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Para que todos tengan techo en España, el Estado debe intervenir decisivamente.
Para que todos tengan techo en España, el Estado debe intervenir decisivamente. Foto: Álvaro Minguito Dino Press

Asistimos en España a un despliegue de noticias relacionadas con la vivienda que tienen que ver más con reivindicaciones populares de rechazo a despiadados embargos o desahucios que con una política oficial dispuesta a resolver los problemas enquistados desde hace décadas a causa de una auténtica dejación de responsabilidades por parte de los poderes públicos.

Es cierto que, sobre todo en determinados municipios, se están implementando medidas para paliar en lo posible los efectos perversos de una estrategia oficial que dejó en manos del sistema financiero la capacidad real de atender las necesidades de alojamiento, ya que este asunto se tornó fastidioso tanto para la Administración central como para las autonómicas.

Pero esta oportuna intervención municipal constituye un singular parcheo que no solo no resuelve satisfactoriamente más que algunas demandas coyunturales, sino que contribuye, inadvertidamente, a diluir el origen estructural de las múltiples causas que contribuyen a que la vivienda en España sea una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.

La solución vendrá cuando se aborde el problema con rigor e integralidad o, sencillamente, no vendrá, y la casa para todos seguirá siendo una utopía. Se debería partir de una cuestión muy simple: hay que conocer y satisfacer las necesidades reales de la gente y no las apetencias especulativas de los bancos y del sector promotor de la construcción.

La gente solo quiere una casa que sea asequible y, además, suficiente y confortable.

Para que sea asequible, que es la primera y principal condición, una unidad familiar no debe gastar en la casa, sea en alquiler o en compra, más del 15% de sus ingresos mensuales.

Para que sea suficiente, una casa debe cumplir unos estándares básicos, no solo en superficie sino, sobre todo, en volumen habitable. Lo razonable en estos tiempos es que una persona pueda disponer de un estándar de 15 m2 y 45 m3, que para una familia de cuatro miembros supone una casa con 60 m2 de superficie útil (sin contar paredes) y 180 m3 de espacio interior.

Para que una casa sea confortable no basta con que sea asequible y suficiente: ha de contar con los servicios básicos de agua, electricidad y alcantarillado, y ser estanca a las aguas externas, así como debidamente aislada térmica y acústicamente.

¿Cuánto cuesta construir en España una casa de 60 m2 y con las condiciones antedichas?: no más de 500 euros el metro cuadrado. (Hay provincias en España que mantienen un precio medio de vivienda nueva por debajo de 1.000 euros/m2 y otras donde el precio medio supera los 2.000 euros/m2).

Si hacen las cuentas, para una casa de 60 m2 útiles y 75 m2 construidos comprobarán que la construcción en sí no llega a los 50.000 euros, a los que hay que añadir un 15% del precio del suelo, otro 15% de gastos de profesionales que intervienen (desde el arquitecto hasta el registrador de la propiedad) y un último 15% del beneficio para el promotor.

Hagan ahora las cuentas al revés y calculen, a partir del salario medio en España (21.500 euros) y de una familia de cuatro miembros que ingrese 1,5 veces el salario medio, cuánto le supondría dedicar el 15% de esos ingresos a la adquisición de la casa durante otros quince años, y verán que aún les sobrará dinero.

Naturalmente que esta “teoría del 15” no va a ser aceptada ni por los dueños del suelo ni por constructores ni por promotores ni por el sector financiero, acostumbrados a beneficios muy superiores y a imponer sus “leyes” sin control administrativo suficiente.

Para que todos tengan techo en España, el Estado debe intervenir decisivamente. Y debe hacerlo desde la necesaria reforma de la Constitución para mejorar los párrafos dedicados a la vivienda y a la especulación; para redactar una Ley Básica, similar a las que rigen la Sanidad y la Educación; para modificar paquetes legislativos vinculados al urbanismo y la contratación de obras; para crear un Banco Público que se ocupe de financiar a las familias necesitadas, y para impedir que la Banca Privada siga interviniendo en estos asuntos y lucrándose de manera escandalosa.

La gente en España ha de sacudirse de encima el terror a ser desahuciada y a perder el lugar en que habita. Una casa “de familia” no puede ni debe ser embargada, y para ello hay que legislar con la voluntad política necesaria como para que esta lacra desaparezca de nuestra sociedad.

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