El noventa y cinco por ciento de los delitos que se cometen en México quedan impunes, según un estudio de la UDLA publicado en noviembre pasado. Encabeza este ranquin en América Latina (por encima de Venezuela y El Salvador) y tiene el dudoso honor de ocupar el cuarto lugar (de sesenta y nueve) entre los países con los peores sistemas de justicia del mundo (superado solo por Filipinas, India y Camerún). En la lucha contra el narco, la justicia ha tenido grandes victorias pero también tropiezos vergonzosos. Por colusión o meramente incompetencia de los jueces y demás instituciones de procuración de justicia, algunos de estos gazapos judiciales son realismo mágico en estado puro.

Sin ADN y a lo loco

La policía mexicana tiene la costumbre de presentar a los detenidos a los medios de comunicación para que los retraten y las imágenes abran telediarios y periódicos. El 21 de junio de 2012, dos marinos con pasamontañas posaban junto a un gordito de polo rojo, esposado y con chaleco antibalas. Por fin había caído Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo del Chapo Guzmán, que entonces seguía prófugo. Su captura –explicó el gobierno– obedeció a una ardua “labor de inteligencia” y a la colaboración con las autoridades estadounidenses.

La alegría duró veinticuatro horas, cuando la DEA desmintió que se tratara del hijo del Chapo. Tras comparar sus huellas dactilares supieron que se trataba de Félix Beltrán León, un hombre que trabajaba en un concesionario de autos y que nada tenía que ver con el narco. De hecho, al momento de su captura no tenía armas ni drogas. El juez lo mantuvo cinco meses en prisión, mientras indagaba y esclarecía por qué utilizaba el alias de “Jesús Alfredo Guzmán Salazar”.

El proceso

Rafael Caro Quintero fue el narco más famoso de México en la década de los ochenta. Fundó el cártel de Guadalajara –germen de los grupos que todavía operan en México– y operó con impunidad hasta que cruzó una línea roja: asesinó a un agente de la DEA. Lo detuvieron en Costa Rica en 1985 y, al entrar a prisión, presuntamente, ofreció a pagar la deuda externa de México. Permaneció veintiocho años preso hasta que el 9 de agosto de 2013 un juez lo dejó en libertad por un error procesal (fue juzgado por el fuero federal cuando, según su liberador, debió serlo por fuero común). El fallo salió un viernes casi a la medianoche y, antes de que la Fiscalía interpusiera un amparo, Quintero se escapó y la justicia tardó año y medio, hasta enero del 2015, para emitir una nueva orden de aprehensión.

No lo han vuelto a ver y le quedan once años de condena por cumplir. Desde que salió de la cárcel, Quintero se reenganchó al negocio y empezó una guerra contra el Chapo. Según un informe de la DEA hecho público en octubre pasado, Quintero es el jefe del cártel del Pacífico y parece que volverá a ocupar el hueco que dejó el Chapo desde su última captura.

El cardenal

México es un país surrealista en el que ocurren cosas extrañas todos los días. Aun así, el asesinato de un cardenal en el parquin del aeropuerto de Guadalajara en 1993 fue excepcional. Tras muchos meses y miles de folios y tomos judiciales, la versión de la Fiscalía mexicana es que unos sicarios del cártel de Tijuana confundieron a Juan Jesús Posadas Ocampo –de sesenta y ocho años– con el Chapo Guzmán –de treinta y ocho–, y por eso lo acribillaron. Es una hipótesis difícil de clasificar. Según los fiscales, el cártel había encargado el trabajo a pandilleros del barrio Logan en San Diego que nunca habían visto al Chapo, ni probablemente a un oculista.

La justicia cerró el caso en el 2008, tras haber detenido a todos los sicarios que presuntamente participaron en el tiroteo. Los abogados de la Iglesia católica, sin embargo, consideran que el caso no está cerrado y que se trata de un crimen de Estado que la Fiscalía ha intentado encubrir. En un comunicado tras conocer el fallo calificaron las tesis de la Fiscalía sobre el caso Posadas como “delirantes y ridículas”.

México es un país surrealista en el que ocurren cosas extrañas todos los días. Aun así, el asesinato de un cardenal en el parquin del aeropuerto de Guadalajara en 1993 fue excepcional

El zombi

Poco antes de la Navidad del 2010, el gobierno de Calderón salió a los medios para anunciar la muerte de Nazario Moreno, fundador del cártel de la Familia Michoacana y apodado “el Más Loco”. Había caído, presuntamente, en un enfrentamiento con dos mil policías y soldados. Moreno estaba en un pueblo repartiendo regalos a los niños. La batalla había durado dos días con múltiples bajas. De inmediato, los sicarios dejaron decenas de mantas en varias ciudades de Michoacán dirigidas al presidente y al ministro del Interior en las que afirmaban que Nazario seguía vivo. Pero la administración de Calderón respondía que era una mentira para desinformar y que estaba enterrado en las montañas de Michoacán.

El cuento duró cuatro años, suficientes para terminar el sexenio de Calderón. En marzo del 2014, el zombi Nazario volvió a morir en otro enfrentamiento con el Ejército y la Marina en la misma sierra michoacana. Esta vez, la Fiscalía utilizó una prueba infalible: una prueba de ADN que confirmó que se trataba del Más Loco.

El paladín

Orán es una ciudad argentina cercana a la frontera con Bolivia, donde se cultiva la hoja de coca y donde se puede comprar un kilo de cocaína al menor precio. Durante una década, el juez Raúl Reynoso se labró una reputación de paladín en la lucha contra el narco. Su juzgado llevaba veintiocho mil causas de narcotráfico todos los años. Esto se acabó en abril del 2016, cuando lo detuvieron y le acusaron de proteger –y encabezar– una red de traficantes. Aunque es verdad que Reynoso encarcelaba a muchos por delitos contra la salud, solía cebarse con mulas y agricultores, gente sin recursos. A los grandes capos que llegaban a su sala los dejaba libres a cambio de un soborno. La Fiscalía le acusa de haber ganado setenta millones de dólares de esta manera, el antiguo juez está preso y su proceso se retransmite por YouTube.

Colegas

Una cámara de seguridad capturó el momento en el que un pistolero se acerca a un hombre que hace jogging y le dispara a la cabeza. El hombre que se desploma se llama Vicente Bermúdez y es juez en el Estado de México, la tierra que vio nacer al presidente Peña Nieto y donde está la cárcel de “máxima seguridad” del Altiplano. De inmediato se sospechó de los casos que llevaba, entre ellos los de capos del narco como el Chapo, el Z-40 o los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación y el de Guerreros Unidos.

Sin embargo, la investigación de la Fiscalía sostiene que lo mandaron matar sus predecesores, dado que Bermúdez había empezado a investigar las visitas que hacían diversos funcionarios del juzgado a la cárcel del Altiplano (unas doscientas treinta visitas en total). Sospechaba que el personal del juzgado fungían como mensajeros de los capos de la droga reclusos.