Amaia saltó por el balcón de su casa en Barakaldo cuando la comisión judicial enviada por La Caixa acudía a desahuciarla. Amparo murió en la UCI mientras Banco Santander aprovechaba para ejecutar su lanzamiento. Todas recordamos la icónica imagen de la impotencia de Carmen, la anciana expulsada de su casa por haber avalado una deuda de su hijo con un prestamista. Durante su desahucio, hubo catorce personas detenidas y hasta el Rayo Vallecano se solidarizó con ella. Rosa murió olvidada por todos en un piso de Reus cuando una vela de las que utilizaba para iluminarse incendió su colchón. Gas Natural le había cortado el suministro por impago.

El derecho a la vivienda es la base para el ejercicio de los demás derechos

Todas estas historias obtuvieron una amplia cobertura informativa, no ya porque resultasen ilustrativas de la realidad de un país, sino porque reunían suficientes elementos dramáticos, victimistas y morbosos para convertirse en un producto mediático fácil de rentabilizar y de utilizar políticamente. Pero ninguna de ellas fue la primera ni la última de una larga serie. Desde el principio de la crisis, se estima que casi medio millón de familias han perdido su vivienda. El desastre no es solo económico.

Cuando alguien es expulsado de su casa no se le priva de solo su derecho material a la vivienda, sino que resulta estigmatizado socialmente y reducido a una condición subhumana. Su propia identidad se derrumba y queda a merced del juicio de los demás, abrumado por la vergüenza. Ni siquiera sirve consolarse con la idea de que vendrán tiempos mejores, pues el futuro queda cegado como un callejón sin salida. ¿Desde dónde volver a empezar, si ni siquiera tienes un punto de partida? Con la casa, desaparecen también los cimientos de la persona y su lugar en el mundo.

El capitalismo, noción que no quisiera aplicar aquí como una simple abstracción, sino como sistema general del mundo y marco conceptual de todos nuestros juicios desde hace dos siglos (el mismo que considera a las personas no como fines en sí mismas, sino como medios para incrementar el beneficio), ignora que haya ámbitos de la realidad que no pueden ser mercantilizados. En los últimos tiempos ha pasado de basarse en la producción material a sostenerse gracias a la venta de futuros; de sacar provecho de la multiplicación de necesidades residuales a explotar necesidades básicas. Es por eso que, siendo la vivienda la necesidad radical, se ha convertido también en la fuente principal de beneficio y de reproducción del propio sistema. Como señalaba el filósofo Walter Benjamin hace un siglo, el capitalismo basado en el crédito es el primer culto no expiante, que no pretende sacudirse la culpa sino multiplicarla hasta hacerla universal.

Los años que vivimos por encima de nuestras posibilidades

Esto, que en las últimas décadas ha sido la tendencia en las sociedades avanzadas, tiene en España una expresión paradigmática. Un conglomerado de causas jurídicas, económicas y culturales hizo posible que, desde finales del siglo pasado, cuando el gobierno del PP aprobó la Ley (de liberalización) del Suelo, la construcción se convirtiese en el motor fundamental de la economía, animada por el flujo incontinente del crédito procedente de las entidades bancarias, que registraban como activos capitales que estaban generando de la nada.

La opinión generalizada pensaba que era preferible comprar vivienda, aunque ello supusiese hipotecarse de por vida, antes que pagar un alquiler sin ninguna expectativa de poseerla. Esta visión era machaconamente promovida por bancos y constructoras, que inflaban la burbuja crediticia a un interés cada vez más bajo, y difundida por los medios de comunicación. La vivienda en propiedad era un valor seguro que nunca se depreciaría. De hecho, los precios no hacían sino escalar impulsados por esta misma visión. El flujo de población inmigrante que buscaba emprender una nueva vida en otro país conformaba un mercado particularmente vulnerable a esta propaganda: la posesión de una vivienda era una forma definitiva de integración y una garantía de futuro para los descendientes. En el 2004 llegaron a proyectarse en España tantas viviendas como en todo el resto de Europa, y se hablaba de “milagro económico”.

En vez de adoptar medidas de emergencia, los gobiernos rescataban a los bancos y emitían leyes que aumentaban la presión sobre los deudores.

