La reviviscencia del mito: una “generación perdida”
Nela y su compañero Valerio en Valencia, en 1979. Imagen del álbum familiar de Juan Trejo incluida en su libro Nela 1979 (2024).
Cual misteriosos Ojos del Guadiana, el mito de la epidemia de heroína de los 80-90 resurge una y otra vez en España con el mismo relato de siempre. En concreto, durante estos últimos años toda una constelación de obras –periódicos como El País, a través del suplemento cultural Babelia y la revista Icon, libros como La mala costumbre y Nela 1979 y las películas Estiu 1993 y Romería, etcétera– que, de alguna manera, participan de dicho relato, se han encargado de la última reviviscencia.
En resumen, el discurso en cuestión sostiene que la heroína fue introducida masivamente en España por una conspiración, a la que no serían ajenos los poderes del Estado, con la intención de neutralizar a la juventud disidente. Además de reducir un fenómeno tan complejo con una explicación tan simple como engañosa –solo repara en la oferta sin atender a la demanda–, dicha narración consigue presentar una supuesta “generación perdida”, y excluida de nuestra historia contemporánea, como toda una legión de víctimas involuntarias. Por supuesto, dicho relato se ha venido ilustrando y alimentando durante décadas con datos tan escalofriantes como virales. Por ejemplo, varios autores han reiterado –copiándose unos a otros– que, supuestamente, a finales de los años 90 había más españoles vivos nacidos en la década de los 40 que en la de los 50. Un dato que, en efecto, resultaría pavoroso de ser cierto.
Desmontando la escabechina: los datos frente al relato
Una imagen de Deprisa, deprisa (1981) de Carlos Saura. A la izquierda, su protagonista, José Antonio Valdelomar, quien años después, en 1992, moriría de sobredosis en la cárcel de Carabanchel.
Si acudimos a la fuente original, podemos comprobar que a pesar de haberse producido una “sobremortalidad masculina”, que ciertamente afectó de manera especial a los nacidos en la década de los años 50, no puede decirse que dicha sobremortalidad estuviera relacionada principalmente con el consumo de heroína, sino que más bien tendría que ver con el incremento de la mortalidad accidental (accidentes laborales, accidentes de circulación, etcétera) y determinadas enfermedades “sociales” o derivadas del comportamiento, es decir, ligadas a un “cierto estilo de vida masculino” (tabaquismo, alcoholismo, SIDA, homicidios, asesinatos, suicidios, etcétera).
Como ya vimos en su día resulta completamente imposible dar una cifra exacta de heroinómanos para aquellos años, ni siquiera aproximada, pues la cantidad podría variar entre los 40.000-60.000 consumidores habituales apreciados en un estudio del sociólogo Domingo Comas Arnau y los 230.000 estimados por la Delegación del Plan Nacional de las Drogas (PNSD). Entre esos guarismos, números para todos los gustos: 103.000 adictos, según un informe encargado por la Dirección General de Acción Social del Ministerio del Trabajo a la empresa Edis; 114.000, según el doctor Mussons Ginesta, miembro del equipo terapéutico de la Coordinadora Nacional de la Lucha Antidroga; 150.000, según un equipo de especialistas compuesto por A. Sánchez-Niubò, J. Fortiana, G. Barrio, J. Mª Suelves, J. F. Correa y A. Domingo-Salvany… Podríamos seguir, pero para qué. En cualquier caso, es cierto que se registró un aumento inesperado y descontrolado de casos en una población específica, en su etapa más productiva y reproductiva, lo cual en principio podría justificar el uso del término epidemia para describir el fenómeno.
Dicho esto, volvamos a la espinosa cuestión de la mortalidad, que, sobre el papel, debería arrojar datos más precisos que el consumo, pues ante el carácter inapelable y rotundo de la muerte no hay silencio clínico que valga. Se habla de “escabechina”, pero, ¿cuántas personas murieron por sobredosis de heroína en los peores años? Curiosamente, tampoco en este dato existe ninguna concordancia. Así, mientras el Observatorio Español de la Droga y la Toxicomanía (OEDT) estima que el número de personas fallecidas en España entre 1983 y 1997 por reacción aguda al consumo de drogas se elevó a un total de 15.910, la Oficina Central Nacional de Estupefacientes de la Policía reduciría el número a menos de la mitad, concretamente a 6.619 muertes por sobredosis en el mismo período, dato admitido como válido por el PNSD.
