimos que se pronunciara públicamente y presentamos una solicitud con el fin de que la remitiera a la Conselleria de Salud. Hasta esta fecha no han contestado. También lo presentamos en el Ayuntamiento de Madrid con Dos Emociones, en Navarra con RCN-NOK, en Granollers con Cannallers, en Barcelona con la Unión de Pacientes por la Regulación del Cannabis, en Irún y en Badalona. De momento no hemos recibido respuesta, aunque sí mucho interés por parte del Ayuntamiento de Badalona. Quién lo iba a decir...: el PP de Albiol se ha mostrado más sensible que el resto. 

La alcaldesa de La Garriga se pronunció a favor, y el Departamento de Salud de la Generalitat no ha contestado, ¿crees que lo hará? 
De momento no se ha pronunciado. Llama la atención la hipocresía de algunos políticos que en su día apoyaron la ILP La Rosa Verda, y ahora que están en el Gobierno de la Generalitat no muestran interés alguno en mitigar el sufrimiento de miles de personas cuyos derechos han sido vulnerados. Tendrán que responder antes o después. Además, estamos preparando varias demandas de usuarios de cannabis con fines medicinales a quienes se les ha privado de su derecho al acceso a su medicina y a los que se les ha ocasionado importantes daños y perjuicios, por los que deberán ser indemnizados. 

Según parece, sería el Ministerio de Consumo el responsable de garantizar que las asociaciones cannábicas puedan estar abiertas durante el estado de alarma. ¿Remitisteis alguna petición a dicho ministerio? 
Hemos remitido las peticiones de abajo arriba. Del ayuntamiento a la comunidad autónoma y de la comunidad autónoma al Gobierno central. Está todo en camino. Como bien dices, el máximo responsable es el señor Alberto. Garzón, quien está obligado por el contenido del artículo 51 de la Constitución española a apoyar a las asociaciones de consumidores. Tenemos varias acciones jurídicas preparadas en este sentido. Seguramente llegarán en fase 3. Es hora de que se impliquen de una vez por todas los profesionales sanitarios. Si un médico dice que a este paciente en concreto lo que le va bien es el cannabis, ningún juez puede decir lo contrario. Es hora de pasar al ataque, las manifestaciones, y hacer el juego a los partidos políticos no sirve de nada. 

Con un horizonte más que posible de nuevos rebrotes en otoño y nuevas medidas excepcionales, ¿crees que de decretarse otro estado de alarma similar se tendría en cuenta que el acceso al cannabis es un bien esencial? 
Creo que el impacto mediático de la iniciativa ha sido muy positivo para poder lanzar el mensaje, y creo que ha tenido muy buena respuesta en la sociedad. Inevitablemente, eso se traducirá en apoyo político, pero hay que ser muy cautos, no podemos confiar en los partidos políticos, no son más que empresas que miran principalmente por sus intereses empresariales. No tenemos que dejar que ningún partido pretenda apropiarse de una causa social, transversal, que implica simplemente el respeto por nuestros derechos fundamentales. Que se dejen de hipocresía, de partidismo, de politiqueo de pacotilla y se pongan de acuerdo de una vez. Y la propuesta tiene que venir de la sociedad, no solo de las federaciones. Hay que hacer un proceso participativo, que los consumidores aporten y que se presente una ley que sea fruto de la participación ciudadana. Hay muy buen trabajo hecho, solo falta dejarse de medallitas, egos y testosterona. Hay que dejar paso a las mujeres. Ellas lo conseguirán antes y lo harán mejor seguro. 

¿Qué has aprendido de esta última acción? 
He aprendido que ahora es el momento de hacer presión a los colegios profesionales de médicos para que se involucren y dejen de hacer el juego a las grandes multinacionales farmacéuticas. He aprendido que debemos pasar de pedir que nos regulen a exigir que nos respeten. He aprendido que si no conocemos nuestros derechos, y no luchamos para que se nos respeten, no nos merecemos que haya una regulación integral. He aprendido que es el momento de pasar al ataque, de exigir responsabilidades a los cargos públicos responsables de los devastadores efectos sociales y económicos de la prohibición.