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29 de Enero de 2023 #301

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DESTRUCCIÓN DE LA DOSIS PERSONAL

O la falta de educación de un pueblo que facilita que lo eDUQUEn con miedo
El pasado 1 de octubre el presidente Iván Duque firmó el decreto 1844 que tiene como objetivo la incautación y destrucción de la dosis mínima de drogas a quien porte y consuma en el espacio público. Después de unos meses en vigencia la medida, toca hacer un análisis frio de los antecedentes, el desarrollo y el futuro que le esperan a estas medidas. 

El pasado 1 de octubre el presidente Iván Duque firmó el decreto 1844 que tiene como objetivo la incautación y destrucción de la dosis mínima de drogas a quien porte y consuma en el espacio público. Después de unos meses en vigencia la medida, toca hacer un análisis frio de los antecedentes, el desarrollo y el futuro que le esperan a estas medidas. 

Abonar el terreno infundiendo miedo, una estrategia muy bien pensada 

A principio de año, y faltando unos meses para las elecciones, el actual presidente anunció en un evento de campaña en la ciudad de Ibagué, que uno de sus objetivos sería la prohibición de la dosis personal de drogas; un anuncio que tomó vuelo con un video del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, su mentor. La justificación que Iván Duque utilizó para su propuesta fue “proteger a los niños y las niñas del flagelo de las drogas”, una excusa aprendida en los 16 años en los que Álvaro Uribe Vélez intentó eliminar la dosis personal de drogas. 

Paso seguido, el entonces candidato solicitó a Samuel Hoyos, representante de su partido el Centro Democrático a la Cámara por Bogotá, que retirara el proyecto de ley de salas de consumo supervisado para consumo de drogas. Un proyecto que ya había surtido satisfactoriamente dos debates en la Cámara y reconocía no solo el porte y consumo de la dosis mínima, sino también el suministro de drogas a consumidores problemáticos. Muchos de quienes participamos asesorando este proyecto siempre tuvimos dudas por el origen conservador del parlamentario que lo proponía, tanta belleza no podía ser cierta y meses después se confirmaron nuestras sospechas. Al final, Samuel Hoyos es un político en ascenso y subordinado a la jerarquía de su partido. 

Pese al incremento en los últimos 15 años de más del 250 % en la judicialización en temas de drogas, el consumo no ha parado de aumentar

Paralelo a los anuncios del ahora presidente, el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez dio inicio a una estrategia de justicia mediática y populismo punitivo para mostrar que el flagelo de las drogas estaba acosando a “los niños y niñas de nuestro país”. El primer anuncio se dio en el mes de febrero, de la mano del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, con una rueda de prensa anunciando la detección de 10.000.000 de dosis de LSD impregnadas en chupetas y gomitas que serían regaladas a los niños en los colegios. Claramente los medios de comunicación mordieron el anzuelo y las chupetas nunca aparecieron, tampoco el LSD y la mayoría de los traficantes quedaron libres a los pocos días. 

Cuatro días antes de la segunda vuelta presidencial, el Fiscal General de la Nación anunció el descubrimiento de dos nuevas drogas en Colombia llamadas ENDI y la Muerte Gris, que eran distribuida una vez más en las entradas de los colegios a “los niños indefensos”. Ante las críticas y las burlas de la sociedad civil contra el fiscal y contra Noticias Caracol, que se prestó para semejante exabrupto, el Observatorio de Drogas de Colombia del Ministerio de Justicia tuvo que salir a desmentir de manera categórica al fiscal en un comunicado del viernes 15 de junio, que decía, entre otras cosas, que “la palabra “endi” corresponde a la sustancia 3,4-metilendioximetanfetamina (MDMA o MD por sus siglas en inglés), usualmente conocida como éxtasis”; que “la detección de esta sustancia no es nueva. De hecho, fue detectada en el mundo hace más de 60 años y en Colombia hace cerca de 20 años”; y que “a la fecha no existe evidencia científica, como consecuencia de análisis químicos que hayan sido realizados en laboratorio que comprueben la presencia de la ‘Muerte Gris’ en Colombia”.

A tres días de las elecciones, con el mismo medio de comunicación implicado y con una rectificación de este tamaño, la estrategia contra la dosis personal de drogas estaba caminando y la alianza entre el fiscal, el Centro Democrático y Noticias Caracol estaba consumada. 

Cuando ya Duque era presidente, pero aún no se había posesionado, el gobierno de los Estados Unidos publicó su informe sobre los cultivos de coca en Colombia, anunciando que habíamos llegado a la cifra “inaceptable” de 209.000 hectáreas. Un documento que es claramente político y con cifras muy superiores a los datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMC), que es el medidor de UNODC (Naciones Unidas Contra la droga y el Delito) que más tarde fijó la cifra en 171.000 hectáreas de coca cultivadas, usando técnicas más precisas, anunciando de paso que cerca de 50.000 ya habían sido erradicadas hasta julio del año 2.018. 

Con todo este contexto de microtráfico, cultivo de hectáreas de coca y repitiendo el lema de que “los niños los más vulnerables”, alcaldes como el de Medellín, Cali, Ibagué y Bogotá entre otros, se sumaron al Fiscal General de la Nación para radicar un proyecto de ley con el que restringir el porte y consumo de la dosis personal, incautar parafernalia, penalizar a los dueños de establecimientos comerciales donde se consuma droga y regular la dosis de aprovisionamiento. Con este impulso asumió Duque el 7 de agosto dispuesto a acabar con la dosis personal de drogas. 