Las muertes por sobredosis pueden relativizarse si las comparamos con la mortalidad por abuso del alcohol y por siniestros de circulación. Por no abrumar con cifras al lector o lectora nos limitaremos a consignar que, según los últimos informes del Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de Estadística (INE), el alcohol es responsable de 13.000-15.000 muertes anuales en la actualidad, y eso que la mortalidad atribuible al alcohol ha descendido ligeramente en las últimas dos décadas. Por tanto, no sería una exageración afirmar que en los quince años destacados anteriormente el número de personas fallecidas por abuso de alcohol no descendió de 195.000. Otro tanto podríamos decir de las muertes por accidentes de circulación si reparamos en la tabla comparativa que ofrecemos a continuación.
Fuentes: series históricas de la Dirección General de Tráfico (DGT) y datos de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes, recogidos en la Memoria del Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) de 1997.
Cualquiera podría preguntarse por qué nunca se ha aplicado el término epidemia a las muertes por abuso de alcohol, ni a las muertes por accidentes de tráfico, habiendo muchas más. La respuesta, sin duda, sería que mientras el alcohol –con mucha diferencia, la sustancia con mayor impacto en la salud pública junto al tabaco– mataba a muchas más personas, las sobredosis de heroína acababan con la vida de personas mucho más jóvenes, es decir, provocaban una mortalidad prematura y el alcohol no. Además, al tratarse de una droga culturalmente admitida, asimilada y hasta bendecida, las muertes por alcohol estarían normalizadas y se producirían mayormente en hospitales; en cambio, las muertes por drogas a menudo tenían lugar en vías públicas, parques, servicios de locales, etcétera, lo que contribuyó a generar una percepción de inseguridad ciudadana. Por lo que respecta a las personas fallecidas en accidentes de circulación la respuesta sería que, mientras las muertes por heroína eran absolutamente innecesarias y, por tanto, evitables, las ocasionadas por los siniestros de tráfico vendrían a ser un tributo inevitable en aras de la movilidad, la modernidad y la comodidad. Algo que con el paso del tiempo resultaría como mínimo discutible, pues en la actualidad se han reducido a una cuarta parte, a pesar de que ahora hay muchos más coches circulando.
No estaría mal que los que siguen hablando hoy de epidemia en los 80 y en los 90 consultaran estos datos: 6.619 muertos por sobredosis de caballo frente a los 195.000 por consumo de alcohol o los 99.704 por accidentes de tráfico, ¿tiene sentido seguir hablando de escabechina, de masacre o de epidemia referida a la heroína?
La ruta intravenosa y un factor inesperado: el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)
Portada de la revista Ajoblanco nº41, del año 1979 y portada de Babelia, suplemento cultural de El País.
Las tres vías principales de administrarse heroína son fumada/inhalada, esnifada e inyectada. La velocidad y forma en que el cuerpo absorbe la sustancia y llega al cerebro varían notablemente de una a otra. Los riesgos específicos también. Por varios motivos, la mayor problemática está asociada a la ruta intravenosa: el rush , el flash o placer intenso, que acelera drásticamente la dependencia psicológica y física; la transmisión de enfermedades infecciosas (VIH/SIDA y hepatitis B y C), por el uso compartido de agujas, jeringuillas, filtros o agua para la mezcla; las complicaciones cardiovasculares y bacterianas (endocarditis, abscesos y flebitis, embolias) debidas a los adulterantes que suele contener la heroína callejera y un mayor riesgo de sobredosis, ya que cuando se fuma/inhala o se esnifa, el cuerpo absorbe la droga de forma más gradual y el usuario puede detenerse si se siente mal, en cambio, con la inyección en vena, una vez que la dosis está dentro, no hay vuelta atrás.
A pesar de los mayores riesgos, durante la supuesta epidemia de los 80 la ruta intravenosa fue adoptada mayoritariamente. No fue una elección alejada de la lógica (dentro de la espiral de la adicción), sino una respuesta a las condiciones del momento en base a cinco razones:
1. La economía de la dosis. En los 80, la heroína era una sustancia cara y la oferta –por lo menos hasta 1984-1985– no siempre era regular y constante. En este sentido deben tenerse en cuenta dos factores:
• La ley del máximo aprovechamiento. Al fumar/inhalar o esnifar heroína, una parte importante del producto se pierde por la combustión o por la falta de absorción en las mucosas, mientras que la inyección intravenosa ofrece una biodisponibilidad de casi el 100%.
