La legalización, la travesía por el desierto. Ilustración de Martin Elfman
Ilustración: Martin Elfman

La legalización, la travesía por el desierto

Este artículo se publicó originalmente en el número 264 de la revista Cáñamo España

En los últimos años, multitud de formaciones políticas y bastantes políticos con nombre y apellidos han mostrado su compromiso con la causa de la legalización. A pesar de las intentonas legislativas a nivel autonómico e incontables sinergias entre políticos y movimiento cannábico, los resultados son del todo insuficientes. Queda claro que la llave de la legalización está en las Cortes Generales. Las actuales posiciones de los partidos hacia el cannabis nos evidencian que es el PSOE quien marcará el tempo de la legalización. En el presente artículo analizamos cómo las buenas intenciones políticas carecen de sentido si no se articulan a nivel estatal.

El éxodo del pueblo judío supuso que este vagase por el desierto durante cuarenta años. Moisés, el profeta, guio a su pueblo desde Pi-Ramsés, en Egipto, hasta la tierra prometida de Judea, a la otra orilla del rio Jordán. La distancia entre ambos puntos es de casi mil kilómetros, es decir, avanzaron una triste media de veinticinco kilómetros por año. No cabe duda de que sufrieron multitud de vicisitudes que ayudan a explicar por qué cada año caminaron lo que se anda en un día, pero desde nuestra lógica actual nos parece una media inverosímil, casi un desacato. Si Moisés tuviese que competir con las exigencias actuales, no cabe duda de que tendría una puntuación malísima en el Tripadvisor de guías de pueblos elegidos. Creo que este tipo de lecturas también las podrán realizar en el futuro las personas que intenten entender el proceso de legalización del cannabis en España. De bien seguro que se preguntarán: ¿cómo puede ser que tardaran tanto en legalizarlo cuando la reforma de las políticas del cannabis era tendencia mundial, había un notable consenso social y era cuestión de enmendar unas pocas leyes? La distancia histórica provoca ceguera sociocultural. Podrá parecer que España tardó mucho, demasiado, pero la realidad es compleja, demasiado. Veámoslo.

Promesas políticas

En los últimos años, el activismo cannábico ha trabajado incesantemente para influir en las esferas políticas con el objetivo de conseguir la anhelada reforma. Si hace unos años las relaciones con los políticos eran más bien esporádicas y de escaso calado, en la actualidad todos los partidos políticos disponen en cada comunidad autónoma de algún referente en materia de cannabis. Las sinergias entre los partidos políticos y los agentes cannábicos son de una exquisita normalidad. La cuestión del cannabis se ha discutido en casi todas las cámaras legislativas autonómicas. En algunas, como Navarra y Cataluña, a través de una iniciativa legislativa popular (ILP). En otras se han aprobado resoluciones que instaban a la Cortes Generales a estudiar la reforma de las políticas del cannabis. Aunque bien sabemos que las dos ILP citadas terminaron anuladas por el Tribunal Constitucional y las Cortes, hasta la fecha, ha hecho oídos sordos a las demandas autonómicas. De momento, a pesar de que la abogacía del Estado tomó cartas en el asunto, el único avance legislativo en materia de cannabis es el artículo 83 de la Ley Vasca de Adicciones, que, aunque no regula los clubes sociales de cannabis, reconoce su existencia. Este reconocimiento puede parecer una nimiedad, pero es de suma importancia por su carácter simbólico. Y más si tenemos en cuenta, a pesar del enorme bullicio, los magros resultados obtenidos en los otros territorios.

En foros, jornadas y contextos de discusión hemos presenciado en multitud de ocasiones cómo políticos de todos los colores nos han prometido que trabajarán incesantemente para que la legalización sea una realidad. Por ejemplo, en el II Foro Cannábico celebrado en noviembre del 2018 en la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona, todos los políticos (el PP omitió la invitación) se mostraron totalmente de acuerdo en normalizar la actividad de los clubes y legalizar el cannabis. Cada uno con sus matices, pero todos a favor de la legalización. También, en clave estatal, algunos políticos de todos los partidos –menos el PP, claro– han mostrado su compromiso con la legalización. Bien, también el PP contó con un miembro díscolo, Eduardo van den Eynde, que cuando era portavoz de la formación conversadora en el Parlamento cántabro pidió la legalización del cannabis (medicinal); posición que disgustó en Génova, que tomó cartas en el asunto para aplacar la voz disidente.

Tal vez el acto político de mayor impacto, porque se celebró en la Sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados, fue la jornada organizada por Podemos el 17 de octubre de 2018, en la cual por primera vez un secretario general pedía, sin matiz alguno, la legalización integral del cannabis. Pablo Iglesias inquirió agudamente: “El debate no es si hay que legalizar el cannabis, sino cuándo y cómo. Y tras ver las experiencias en algunos estados de Estados Unidos, Uruguay y Canadá, creo que a España le conviene mucho ser el primer país europeo en legalizar la marihuana: ser un referente para Europa. Porque será una gran oportunidad para obtener grandes beneficios en todos los aspectos. Y sin hipocresías, porque ocurrirá”. Además, anunció que la formación morada trabajaba en una ley que daría respuesta a las demandas del movimiento cannábico.