Durante los años que duró esta breve bonanza no faltaron críticos que denunciaban el próximo crack de la “economía del ladrillo”, contemplada con sospechas desde Europa. La idea de crecimiento exponencial indefinido es un absurdo lógico, y en términos económicos cortoplacista y oportunista. En el año 2007 colapsó: el precio de la vivienda alcanzó su máximo histórico, al tiempo que las hipotecas empezaron a registrar subidas inasumibles para los trabajadores. Muchos perdieron su trabajo, particularmente en el sector de la construcción, y se encontraron con deudas imposibles de pagar ni de cancelar, dadas las peculiaridades de la Ley Hipotecaria Española, que al contrario que en el resto de Europa no contempla la “dación en pago”. Muchas familias empezaron a ser desahuciadas de su primera vivienda con una deuda que les perseguiría durante toda su vida.

En vez de adoptar medidas de emergencia, los gobiernos rescataban a los bancos y emitían leyes que aumentaban la presión sobre los deudores. Más de tres millones y medio de viviendas quedaron vacías mientras la gente era lanzada a la calle y a un futuro incierto.

Plataformas ciudadanas frente a la incompetencia política

Si me he extendido en pasar revista a estos hechos no es porque no sean conocidos –todas los hemos vivido en primera persona, y en su momento fueron el detonante de una indignación que se extendió por las plazas de todo el Estado–, sino porque marcan el contexto en el que surge una de las expresiones más sorprendentes de movilización popular, un caso excepcional que ha conseguido remover la agenda política y que hoy constituye un referente y un objeto de estudio en todo el mundo. La PAH surge en Barcelona en febrero del 2009 como respuesta a una situación que, si ya resulta reveladora de las contradicciones estructurales del sistema, se manifiesta en el Estado español de una forma exacerbada y particularmente injusta.

La contestación contra la especulación urbanística y la reivindicación de espacios autogestionados había sido una constante desde los tiempos de la transición, con expresiones como las luchas vecinales o el movimiento urbano de okupación, pero nunca tuvo el mismo alcance ni la misma proyección social. Mientras los okupas eran en su mayor parte jóvenes con motivaciones revolucionarias y fuertemente ideologizados, la PAH no surge en torno a una ideología ni a un deseo de cambiar radicalmente el mundo, sino en torno a una amenaza cierta sobre la supervivencia de las personas que se ven arrastradas a la militancia.

Pese a que se trata de movimientos con perfiles distintos, sí que hubo entre ellos un intercambio de experiencias y herramientas. En un primer momento, las acciones marca Stop Desahucios se derivan de una campaña de “V de vivienda”, una iniciativa aparecida tras el reflujo de las luchas contra la globalización económica para denunciar la falta de expectativas de los jóvenes que pretendían emanciparse, del cual procedían muchos de sus activistas. Aunque la PAH nace dos años antes que el 15M, puede afirmarse que ambos movimientos comparten una estructura similar y surgen como respuesta al mismo momento sociopolítico. Y así como la PAH encuentra en el 15M un contexto a partir del cual relanzar sus campañas, le aporta unas reivindicaciones concretas y unos objetivos claros y accesibles sobre los que proyectar sus luchas.

El código genético de la PAH

Lo que todos estos movimientos comparten es que utilizan tácticas y modos de organización víricos, derivados de la crisis de la representación política. En vez de situarse al exterior del sistema para enfrentarlo según la lógica de la barricada, lo infiltran y contaminan poniendo de manifiesto sus contradicciones y buscando soluciones concretas para casos específicos. En vez de promover grandes movilizaciones o revueltas, se apoyan en acciones locales fáciles de replicar por otros núcleos de activistas; se organizan en red, sin líderes ni comités, mediante la articulación de asambleas; los activistas son los propios afectados, reconociendo que los problemas de cada cual son problemas colectivos; utilizan todo el repertorio de acciones de las luchas del pasado, cambiando de estrategia en función del contexto, y, sobre todo, lejos de distanciarse de los medios por su carácter manipulador y espectacular, utilizan de manera competente la comunicación como herramienta de transformación retorciendo sus dinámicas.