• El factor pobreza. Para una persona con pocos recursos y una fuerte dependencia, la aguja era la única forma de “no tirar el dinero”. Permitía obtener un efecto mucho más potente con una cantidad de droga significativamente menor.
2. La baja pureza del producto. La heroína en la calle solía estar fuertemente adulterada, por lo que fumarla/inhalarla o esnifarla apenas producía efecto, mientras que la inyección forzaba la entrada de toda la sustancia, garantizando el efecto incluso con un producto de pésima calidad.
3. La búsqueda de euforia súbita e intensa, un efecto inmediato que los otros modos de empleo no proporcionan.
4. El desconocimiento inicial de los riesgos asociados al uso compartido de agujas, jeringuillas, filtros o agua para la mezcla, unido a la cultura de grupo, ya que el consumo solía ser grupal o colectivo, un marco en el que el acto de compartir vendría a representar una especie de hermanamiento de sangre.
5. La influencia de la iconografía y la subcultura heroinómana, intrínsecamente ligadas al ritual del mechero, la cucharilla, el limón (para disolver la heroína marrón) y la jeringuilla. A este respecto, no me resisto a incluir una observación estrictamente personal. Mucho se ha escrito sobre la pésima influencia que ejerció el libro autobiográfico Yonqui, editado por primera vez en España en 1977. Sin embargo, en mi caso, y en el de otras personas que también leyeron la referida obra de William Burroughs en aquellos años cruciales, el libro en cuestión, lejos de actuar como inductor, tuvo la virtud de actuar como elemento preventivo y disuasorio.
Con estos precedentes, no podemos seguir analizando la llamada “generación perdida” sin evaluar el impacto del SIDA sobre ella, toda vez que España llegó a tener las tasas de infección por VIH entre usuarios de drogas inyectables más altas de Europa. Desde luego, la negativa de muchos farmacéuticos a dispensar agujas y jeringuillas –como reacción frente a la oleada de atracos de que eran objeto– y los constantes ingresos de heroinómanos en las cárceles –donde no era infrecuente que un centenar o más de presos se vieran forzados a compartir útiles de venopunción– tuvieron mucho que ver en estas desproporcionadas tasas de infección.
En cualquier caso, si nos atenemos a los casos notificados al registro específico de SIDA, el número de fallecimientos en España entre 1981 –año de los primeros casos registrados– y 2000 –año de consolidación como enfermedad crónica no mortal– ascendería a unos 34.000. Sin embargo, los registros consolidados del INE y el Ministerio de Sanidad, con los ajustes de datos y diagnósticos retrospectivos, sitúan la cifra total de fallecidos por SIDA entre los años señalados en aproximadamente 40.400 personas.
Sigue siendo una cifra notablemente inferior a la de las personas muertas por abuso del alcohol y las fallecidas en accidentes de tráfico, incluso aunque la sumemos a los decesos por sobredosis. No obstante, algunos consideran que la suma de muertes por sobredosis de heroína y muertes por SIDA han dejado lo que los demógrafos llaman una muesca o cicatriz en el perfil de la pirámide de la población española. Y dado que el 80% de los fallecidos por estas causas eran varones, la pirámide mostraría una asimetría inusual en esas edades, con una mayor supervivencia de mujeres de lo que correspondería por causas naturales a esa edad. En realidad, la supuesta alteración del perfil demográfico no tendría que ver tanto con el número total de fallecimientos, sino con el factor ya apuntado anteriormente del efecto “doble pérdida”, pues al morir jóvenes, no solo se perdieron esas vidas, sino también a sus potenciales hijos. De tal manera, se considera que el déficit de nacimientos en los años 90 en España está influido, en parte, por la desaparición de miles de potenciales padres y madres.
