En la actual legislación penal brasileña la tenencia o el uso de cualquier tipo de sustancia de las llamadas “drogas ilícitas” –marihuana, coca, crac y otras–puede suponer hasta quince años de cárcel en régimen cerrado. El último cambio legislativo, que ocurrió en el 2006, era ambiguo y dejaba a la autoridad policial el poder de discriminar si el detenido era usuario o traficante, lo cual ha supuesto que en una década la población reclusa casi se haya duplicado, con casi un sesenta por ciento de presos encarcelados por delitos relacionados con las drogas. Es importante recordar que, antes de las políticas globales de Nixon, en Brasil la prohibición ya era una realidad en la legislación local; una ley de 1930 prohibía el uso del pito de pango (‘porro’) para los negros, mestizos y otros “vagos”.
Antes de las políticas de Nixon, en Brasil la prohibición ya era una realidad: una ley de 1930 prohibía el uso del pito de pango (‘porro’) para los negros, mestizos y otros “vagos”
En la década de 1930, la llamada “Lei da vadiagem” –similar a la Ley de Vagos y Maleantes que había también en España en aquella época– obligaba a las personas a tener su carta de trabajo si no querían ser detenidas. Una ley que sirvió como excusa para fines racistas y criminalizadores de la marihuana, la capoeira y la samba, frutos de la cultura de las personas negras esclavizadas llegadas desde África al Brasil.
Actualmente, la samba y la capoeira son patrimonios culturales brasileños y mundialmente conocidos y reconocidos como parte de la vida de la mayoría de los brasileños. Sin embargo, la marihuana sigue marginalizada y prohibida para la población negra o más pobre de todas las ciudades brasileñas, aquellos que más sufren las continuas torturas, los tiroteos, las desapariciones forzadas, las violaciones de sus derechos e incluso los asesinatos, que, en el 2016, llegaron a ser más de sesenta y dos mil personas, según datos del Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
En contrapunto, la realidad de la población de clase media ostenta una gran cantidad de privilegios sociales en el uso recreativo o medicinal de la marihuana. Hay en Río de Janeiro cerca de ochocientas favelas, y las personas que allí se fuman un porro, si tienen la desgracia de cruzarse con un agente, lo más probable es que reciban insultos y golpes por parte de él. En locales frecuentados por la población de clase media, en cambio, lo máximo que pasará es que tenga que apagar su porro y en pocos minutos todo vuelva a la normalidad.
Lo mismo pasa con los cultivadores, los privilegiados sociales, sea para uso medicinal o para romper su conexión con las bandas de narcos, no son arrestados. Pero otra suerte corre, por ejemplo, cualquiera de los cerca de dos millones de personas que viven en las favelas de São Paulo si les da por plantar sus matas.
El escenario en Brasil sigue los vientos de cambios, aunque de los dieciocho proyectos en el Congreso Nacional solo cuatro tienen una posición favorable al fin de la guerra contra las drogas y en favor de la reglamentación de la marihuana. Uno de ellos, el proyecto 10.549/2018, fue presentado este año por el congresista Paulo Teixeira, del Partido de los Trabajadores (PT), con el objetivo de actualizar la legislación con respeto a los derechos humanos en general. En caso de aprobación del proyecto, la posesión, cultivo, transporte y consumo quedarían despenalizados: el usuario podría poseer hasta cuarenta gramos de marihuana por mes y hasta seis plantas femeninas con cogollos. La nueva legislación también prevé las asociaciones de cultivo colectivo y el cultivo individual, sea como medicina o para su uso personal.
“La droga es cuestión política”
En la última semana de julio, la Plataforma Brasileira de Política de Drogas (PBPD) lanzó una acción bajo el lema “La droga es cuestión política”. La PBPD es un grupo que reúne a cincuenta organizaciones que actúan por la reducción de la violencia y los daños ocasionados por el prohibicionismo. La acción tiene como objetivo central aclarar quiénes son los candidatos que apoyan la despenalización, el autocultivo o solo el uso medicinal, independientemente del partido o su ideología política.
“Queremos conectar a los electores con candidaturas comprometidas con una construcción de una política de drogas más justa, humana y eficaz. Un cambio es posible en los próximos cuatro años”, señala la PDBD. Hasta ahora son más de doscientos los inscritos entre diputados, senadores y gobernadores. Al cierre de este artículo, dos candidatos a la presidencia apoyan esta iniciativa, Guilherme Boulos, del Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), y Vera Lúcia, del Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU).
“La favela es un territorio conservador. Hay mucha gente que cree que en todas las terrazas de la favela van a poder plantar matas de marihuana y que la gente va a vivir ahí con la producción en sus casas; esto no es real”, dice Daiene Mendes
Para Gabriel Elias, coordinador de relaciones institucionales de la PBPD: “En los últimos años se han dado avances en la sociedad acerca de la reforma de la política sobre drogas, aunque hay muchas dificultades para que el debate llegue al Congreso. Por eso decidimos crear esta iniciativa, para que los electores puedan tenerlo en cuenta a la hora de definir sus votos”.