Otro aspecto importante del movimiento es su atención preferente y constante a los cuidados. La persona sobre la que pesa una amenaza de desahucio llega rota a la asamblea, con sensación de culpa y de fracaso, sin una experiencia previa en activismo y con poca información acerca de las circunstancias que le han llevado a su situación. La “asamblea de bienvenida”, donde se exponen los casos nuevos y se les asesora acerca de su situación y de los pasos que debe seguir para superarla, suele resultar catártica para muchas. Allí descubren que su problema no es personal, sino que lo comparte con muchas otras personas que han pasado por lo mismo y que están dispuestas a luchar a su lado para resolverlo aportando su experiencia. De esta forma pasan de sentirse víctimas a convertirse en elementos activos dentro del movimiento, asumiendo en muchos casos responsabilidades de la organización.

La plaga toma cuerpo

Esta acumulación de fuerzas y experiencias ha sido clave en la extensión de la PAH. Desde el principio de la crisis, la PAH ha parado más de 2.000 desahucios. Aunque su primera campaña a nivel nacional para plantear al Parlamento una iniciativa legislativa popular (ILP) sobre dación en pago no llegó a ser aprobada en el Congreso, triplicó las firmas necesarias y fue admitida a trámite, obteniendo un apoyo popular casi unánime incluso entre votantes del PP. El propio proceso de captación de firmas sirvió para que la PAH se hiciese consciente de su fuerza y se dotase de una articulación a nivel estatal que cuenta ya con 236 nodos.

Cuando se habla de la PAH, la gente entiende que son “los que paran los desahucios”. Esta imagen no deja de ser un tanto folclórica, ya que las acciones directas contra los desahucios no son sino el último recurso tras agotar un largo proceso.

Cuando se habla de la PAH, la gente entiende que son “los que paran los desahucios”. La imagen de los activistas concentrados frente a la vivienda amenazada de desalojo poniendo el cuerpo frente a los antidisturbios ha sido, efectivamente, su estampa más mediática. Esta imagen no deja de ser un tanto folclórica, ya que las acciones directas contra los desahucios no son sino el último recurso tras agotar un largo proceso que abarca acompañamientos a los afectados, intermediaciones, negociación de alquileres, acciones de presión sobre los bancos, etc. Muchos desahucios consiguen cancelarse de esta forma u obtienen una moratoria antes de llegar a la fecha de lanzamiento.

Ante el número creciente de desahucios y la falta de respuesta de las administraciones y de la banca rescatada con dinero público, la PAH pone en marcha en el 2011 su campaña “Obra social”, bautizada así en referencia irónica a las perfectamente ineficaces campañas homónimas que suelen lanzar las entidades bancarias para lavarse las manos. Lo que se propone es dar solución habitacional a familias vulnerables recuperando viviendas vacías en manos de bancos y de fondos buitre, para a continuación forzarlas a negociar un alquiler social adaptado a los ingresos de las familias. De esta forma se ha conseguido dar alojamiento a más de 2.500 personas, cubriendo una función social que debería corresponder a las administraciones. No es infrecuente que los propios servicios sociales remitan a las personas desesperadas a la PAH, lo que da la medida de hasta qué punto ha llegado a ser reconocida como agente social.

Pasar a la ofensiva institucional

Más allá de dar solución de casos concretos, el activismo de la PAH se aplica también a intervenir políticamente para alcanzar cambios legislativos que garanticen institucionalmente el derecho a la vivienda. Ciertamente, aunque la intervención de la PAH ha salvado a numerosas familias de quedar en la calle, ello apenas supone un logro testimonial con respecto al cómputo general de los casos. Es preciso, por tanto, cambiar los marcos legales para que el recurso a la PAH llegue a ser un día innecesario.

Este es sin duda uno de los puntos que más debates internos y más críticas externas ha suscitado, en la medida en que supone un acercamiento a las instituciones y un reconocimiento de sí misma como una de ellas. Uno de los activos de la PAH es precisamente haber sido un movimiento prácticamente espontáneo que ejerce de forma ejemplar y pacífica la acción directa y la desobediencia civil. Sentarse a la mesa con el enemigo y hablar su lenguaje podría en algún punto cambiar nuestro genoma horizontal y comprometer nuestras prácticas. Pero mientras esperamos el asalto a los cielos y la paz perpetua, no está de más seguir conquistando espacios donde tomar aliento y luchar por la concienciación de las masas y por condiciones de vida más soportables para nuestras compañeras. Al fin y al cabo, no vinimos aquí para hacer la revolución, sino porque nos quedamos sin casa.

