La declaración del estado de alarma del pasado 13 de marzo obligó a las asociaciones de consumidores de cannabis a cerrar sus puertas por no estar incluidas en la lista de servicios esenciales decretada por el gobierno. Sin apenas tiempo para que los usuarios de cannabis pudieran aprovisionarse de cogollos y derivados cannábicos, los responsables de la mayoría de los clubs echaron el cierre de un día para otro y dejaron a decenas de miles de usuarios recreativos y medicinales sin su vía de abastecimiento habitual.

Ante esta situación, la mayoría de los usuarios se vieron obligados a recorrer al mercado negro. Unos pocos clubs mantuvieron el contacto y la distribución de cannabis con los socios durante algunos días de la pandemia, haciendo entregas a domicilio y asumiendo el riesgo de ser interceptados y denunciados por tráfico o tenencia; pero la mayoría de los usuarios no tuvo esta suerte. El estado de alarma también afectó negativamente al mercado ilegal de cannabis, y los numerosos controles policiales pusieron a los traficantes en mayores dificultades para transportar y distribuir la mercancía. El aumento de la demanda provocado por el cierre de las asociaciones y las dificultades para traficar conllevaron una subida del precio del cannabis, que alcanzó en algunos casos los diez euros por gramo en ciudades en las que en condiciones normales se vende a la mitad de precio. Los cogollos de cannabis, un bien de consumo que en condiciones normales está al alcance de la mayoría de la población que lo utiliza en cuestión de uno o dos días, pasó a ser un bien escaso y difícil de conseguir.

Las personas más afectadas por el cierre de los clubs fueron los pacientes que usan la planta como tratamiento para sus enfermedades y dolencias, a los que la falta de abastecimiento comprometió su salud y calidad de vida. Muchos de ellos, acostumbrados a acceder al cannabis a través de los clubs, se vieron obligados a buscarse la vida en un mercado negro debilitado y encarecido por la pandemia, exponiéndose a consumir variedades de cannabis a las que no estaban acostumbrados, que en algunos casos no alivian igual sus dolencias, y con mayores probabilidades de obtener productos contaminados o de peor calidad.

Ante esta situación, la Unión de Pacientes por la Regulación del Cannabis pidió una reapertura controlada de las asociaciones cannábicas para las personas que usan el cannabis con fines terapéuticos en España. “Los pacientes están desesperados”, explicó la presidenta de la Unión de Pacientes al diario Público, estimando que entre doscientas mil y quinientas mil personas podrían estar usando cannabis con fines medicinales en España. Siguiendo una lógica similar, pero en este caso para todos los usuarios de cannabis, varias asociaciones de distintas partes del estado elevaron peticiones formales a las administraciones de ayuntamientos y comunidades autónomas para pedir el reconocimiento de los clubs cannábicos como un servicio esencial. Esta consideración hubiera permitido a las asociaciones seguir abiertas durante la pandemia, de igual modo que los estancos o los dispensarios de cannabis de países con un mercado regulado.

Sin embargo, ninguna de las peticiones fue concedida, y los clubs tuvieron que esperar al plan de desescalada del gobierno para recuperar su actividad. Tras mantener conversaciones con distintos grupos parlamentarios, la Confederación de Asociaciones Cannábicas (ConFAC) recomendó abrir durante la fase 1 restringiendo el aforo hasta diez personas, y presentó un código de buenas prácticas para la reapertura de los clubs durante la desescalada. A partir de la fase 1, los clubs volvieron a abrir atendiendo a los socios únicamente a través de cita previa y limitando severamente el aforo para evitar aglomeraciones. Para la reapertura, los clubs incorporaron nuevas medidas de distanciamiento e higiene, como la instalación de mamparas de cristal o plástico en recepciones y dispensarios o la obligación del uso de mascarilla para los trabajadores y los socios. También se llevó a cabo la desinfección continua del material de uso común –grinders, bongs y vaporizadores– y de los espacios de consumo.

Con la entrada en las fases 2 y 3 se habilitaron espacios que se habían mantenido cerrados, como cuartos de baño y barras de comida y bebida, y se volvió a permitir el uso de objetos lúdicos de uso compartido como juegos de mesa y consolas. La evolución de las fases permitió que los clubs aumentaran progresivamente el aforo hasta alcanzar un número similar al de antes de la pandemia. Con el fin del estado de alarma y la llegada de la llamada “nueva normalidad”, muchas de las medidas aplicadas se han relajado. Otras, como la separación de espacios o el uso de mamparas, mascarillas y material higiénico, se mantienen. Ahora, ante la amenaza de una posible segunda oleada de contagios, los clubs y los usuarios de cannabis, un colectivo al que en condiciones normales no se le reconocen derechos, temen volver a quedar abandonados por un gobierno que no atiende sus necesidades.

Perdona, ¿sabes dónde puedo conseguir marihuana?

En la ciudad de Barcelona, en el barrio donde resido, un hombre más cerca de los cincuenta que de los cuarenta me paró por la calle para preguntar si sabía dónde podía conseguir marihuana. El hombre iba paseando el perro en los días en que solo se podía salir para eso y para comprar alimentos y medicinas. Que una persona desconocida te pregunte por cannabis por las calles de Barcelona es una situación que en condiciones normales solo sucede con turistas que llegan de nuevas a la ciudad o con individuos que no consumen habitualmente, pero a los que una noche de juerga les abre el apetito cannábico. No era el caso: era mediodía y el hombre vivía en el barrio. Conseguía el cannabis a través de una asociación que había sido clausurada por el confinamiento, no tenía otras vías de abastecimiento y no sabía dónde acudir. Piensen qué pasaría si el gobierno hubiese imposibilitado el acceso al tabaco clausurando los estancos. Además de provocar la aparición de un mercado negro de contrabando en cuestión de días, probablemente se hubieran producido saqueos a estancos por parte de consumidores desesperados que de un día para otro se habrían quedado sin tabaco. ¿Se repetirá la vulneración de derechos que han sufrido los usuarios de cannabis si vuelven a confinarnos?