El diputado Paulo Teixeira confirma la opinión de Elias: “Los proyectos no avanzarán en sus tramitaciones porque hay una mayoría en el Congreso que impide cualquier debate acerca del tema”. Pero el camino no está del todo cerrado: “Además del reciente proyecto, hay otros dos presentados desde 2014 en la Cámara de los Diputados, más otro que se llevó al Senado por iniciativa popular. Creemos que en la próxima legislatura habrá más parlamentarios elegidos con un compromiso de cambiar la política de las drogas en Brasil”, confía el coordinador de PBPD, que resalta también el aumento del apoyo a la despenalización de la marihuana en los últimos cinco años de un veinte hasta un treinta y dos por ciento de la población, según la oficina de investigación Datafolha: “Ese cambio en la opinión de los brasileños cambiará también la estrategia de los candidatos que deben llevar la reforma de la política de drogas como una bandera electoral”.
Los movimientos de cambio
Quien también comparte esa visión es Daiene Mendes, periodista de Río de Janeiro que ha colaborado con The Guardian y forma parte de Movimentos, un grupo de jóvenes de favelas y periferias de Brasil que cree que una nueva política de drogas es urgente. Mendes vive en Complexo de Alemão, un barrio de favelas con más de ciento veinte mil personas según datos de organizaciones locales, aunque los datos oficiales del 2010 rebajan la cifra a sesenta y nueve mil vecinos. “Históricamente –dice la periodista carioca–, las personas de las favelas, los pobres, los negros siempre estuvieron alejados de todos los lugares de decisión. Es difícil imaginar cómo esta gente podría contribuir al cambio de un escenario o a la formación política de algo si nunca se ha visto insertada en ninguna política pública. Esto empezó a cambiar un poco en el gobierno de Lula, cuando vienen las obras del PAC [Programa de Aceleración del Crecimiento, que hizo algunas obras de infraestructura en algunas favelas] y la gente empieza a tener una noción de gobierno, de Estado hacia dentro de la favela”, dice Daiene.
Complexo do Alemão es una localidad que tiene quince barrios a su alrededor y que sufre directamente los conflictos armados, ejecuciones sumarias y violaciones de los derechos más fundamentales como el saneamiento básico o el acceso a salud y educación, ya que los centros cierran cuando hay tiroteos. Es un área que tiene una gran potencia cultural y musical, como demuestran las habituales batallas de gallos, donde la poesía y el rap improvisado se entremezclan en las inspiradas rimas de los contendientes; espectáculos que no cuentan con ningún incentivo gubernamental.
“La favela es un territorio conservador. Hay mucha gente que cree que en todas las terrazas de la favela van a poder plantar matas de marihuana y que la gente va a vivir ahí con la producción en sus casas; esto no es real. La favela todavía está conectada con preceptos religiosos. Yo suelo decir siempre que en la favela hay muchas más iglesias que puntos de venta de drogas. Cuando se habla de cambios hay que tener en cuenta la realidad de este escenario”. Daiene Mendes responde también por qué en las favelas se tiene una percepción sobre las drogas como algo “maligno”: “La gente aquí está más cerca de los efectos negativos de la política de drogas que de los efectos positivos que las drogas nos puedan proporcionar. Hay una percepción sobre drogas por experiencias muy cercanas de personas con problemas de abuso; la referencia es siempre negativa”.
En el último año, en la ciudad de Río de Janeiro la red municipal de educación funcionó en su totalidad solo catorce días, de los ciento noventa y ocho de clases. En ciento ochenta y cuatro días del 2017, en la ciudad de Río de Janeiro, al menos una escuela se quedó cerrada por causa de la violencia armada, según datos de la Secretaria Municipal de Educación. Esto es una consecuencia de la supuesta guerra contra las drogas, que en Río de Janeiro y otras ciudades de Brasil afecta sobre todo a la población que tiene menos recursos y peor acceso a las políticas públicas, allí donde el Estado se hace presente únicamente con su brazo armado. Desde febrero, un decreto del gobierno federal puso a la ciudad de Río de Janeiro bajo intervención militar. Estamos hablando de una ciudad en la que en el último año, de media, fue asesinada una persona cada ocho horas por la acción policial, según datos de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP-RJ). Solo entre febrero y junio del 2018 fueron asesinadas seiscientas nueve personas en la ciudad, el número más grande desde el 2008. En junio del 2018 fueron nada menos que 155 los caídos en enfrentamientos con la policía, doce de ellos agentes de policía.
Para el abogado y consultor jurídico Emilio Figueiredo, de la Red Jurídica por los Cambios en la Política de Drogas (Reforma, en portugués), no habrá buen cambio sin reparación histórica para los moradores de las favelas: “No se puede reglamentar la marihuana sin una reparación histórica. Cualquier modelo que se piense hoy tiene que privilegiar los puntos tradicionales de venta, contar con las personas afectadas por la violencia. No es posible pensar en legalizar excluyendo esta realidad. Prefiero que se retrase la legalización y hacer un modelo coherente con la realidad de Brasil que andar con prisa y hacer un modelo malparido como muchos quieren acá”.