Dosis personal Colombia

Pese a las evidencias de inconveniencia, el decreto se puso en marcha

Según las recomendaciones de la Comisión Asesora de Política de Drogas, los lineamientos de política pública de drogas del Ministerio de Justicia de diciembre del año 2017, así como los del Ministerio de Salud, la OMS, UNODC y la Comisión Global de Drogas, “las acciones en políticas en drogas deben estar basadas en la evidencia, con enfoque de salud pública y respeto por los derechos humanos”. A lo largo del debate generado, ni el gobierno nacional ni sus aliados pudo demostrar que esta medida fuera efectiva y eficaz en reducir el consumo, el microtráfico o en proteger a los niños, tampoco pudieron asociarla con una estrategia de salud pública ni pareció importarles ir contra los derechos humanos al entregar a la fuerza pública poderes propios de la policía judicial. 

Académicos, investigadores, constitucionalistas, así como organizaciones de la sociedad civil, demostraron que pese al incremento en los últimos 15 años de más del 250 % en la judicialización en temas de drogas, el consumo no ha parado de aumentar, tal como indica el informe “Sobredosis carcelaria y Política de Drogas en América latina” de De Justicia. John Anzola indicó que, pese a que Planeación Nacional ya sabía de la poca efectividad de estas medidas, puso en marcha el decreto: "El 98.8 % de los registros de la Policía Nacional en 2015 correspondieron a decomisos de cantidades que se encontraban por debajo de los rangos anteriormente señalados (2 kilos). Sin embargo, la cantidad de droga que se incautó en esas operaciones fue tan solo el 3.3 % del total anual. Para clarificar y resumir: se necesitaron de 172 mil operaciones (requisas, allanamientos, etc.) para incautar tan solo 15.6 toneladas de drogas, de las que 13.4 correspondían a marihuana (100.838 registros), 1.4 a bazuco (50.979 registros) y 0.85 (850kg) eran cocaína (20.106)”. 

Al 97.1 % de los encuestados la medida no les ha hecho dejar de consumir y el 59 % de aquellos a quienes les iban a incautar la droga entregaron dinero a la policía y pudieron evadir la sanción y llevarse su droga

El gobierno nacional tampoco pudo argumentar dónde quedaban los consumidores recreativos con esta medida, dado que frente al decreto se es enfermo o delincuente, ignorando que el Ministerio de Salud reconoce desde el año 2010 la categoría de consumidor recreativo y, para la OMS, el 89 % de las personas que consumen sustancias psicoactivas no tienen problemas graves derivados de este consumo. 

El argumento irrefutable de “cuidar a los niños” y “sacar la droga de los parques” fue desvirtuado de manera contundente. Seguros que nadie pondría en discusión estas posturas por tratarse de los niños, el bien más preciado de la sociedad, los impulsores de esta medida no prepararon más justificaciones o evidencias, simplemente recurrieron a la moral pública. No obstante, diferentes investigadores pudimos demostrar que el principal riesgo para ellos es el consumo de alcohol y tabaco como hábitos que se adquieren en el hogar y que las sustancias psicoactivas llegan a las puertas de la adolescencia de manos de familiares y amigos, y no de expendedores en los parques. 

Distintas drogas

Lo que viene: implementación, demandas, atropellos y justicia mediática

Unas semanas después de la implementación de la medida, el gobierno de Iván Duque y sus aliados publicaban comerciales en televisión y en la prensa escrita indicando que habían realizado más de 19.000 comparendos, de los cuales 320 fueron a menores de edad, que se incautaron 41 kilos de drogas, de los cuales 39 eran de marihuana, y que las ciudades donde más se incautó fueron Bogotá, Medellín y Pereira. También indicaban que habían intervenido 278 entornos educativos y 253 parques. 
 
Paralelo a esto, la Corporación ATS publicaba su informe de seguimiento a la implementación, derivado del sondeo a 1903 consumidores de todo el país, en el que se señalaba que al 97.1 % de los encuestados la medida no les ha hecho dejar de consumir, que el 59 % de aquellos a quienes les iban a incautar la droga entregaron dinero a la policía y pudieron evadir la sanción y llevarse su droga, que el 81.2 % dice que sus descargos no fueron escuchados por parte de la policía. También en el sondeo, el 74.3 % de los consultados declaró que no pagará la multa, el 93.8 % indicó que volvió a comprar la droga que le incautaron, el 55.3 % dijo que el precio de la droga aumentó y el 64.3 % dijo que ahora es más peligroso comprar drogas. 

Paralelo a que el gobierno nacional hace ruedas de prensa cada semana destruyendo “ollas de vicio” de la mano con los alcaldes locales y publica comerciales en televisión y prensa mostrando su punto de vista con el rostro de los sectores populares, por otros lados congresistas, estudiantes, investigadores y abogados agitan en el debate en diferentes escenarios, avanzan en movilizaciones sociales y radican demandas de inconstitucionalidad del decreto. 

Sea como sea, será un año de mucha agitación al respecto mientras el Consejo de Estado, y La Corte Constitucional o una Tutela resuelven la legalidad de la medida, no obstante, cual sea que fuere la respuesta, el consumo de drogas es una práctica que ha acompañado a los seres humanos desde hace miles de años y no por una corta generación que no ha podido entenderla los humanos dejaremos de hacerlo. 
 

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