Al tratarse de un fenómeno estrechamente relacionado con la concentración urbana, en ciertos barrios de Madrid (San Blas, Vallecas, Entrevías), Barcelona (La Mina, El Raval), Bilbao (Otxarkoaga) o Sevilla (Las Tres Mil Viviendas), donde la mortalidad fue especialmente alta, las pirámides de población locales no solo tendrían que estrecharse, sino que deberían mostrarse directamente rotas. Sin embargo, nada de esto puede apreciarse. Por ejemplo, en Vallecas, donde un estudio oficial concluyó que la mortalidad en este distrito fue un 18% superior a la media regional (21,4% más de mujeres y 14,3% de los hombres) entre 1994 y 1998, determinó que esta mayor mortalidad no era atribuible solo a la droga y el SIDA, sino también a los malos hábitos alimentarios y el consumo de alcohol y tabaco. En otro orden de cosas, el censo de población del distrito bilbaíno de Otxarkoaga-Txurdinaga correspondiente a 2011 demostró que en efecto existía un muesca o cicatriz en el perfil de la pirámide de la población local, pues había más personas vivas de 75 a 79 años (1.317) que de 70 a 74 años (1.014) y de 65 a 69 años (1.083), pero el estrechamiento no podía ser atribuido al binomio heroína/SIDA sino a las penurias de la guerra civil y la posguerra. En cualquier caso, en esos microcontextos resulta comprensible que a nivel coloquial se hable de toda una “generación perdida”, pero si analizamos la pirámide de población española en su conjunto y tenemos en cuenta que las personas nacidas en España entre 1950 y 1959 sumaron un total de 6.057.162 (3.109.882 varones y 2.947.280 mujeres), no observaremos ninguna muesca, ni cicatriz, ni estrechamiento en el perfil y llegaremos fácilmente a la conclusión de que resulta completamente exagerado hablar en semejantes términos.
Desde luego, podemos seguir expresándonos en términos de “guerra”, “masacre”, “exterminio”, “carnicería”, “aniquilación”, “holocausto”, “genocidio”, etcétera, pero los datos que ilustran la magnitud del problema de la heroína durante los años de mayores estragos no lo respaldan. Solo en un sentido metafórico o figurado, y en cualquier caso hiperbólico, se pueden aplicar estas expresiones a la supuesta “generación perdida”.
Políticas públicas vs. reducción de riesgos y daños
“La droga mata”, campaña institucional de 1978 que llenó España de carteles y anuncios en prensa. En este caso, luce al lado de una valla publicitaria de tabaco.
Como decíamos al principio, quienes participan del relato de la “generación perdida” suelen dar pábulo a la conspiranoia, afirmando que el propio Estado fue el responsable de la diseminación calculada de la heroína o, como mínimo, que desde las más altas instancias no se hizo nada para impedir la entrada masiva del opiáceo, naturalmente con fines políticos, con el objetivo de desmovilizar a la juventud más combativa. Llama la atención en este sentido, que dicha acusación –sin prueba alguna– venga repitiéndose como un mantra desde finales de los años 70 y, sin embargo, quienes participan de dicha sospecha sean incapaces de ver que la verdadera responsabilidad del Estado residió en que reaccionó tarde y mal ante la magnitud del problema.
En efecto, así como en otros países se apostó rápidamente por una política de reducción de riesgos y daños, en España se produjo una especie de bloqueo institucional. Durante los años 80 el enfoque oficial se basó exclusivamente en la abstinencia. La idea predominante era que la única solución al problema de las drogas era que el usuario dejara de consumir por completo. La herencia moral de la dictadura pesaba demasiado por lo que predominaba una mentalidad social que prefería castigar el vicio antes que salvar la vida del enfermo. Además, no existía un sistema de salud pública robusto y coordinado para abordar las drogodependencias y muchos de los centros de atención estaban gestionados por organizaciones religiosas o comunidades terapéuticas muy rígidas que veían el consumo como un fallo o una tara moral, no como una enfermedad crónica o un problema de salud pública. Todo ello determinó que se impusiera el miedo a una especie de “efecto llamada”, es decir, se pensaba que repartir jeringuillas o dar metadona era fomentar el vicio o rendirse ante la droga.
Por otra parte, en pleno proceso de consolidación democrática, existían otras prioridades políticas y sobre las personas usuarias de heroína por vía intravenosa comenzó a pesar un doble estigma: no solo eran yonquis, sino posibles transmisoras de una enfermedad mortal y desconocida. Esto generó un clima de miedo que favoreció la exclusión en lugar de la ayuda. Incluso cuando la evidencia científica pedía a gritos medidas de reducción de riesgos y daños, la respuesta gubernativa, ejemplificada con la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (1992) –más conocida como ley Corcuera o ley de la patada en la puerta– seguía enfocada en la persecución y sanción administrativa del consumo en espacios públicos.
