El año pasado al menos seiscientas quince personas fueron asesinadas por sus gobiernos por crímenes relacionados con las drogas, de acuerdo a información de la ONG británica Harm Reduction International, que desde 1996 elabora informes sobre pena de muerte con especial énfasis en las que son por tráfico de drogas. La pena de muerte por delitos de drogas todavía está contemplada en los códigos penales de treinta y cuatro países, y aunque todos ellos tienen reos en el corredor de la muerte, las ejecuciones que se llevaron a cabo en el 2024 ocurrieron en solo seis países: China, Irán, Corea del Norte, Singapur, Arabia Saudí y Vietnam. La cifra es ciertamente más alta, pues, por ejemplo, los datos de países con mucha censura (como Corea del Norte y Vietnam) son probablemente más bajas al número real. Este 10 de octubre se celebra el Día Mundial contra la Pena de Muerte, y el cuarenta por ciento de todas las penas capitales son por delitos relacionados con las drogas. En estos momentos, según las estimaciones más conservadoras, hay al menos dos mil trescientas personas esperando a ser ejecutadas por sus gobiernos. 

Irán es el país donde más se mata por delitos de droga, algo que la teocracia asiática destaca como un rasgo positivo de su cultura. Todos los años proporcionan estadísticas muy claras sobre el número de sentencias y presos esperando su sentencia (más de un millar). El año pasado ejecutaron a 485 personas, entre las que habían catorce mujeres (el número más alto en la última década). Uno de los casos más sangrantes fue el de Marjan Haijzadeh, a quien arrestaron cuando tenía dieciséis años con su marido de veintinueve (un matrimonio forzado). El marido llevaba drogas y de ahí la sentencia, que se llevó a cabo a pesar del escándalo provocado. El Código penal iraní no incluye distinción entre posesión y distribución, con lo cual hay personas condenadas a muerte solo por consumir. Además, los tribunales revolucionarios dictan sentencias por delitos difusos como “insultar al profeta”, “enemistad contra Dios” o “corrupción en la tierra”. 

Organizaciones de Derechos Humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch denuncian que con frecuencia las ejecuciones se realizan sin avisar a las familias o a los abogados de las víctimas, que no pueden despedirse de sus seres queridos. También han ejecutado a chavales de dieciséis o diecisiete años, violando todas las normas del Derecho Internacional, que prohíbe ejecutar a menores de edad. Estas mismas organizaciones también avisan que las autoridades no persiguen a los grandes capos, sino que usan la pena de muerte para castigar a los más vulnerables, que suelen ser minorías; el veintinueve por ciento de los ejecutados pertenecen a la minoría Baluchi (a pesar de ser solo el cinco por ciento de la población total), y también hay muchos afganos. 

En Irán, las ejecuciones se suelen realizar los martes, y el día anterior las víctimas son llevadas a una celda de aislamiento como antesala a su ejecución. Por ello, lentamente, ha comenzado una campaña de protesta llamada “Martes sin ejecuciones”. Los presos realizan huelgas de hambre de un día, una protesta que se ha extendido a más de treinta prisiones según Harm Reduction International. En ocasiones, los familiares de los reos también organizan protestas al exterior de los muros, pero suelen ser violentamente reprimidas por la policía de la moralidad iraní. 

El segundo país en el que se cometieron más ejecuciones por delitos de droga el año anterior es Arabia Saudí, con 122, lo que supuso un incremento del seis mil por ciento con respecto al 2023. Cuando el príncipe Mohammed bin Salman llegó al trono en el 2022 se comprometió a que solo aplicaría la pena de muerte en casos de homicidios y no para penas de narcotráfico. Evidentemente, mintió y, de hecho, quince personas fueron ejecutadas por penas relacionadas con el cannabis el año pasado. El país es el único del mundo en el que se sigue utilizando la decapitación. En Arabia se repite el mismo patrón que en Irán: el setenta y cinco por ciento de los condenados a muerte son extranjeros que viven en condiciones paupérrimas. Las organizaciones denuncian que algunas de las condenas son a migrantes a quienes engañan las mafias: les dicen que han conseguido trabajo en la boyante industria de la construcción árabe y luego les obligan a hacer de mulas. 

Censura

"En estos momentos, según las estimaciones más conservadoras, hay al menos dos mil trescientas personas esperando a ser ejecutadas por sus gobiernos"

“Creo que China va a empezar a sentenciar a muerte a los traficantes de fentanilo”, dijo el presidente estadounidense Donald Trump, en tono muy optimista en julio pasado. Una de las prioridades del presidente Trump es frenar el tráfico de fentanilo, que ha causado miles de sobredosis en su país, y China parece ser su modelo a seguir. En la cifra de Harm Reduction International de 615 personas ejecutadas en el 2024, no había ningún dato sobre China. El gobierno no proporciona ninguna cifra sobre las ejecuciones que realiza y las ONG operan con muchas dificultades. Chiara Sangiorgio, de Amnistía Internacional, estima que cada año se ejecutan a más de mil personas, es decir, que aplican la pena capital más que en el resto de países del mundo juntos. 

Muy pocos casos se reportan en la prensa occidental, y cuando se hace suele ser porque el condenado es extranjero. En marzo de este año, cuatro ciudadanos chino-canadienses fueron ejecutados en China por narcotráfico. El gobierno canadiense pidió clemencia y que les condenaran a cadena perpetua, algo que Pekín ni siquiera contempló. Un rastreo por la hemeroteca muestra noticias esporádicas sobre la ejecución de ciudadanos filipinos, coreanos o británicos, pero muy poco de ciudadanos chinos. Uno de los casos que sí trascendió ocurrió en el 2017, cuando los habitantes del pueblo de Lufeng recibieron una invitación para asistir al estadio a ver un juicio público. Diez personas fueron condenadas y ejecutadas allí mismo, ante miles de asistentes. Los juicios públicos suceden excepcionalmente en China. En el caso de Lufeng, quizás tuvo que ver con una operación policial celebrada en el 2014 en la que tres mil policías llegaron al pueblo, detuvieron a 182 personas y decomisaron tres toneladas de metanfetaminas. En aquel juicio, fueron siete mil personas quienes acudieron a ver a cincuenta y cinco reos condenados a muerte por aquel incidente. 

El otro país en el que el número de ejecuciones es un secreto de estado es Vietnam. Amnistía Internacional calculaba en el 2020 (la estimación más reciente) que hay entre mil doscientos y dos mil reos en el pabellón de la muerte. Es un misterio saber cuántas de estas condenas se llevan a cabo. Hasta el 2011, las ejecuciones se realizaban con un escuadrón de fusilamiento, con los reos atados a una estaca, pero ese año la ley cambió por la más humana inyección letal. 

El 25 de junio de este año, la Asamblea Nacional de Vietnam retiró la pena capital para delitos de narcotráfico, lo que fue recibido con aprecio por las organizaciones de derechos humanos, pero también con escepticismo, dado que ese mismo día el Congreso también quitó la pena de muerte para el delito de soborno, salvando así la vida de Truong My Lan, dueña del Saigon Commercial Bank y que desvió veintisiete mil millones de dólares, el cinco por ciento del PIB del país. Lan ahora podrá salvar la vida, siempre que devuelva dos terceras partes de lo que se robó.