“Señores de las diferentes organizaciones que se disputan la plaza de Ciudad Juárez: Hacemos de su conocimiento que somos comunicadores, no adivinos. Por tanto, queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos”.
Así arrancaba el editorial “¿Qué quieren de nosotros?”, que publicó El Diario de Juárez en septiembre del 2010 tras el asesinato de dos de sus reporteros. El periódico denunciaba la incapacidad de las autoridades para protegerlos, y por ello se dirigía a los narcos: “las autoridades de facto en esta ciudad”.
México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Desde el año 2000 han sido asesinados 114 informadores y hay 20 desaparecidos. Las agresiones y amenazas a reporteros son constantes, y lo más alarmante es la impunidad. Según datos de la Fiscalía mexicana, de las 798 investigaciones que inició entre el 2010 y el 2016 por ataques contra informadores, solo uno de cada diez casos llegó ante el juez y el 99,75% no han recibido sentencia. Matar periodistas en México sale muy barato.
La sede del diario El Mañana, en Reynosa, fue atacada con una granada de fragmentación en el 2012. Solo hubo daños materiales, pero el consejo editorial tomó una decisión inédita. “Este periódico, apelando a la comprensión de la opinión pública, se abstendrá, por el tiempo necesario, de publicar cualquier información que se derive de las disputas violentas que sufre nuestra ciudad y otras regiones del país”, decía el editorial publicado al día siguiente del ataque que explicaba su decisión “por la falta de condiciones para el libre ejercicio del periodismo”. Desde entonces, el diario solo aborda el narcotráfico a través de la opinión de analistas, pero ha renunciado a informar sobre los ajustes de cuentas, detenciones y tiroteos que se producen en el Estado.
Desde el año 2000 han sido asesinados 114 informadores y hay 20 desaparecidos. Las agresiones son constantes, y lo más alarmante es la impunidad: solo uno de cada diez casos llegó ante el juez. Matar periodistas en México sale muy barato.
Los periodistas que siguen trabajando en las zonas que controla el narco lo hacen en terribles condiciones. En Tamaulipas, un Estado fronterizo que se disputan los Zetas y el cártel del Golfo, los narcos tienen un portavoz a quien los reporteros tienen que consultar antes de escribir una nota. El portal de noticias Animal Político publicó el testimonio anónimo de un periodista tamaulipeco que narra que en la primavera del 2010 los narcos convocaron a catorce informadores para una reunión. “Llegamos y nos pidieron los datos generales, que un hombre apuntaba en una libreta. El portavoz explicó las nuevas reglas: nadie difunde material sin que pase el filtro del ‘jefe’; nadie puede ignorar sus llamadas ni negarse a recibir dinero o regalos de los capos”. Los castigos por incumplirlas van desde manitas (cachetadas), tablazos (golpes de madera en la espalda y culo), tijera (corte de extremidades), fogones (quemar partes del cuerpo) y piso (asesinato).
“Esta nota sí sale por encargo de aquéllos. Dale llamado en primera” es una frase común en la redacción del diario tamaulipeco en el que trabaja el periodista que escribió “Aprender a guardar silencio” en Animal Político. Los portavoces de los narcos no solo censuran lo que sale sino que también indican el contenido que sí tiene cabida en el diario. Los medios poco a poco han ido sucumbiendo a la presión. En los periodos de mayor violencia, muchos suspendieron las guardias nocturnas y piden a sus reporteros que no asistan a los tiroteos que se producen en sus ciudades. Algunos van en grupos –con colegas de otros medios– a los sucesos. Estar “seguros” es más importante que una exclusiva.
Los medios nacionales tampoco están exentos de la presión del narco. En julio del 2010, el crimen organizado secuestró a cuatro periodistas, entre los que estaban uno de Televisa (la principal cadena de televisión mexicana) y otro de Milenio, un diario nacional. Los informadores realizaban un reportaje sobre el control que tenían los narcos en la cárcel de Torreón, de la que salían los fines de semana a asesinar a sus rivales con armas que les dejaba la directora del penal. Los secuestradores se pusieron en contacto con los titulares de los programas para exigirles que no emitieran la noticia y liberarían a sus compañeros. Televisa, la poderosa cadena mexicana, canceló el programa que había preparado y tras unas palabras de la conductora explicando lo que había pasado la pantalla se fue a negro en el prime time. Los reporteros quedaron libres poco después.
En la década que ha pasado desde que el presidente Calderón declaró la guerra al narco, la opinión pública se insensibilizó frente a la violencia. Durante los primeros cinco años del sexenio de Calderón, los principales diarios llevaban a sus portadas fotos de cadáveres, decapitados y narcomantas (junto a los cadáveres los narcos dejan mensajes dirigidos a rivales, la policía o la sociedad civil). Finalmente, en el 2011 los principales medios firmaron un pacto sobre cómo abordar el tema del narco, que, entre otras cosas, incluía dejar de reproducir imágenes violentas, que únicamente beneficiaban a los narcos.
#SDR
El vació que han dejado los medios lo han llenado los ciudadanos e Internet. Twitter y Facebook se convirtieron en herramientas para que las personas informaran en tiempo real sobre tiroteos, bloqueos, atracos y cadáveres que aparecían todos los días por las calles. Valor por Tamaulipas fue una de las primeras cuentas en utilizar el hashtag #SDR (situación de riesgo) para advertir de las zonas que había que evitar. Pronto empezaron a surgir páginas similares en otros estados controlados por el narco. Los capos hicieron lo posible por silenciar este movimiento. A Valor por Tamaulipas los Zetas le acusaban de difundir la localización de sus casas de seguridad y puntos de venta. Repartieron octavillas por las ciudades en las que ofrecían “600.000 pesos (30.000 euros) para el que aporte datos exactos del dueño de la página Valor por Tamaulipas o en su caso familiares cercanos”. El administrador terminó cerrando la web en noviembre del 2012.
Los sicarios cazan a los periodistas ciudadanos para amedrentar al resto de los internautas. Marisol Macías era una periodista que tuiteaba sobre el narco en su ciudad con el alias “La Nena de Laredo”. En septiembre del 2011, los Zetas la torturaron, descuartizaron y dejaron su cabeza junto a dos teclados de ordenador y un mensaje para los usuarios de redes sociales: “Yo soy la Nena de Laredo y aquí estoy por mis reportes y los suyos… Para los que no quieren creer, esto me pasó por mis acciones”.
La Nena de Laredo no ha sido la única víctima. @Muit3, una de las administradoras de Valor por Tamaulipas, cayó en manos de sicarios que tras ejecutarla usaron su móvil para meterse a su cuenta y tuitear una foto de su cadáver y un mensaje: “Amigos y familiares, mi nombre real es María del Rosario Fuentes Rubio. Soy doctora. Hoy mi vida ha llegado a su fin”. El mensaje, firmado por los Zetas, buscaba silenciar a los otros usuarios: “No me queda más que decirles que no cometan el mismo error que yo. No se gana nada. Al contrario, hoy me doy cuenta de que encontré la muerte a cambio de nada. Están más cerca de nosotros de lo que creen”.