En términos generales, las intenciones de los políticos han sido buenas, pero hasta la fecha todas sus propuestas, muy a nuestro pesar, han quedado en agua de borrajas. Estoy convencido de que no estamos ante cínicos discursos, sino que la realidad ha sido extremadamente tozuda. Por ejemplo, Miguel Vila, en el número 253 de Cáñamo (enero del 2019), nos dio mayor detalle de la ley anunciada por Iglesias. Aseveraba que la ley integral del cannabis propuesta por Podemos, aunque no prosperase, se debatiría en el Congreso de los Diputados. Habría tal discusión, nos aseguró Vila, y la cuestión del cannabis entraría en la agenda política y ya no saldría hasta su legalización. Pero ¿qué pasó? Que fue imposible aprobar los Presupuestos Generales del Estado, se disolvieron las Cortes y hemos sufrido dos elecciones generales. La intención era buenísima, pero la realidad la ha aplastado. Otro ejemplo, en clave autonómica: Gemma Espigares (diputada al Parlament por Esquerra Republicana de Catalunya), en la entrevista que concedió para Cáñamo en diciembre del 2018, apuntó que el Parlament recuperaría por la vía de urgencia un conjunto de leyes anuladas por el Tribunal Constitucional, entre ellas, la ley catalana de asociaciones cannábicas. ¿Han visto alguna restitución? Pues no. El Parlament carece de capacidad para volver a reactivar una ley anulada por el Tribunal Constitucional. Si en Cataluña queremos una ley de asociaciones cannábicas, tendremos que volver a empezar de cero. Y nada nos hace pensar que una hipotética nueva ley, sin el permiso de Madrid, no termine también anulada como su precursora. ¿Quién quiere volver a intentarlo?

Competencia estatal

La legalización, la travesía por el desierto. Ilustración de Martin Elfman

La reforma de las políticas del cannabis es una competencia única y exclusiva del Estado. A estas alturas de la travesía, queda claro que la única puerta a llamar es la del Congreso de los Diputados. Y, tal como están las posiciones de los diferentes partidos, insistimos en que la pieza clave de la reforma es el PSOE. Podemos es partidario de la legalización. En su programa electoral del 10-N propuso “despenalizar el cannabis y legalizar su uso con fines medicinales”. Ciudadanos, después de mostrarse partidario de la legalización integral, en los últimos tiempos aboga exclusivamente por la regulación terapéutica, como así lo recoge su programa. Más País también está totalmente a favor de la legalización del cannabis, como así lo confirma el artículo publicado el 13 de octubre de 2019 en la Tribuna de El País; un artículo, firmado por Errejón y Jorge Moruno, que es un alegato a favor de la regulación integral del cannabis. El PP ni está ni se le espera, y de VOX, mejor ni hablemos.

¿Y el PSOE? Pues atisbo un escenario a medio plazo poco halagüeño. En el programa electoral de las elecciones del 28 de abril de 2019 proponía “constituir una comisión de estudio para abrir un debate en profundidad sobre el conocimiento del cannabis y sus efectos sobre la salud”. Es decir, una propuesta que se ponía de lado, pero, a fin de cuentas, el cannabis estaba en el programa. Ni era un no rotundo ni tampoco una posición favorable. Casi era una propuesta que venía a decir: “a ver cómo soplan los vientos internacionales”. Y bien sabemos que la lógica reformista es viento de cola para que los indecisos aboguen por la legalización. Ahora constatamos que la situación está peor porque el PSOE eliminó, en su programa electoral del 10-N, cualquier referencia al cannabis. Nada. Ni estudio. Ni comisión. Ni posiciones intermedias. Una propuesta política idéntica a la del PP: ninguna propuesta. Esta omisión programática del cannabis la podíamos intuir cuando en los últimos meses escuchábamos las declaraciones de la ministra de Sanidad. La doctora Carcedo ha dejado claro, por activa y por pasiva, que la legalización del cannabis, ni que sea la vertiente medicinal, no está en la agenda socialista. Ahora queda claro en su programa. Si durante años el PSOE ha sido el partido que tenía la llave maestra para legalizar el cannabis, ahora la ha guardado bajo cuarenta candados.

En esta nueva legislatura veremos cómo cristaliza la cuestión del cannabis en las Cortes Generales. Pero, sin un PSOE receptivo, parece claro que pintan bastos para que avancemos en la legalización. Y ya no solo para la regulación integral que defiende la izquierda, sino al menos para una legalización del cannabis medicinal, como al menos aboga Ciudadanos. Parece que, si depende de la política partidista española, la travesía por el desierto continuará una legislatura más (por lo menos). Por tanto, creo que será una buena opción dejar de escuchar a políticos que, a modo de espejismo, nos muestran su apoyo a la legalización, pero rápidamente constatamos que las promesas son una mera ilusión, por no decir humo.

Queda por ver cómo soplan en el mundo los aires reformistas. Cómo influye la reclasificación del cannabis en los convenios de fiscalización. Y, aunque parezca tema menor, no es baladí la propuesta de Luxemburgo de legalización integral del cannabis. Una reforma que podría impactar en la línea de flotación de las políticas prohibicionistas europeas y hacer saltar por los aires el actual ordenamiento jurídico. Bueno, tal vez no será tan revulsivo, pero al menos será un empujón para encontrar la senda que nos debe permitir salir del desierto. Otra discusión es que tal vez en esta travesía tenemos demasiados profetas.

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