Algunos han dicho que, para las familias de clase trabajadora y lumpen, un hijo toxicómano suponía un riesgo colectivo, ya que podía hundir en la ruina a todos, precisamente por el impulso de ayudarle a superar su toxicomanía, y que, para las familias burguesas, tener un hijo yonqui era una excentricidad vergonzosa, que solía terminar con su muerte trágica y una herida complicada de cerrar. En realidad, si comparamos los 6.619 fallecimientos por sobredosis con las decenas de miles de consumidores habituales de heroína, tampoco podemos decir que el resultado de muerte fuera tan frecuente. En cualquier caso, cuando la realidad se volvió insoportable, fue gracias precisamente a la presión de las familias de las personas afectadas que se decidió humanizar el problema, ya bien entrados los años 90. Fue entonces cuando los programas piloto de intercambio de jeringuillas y los tratamientos con metadona demostraron reducir drásticamente las muertes por sobredosis y los contagios de SIDA, implantándose y generalizándose las políticas de reducción de riesgos y daños de forma oficial y sistemática en todo el territorio.
El contraste con la actualidad: el silencio mediático
Entre los años 2000 y 2015, la heroína perdió peso y ganó protagonismo la cocaína junto al policonsumo, mientras la mortalidad por drogas se estabilizó sumando entre 500 y 800 fallecimientos anuales. Curiosamente, a partir de 2016 se ha detectado un aumento preocupante debido al envejecimiento de los consumidores, a la presencia de benzodiacepinas y opioides en las mezclas y a una mayor disponibilidad y pureza de la cocaína. Tanto es así que, según los datos recopilados por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) y el INE, en 2021 se superaron por primera vez las 1.000 muertes anuales, con la cifra récord de 220 mujeres fallecidas en un solo año por reacción aguda a sustancias psicoactivas, algo que no pasó durante los años 80. Lejos de disminuir, la tendencia parece haberse consolidado y en 2023, 2024 y 2025 han vuelto a superarse los 1.000 fallecimientos anuales.
Más sorprendente todavía que este repunte en las muertes es la reacción de los medios de comunicación y agencias como el PNSD y la Fundación de Ayuda a la Drogadicción (FAD). Si en los años 80-90 predominaba un tono alarmista, en la actualidad parece predominar el desinterés o la ignorancia generalizada ante este incremento, toda vez que muchos actores –periodistas, escritores, cineastas, etcétera– siguen obsesionados con aquellos fatídicos años.
La pregunta surge de inmediato: ¿a qué se debe que, registrándose cifras más altas de mortalidad por sobredosis, apenas se hable del tema y cuando se menciona siga poniéndose el foco en la supuesta “generación perdida” de los 80-90?
Una lectura rápida del asunto podría llevarnos a la conclusión de que la crisis de drogas de los 80-90 se asemeja mucho al proceso que el sociólogo Stanley Cohen definió como pánico moral en su libro Folk Devils and Moral Panics (1972). Una situación en la que el binomio heroína/yonquis desempeñaría el papel de chivo expiatorio o demonio popular y en la que el pánico moral no solo se desataría por el consumo de droga, sino por la percepción de que la repentina apertura social asociada a la recién estrenada democracia traía consigo el caos. Por una parte, los medios de comunicación empezaron a usar términos como “la plaga”, “el azote” o “la muerte blanca”, creando un clima de histeria y alarma social donde parecía que cualquier joven, de cualquier barrio, podía “caer en la droga” en cualquier momento. Por otra, el pánico vinculó directamente la heroína con la delincuencia callejera, por lo que la opinión pública no veía un problema de salud pública, sino una amenaza a la propiedad privada y a la vida. A todo esto, debemos sumar el papel de determinados empresarios morales exigiendo mano dura para atajar el problema.
Lo verdaderamente trágico de este pánico moral era que, mientras la sociedad exigía más represión por temor al yonqui, la verdadera amenaza era invisible: el VIH/SIDA. Es decir, el pánico moral hizo que todo el esfuerzo político y social se centrara en el crimen, ignorando la salud. Cuando los demonios populares comenzaron a morir debido al SIDA y las sobredosis, los delincuentes empezaron a percibirse como enfermos y el pánico moral a transformarse en duelo colectivo.