Tras el intento relativamente fallido de introducir las propuestas de la ILP sobre vivienda en la legislación española, en julio del 2015 se logró que el Parlamento de Cataluña aprobase una iniciativa más elaborada contra la emergencia habitacional y la pobreza energética. Sin ser ciegos a las circunstancias políticas que pudieron propiciar esto, podemos afirmar que no se trató de una victoria pírrica, por cuanto hemos visto extenderse legislaciones similares en otras comunidades autónomas.

Estos logros parciales dieron alas al movimiento, que inmediatamente lanzó la campaña “Las 5 de la PAH”, que incluía una serie de exigencias mínimas inspiradas en la ILP catalana para que los partidos políticos las incluyesen en su programa de cara a las elecciones. Prácticamente, solo Unidos Podemos y las confluencias se comprometieron a ellas, y no podemos decir que los resultados permitan avanzar mucho en este terreno en la presente legislatura. Pero si las victorias son siempre parciales, las derrotas son enseñanzas. Actualmente existe el propósito de llevar una ILP similar a la Comunidad de Madrid, lo que supondría una oportunidad excelente para relanzar las reclamaciones de la PAH y seguir forzando el reconocimiento de los derechos humanos.

¿Hay futuro?

Se han hecho muchas cosas, pero queda mucho más por hacer. Tras el pico que se produjo en el 2014, coincidiendo con el punto máximo de popularidad de la PAH, existe la percepción de que las cifras de desahucios empiezan a descender y de que estamos en el camino de escapar de la crisis. Se trata de una distorsión de la realidad que solo toma en cuenta las ejecuciones hipotecarias, que obviamente alcanzaron su clímax tras el pinchazo de la burbuja crediticia. El mayor número de desahucios se producen ahora sobre viviendas en régimen de alquiler o viviendas ocupadas como última opción por quienes quedaron en la calle. Estas no constan en las cifras, pero precisamente por eso plantean un drama aún más grave dentro de un escenario mucho más indiferente.

El compromiso de la PAH con el problema de la vivienda en toda su extensión no ha calado en la opinión pública de la misma forma que lo hicieron sus campañas contra los desahucios hipotecarios, quizá porque la gente percibe esta problemática como una cuestión marginal e incluso como un asunto de seguridad. Por otro lado, los intentos de la PAH de intervenir políticamente interpelando a los partidos y a las instituciones para tratar de influir en las elecciones no han alcanzado hasta el momento su objetivo, lo que ha supuesto cierto desgaste interno, así como de cara a la opinión pública, que no ha optado en esta etapa por la llamada “nueva política”.

Finalmente, la intermediación de los municipios “del cambio” en algunas de las ciudades donde con mayor fuerza estuvo presente la PAH, aunque lejos de aportar soluciones estructurales que no entran dentro de sus atribuciones, ha extendido la idea de que los desahucios no son ya una emergencia, gracias a medidas profilácticas que no enfrentan el problema en profundidad, pero que restan protagonismo a la PAH. No olvidemos que entre las armas más eficaces con que esta ha contado están la práctica de la desobediencia civil y la posibilidad de presionar directamente a bancos y fondos buitre, algo que no puede hacerse de la misma forma por la vía institucional.

Todo parece indicar que la PAH ha cubierto su época heroica justo ahora que ha logrado consolidar su estructura. Se trata entonces de apuntalarla, porque el ciclo épico de la PAH aún no se ha cerrado, ni han remitido los problemas estructurales a que se enfrenta. Probablemente algún día habrá que enterrarla, o peor aún, habrá que acabar con ella. Por el momento no solo es la mejor herramienta de que disponemos para enfrentar a los poderes económicos, sino también la única capaz de aglutinar un frente social amplio en torno a algo que podríamos identificar como la nueva “lucha de clases”.