Más allá de los muertos, este fenómeno dejó una cicatriz tan profunda en la sociedad española que la palabra “heroína” sigue teniendo una carga simbólica y emocional mucho mayor que en otros países europeos. Sin embargo, el calado de ese costurón por sí solo no ofrece una respuesta plenamente satisfactoria a la pregunta planteada. Para entender por qué la supuesta “generación perdida” de los 80-90 sigue concitando tanta atención, cuando actualmente se registran más muertes por sobredosis, y comprender el porqué del silencio mediático y el cambio de enfoque institucional, debemos atender a otras razones. En primer lugar, la visibilidad, pues mientras en los 80-90 el consumo era público y disruptivo, generando una sensación de inseguridad ciudadana constante, en la actualidad es mucho más privado, lo que hace que las muertes por sobredosis sean invisibles para el ciudadano medio. En segundo lugar, el hecho de que el SIDA ya no se perciba como una plaga contagiosa que puede afectar a cualquiera, sino como una enfermedad crónica no mortal, con lo que ha desaparecido el estigma. Y, en tercer lugar, la forma tramposa en que consumimos nostalgia. En este aspecto, podemos distinguir dos motivos: uno estético, vinculado a la épica del usuario de los 80-90, que es cinematográfica, rebelde y tiene una iconografía clara, mientras que la adicción actual es mucho más gris, solitaria y carece de ese glamur oscuro de la calle. El otro motivo obedece a razones de distancia terapéutica, ya que es más fácil hablar de una tragedia que ya pasó y que podemos cerrar con un lazo nostálgico, que enfrentarse a la realidad de una crisis de salud mental actual que no sabemos cómo solucionar.
A todo lo dicho, podríamos añadir dos razones de alcance que sin duda han influido decisivamente para el giro institucional de agencias como el PNSD y la FAD ―hoy más centradas en las pantallas que en las sustancias― y que tienen que ver con una democratización de la adicción. Por una parte, la universalidad, pues no todos los adolescentes consumen heroína o cualquier otra droga, pero todos tienen un dispositivo móvil y, por otra, la prevención, ya que las referidas instituciones consideran que el riesgo digital que suponen las redes sociales es una puerta de entrada a problemas de salud mental que más tarde derivan en consumos de sustancias. Sería, en cierto modo, una forma de ir a donde está la masa.
Por una memoria responsable
Algunas personas han conseguido transformar la vergüenza inicial por las víctimas de la heroína durante los 80-90 en compasión. Incluso han llegado a admirar el impulso transgresor de aquella generación que durante su infancia y adolescencia vivieron la represión del franquismo y con la juventud les llegó la libertad y decidieron explorarla con todas sus consecuencias. Es más, han mostrado su deuda con ella por haberse atrevido a desafiar todos los valores conservadores y ponerlo todo patas arriba… hasta que apareció la devastadora heroína. Otras, en cambio, han elevado el tono de sus críticas, negando que se tratara de una generación heroica que se enfrentó al orden establecido y afirmando que se trató de una promoción de psiconáufragos, que fueron capaces de anteponer su hedonismo por encima del cuidado de sus propios hijos y que dañaron sus vidas por una falta de principios que fuesen más allá de su propio placer.
No es nuestra intención decantarnos por una u otra visión, sino insistir en que ambas están equivocadas y, lo que es peor, inducen a otras personas al error, pues a pesar de todas las bajas atribuibles a la heroína y el SIDA la inmensa mayoría de las personas que nacimos en la década de los 50 no nos perdimos como generación y seguimos con nuestra vida a cuestas. Y en nuestro análisis de la crisis de la heroína en los años 80 y 90 asistimos, no sin cierto asombro, a la desconexión que todavía persiste entre el relato mítico construido por la cultura popular y la realidad estadística de los datos.
Desde luego, podemos y debemos aprender del pasado, pero para ello es imperativo despojarnos de la mitología, la nostalgia tramposa y el alarmismo. Podemos y debemos exigir responsabilidad a los autores del relato, entendiendo que la historia no es un guion de cine ni el argumento de una novela, sino una herramienta de comprensión social.