Uruguay, 31 de enero de 2011. En el hemisferio sur del planeta, el cannabis está cerca de comenzar su floración y Alicia Castilla se prepara para el momento más anhelado del cultivo. En las primeras horas de la mañana, esta escritora argentina de 66 años está regando sus 29 plantas que tiene en el jardín de su casa del Fortín de Santa Rosa, una pequeña localidad de 300 habitantes ubicada en el Departamento de Canelones. Hasta que unos gritos la interrumpen.

“¡Policía! ¡Abra la puerta!”, escucha Castilla, seguido de unos duros golpes a su reja. Un vecino la había denunciado. Durante el allanamiento, los efectivos encontraron unos 24 gramos de cannabis, además del cultivo. La señora es detenida en el acto y acusada del delito de producción de sustancias estupefacientes prohibidas. Estará presa unos 95 días, aunque su causa judicial continuará abierta un par de años más.

Rápidamente, el caso de Castilla toma relevancia pública y la escritora pasa a ser conocida como “la abuela de las plantas”. Los medios escriben su historia y ella incluso brinda varias entrevistas. En ese contexto, Daniel Vidart decide comunicarse con Castilla. Él tiene 93 años y es uno de los intelectuales más importantes del país.

Vidart fue dirigente del Movimiento de Independientes 26 de marzo, fundado a principios de la década de 1970. Esta organización funcionó como el brazo político del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, la expresión armada más relevante del Uruguay que impulsó la guerrilla urbana y de la cual uno de sus máximos referentes fue el expresidente José “Pepe” Mujica. En ese momento, Vidart está escribiendo un libro sobre el cannabis y por eso le interesa conocer a Castilla. Lo titulará Marihuana, la flor de cáñamo y lo presentará en la Feria del Libro de Montevideo, un acto al que asiste su amigo Pepe, en 2014.

“Yo había leído alguna cita, pero realmente no estaba al tanto de quién era. Fue muy amable por teléfono. Le llevé un libro mío y le dije que tenía una gran colección y material sobre la marihuana y los puse a su disposición”, cuenta Castilla en una entrevista realizada por Lamañana.uy.

El vínculo entre Castilla y Vidart se vuelve cada vez más intenso, entre conversaciones y humo de flores. En 2014 contraen matrimonio. En esa relación, el antropólogo se convierte en un fumeta más mientras escribe su libro, en un recorrido con cultivadores de Chile, Argentina y Uruguay. 

Según cuenta Castilla, Vidart fue una de las personas que más le insistió a Mujica para que terminase la prohibición del cannabis. Ellos no solo eran viejos amigos desde la época de la guerrilla, sino que el antropólogo también fue consejero personal del presidente. 

Desde 2010, el “Pepe” era presidente de Uruguay y estaba cumpliendo el segundo mandato del Frente Amplio, la fuerza progresista que en 2005 terminó con décadas de gobiernos de derecha. Es una era que se conoce como el Giro a la izquierda en Latinoamérica: una alianza entre naciones sudamericanas compuesta por Hugo Chávez, en Venezuela; Lula da Silva, en Brasil; el matrimonio Kirchner, en Argentina; Rafael Correa, en Ecuador; y Evo Morales, en Bolivia. Es el momento de los cambios profundos y radicales. 

Mujica toma entonces una de las decisiones más osadas de su presidencia y promueve la legalización del cannabis con el uso recreativo de la planta como punta de lanza para combatir al narcotráfico. Ahora ya no se intensificará la Guerra contra las drogas. La idea es que el Estado se haga cargo de regular el acceso al cannabis con el foco puesto en la salud pública. Las bases de la organización política abrazan el apoyo del “Pepe”, ya que varios sectores venían reclamando un cambio de legislación, y se ponen en marcha diferentes campañas.

En ese momento, las encuestas realizadas por el Estado obtienen un resultado mayor al 60% de la población en contra de la legalización de la venta y el autocultivo de cannabis. Sin embargo, el proyecto no se detiene.

En la noche del 31 de julio de 2013 la Cámara de Diputados aprueba en un intenso debate el proyecto de ley para regular el acceso del cannabis con unos 50 votos a favor y unos 46 en contra. Luego, en diciembre del mismo año, el Senado otorga el visto bueno con 16 votos a favor y 13 en contra. En la Nochebuena, como un regalo de Navidad, el Ejecutivo promulga la flamante ley. Uruguay, una pequeña nación del sur con poco más de tres millones de habitantes, se convierte en el primer país del mundo en legalizar el uso del cannabis y estipula diferentes vías de acceso controladas por el Estado. 

“Si tú quieres cambiar, no puedes seguir haciendo lo mismo. En el año 1985, se calculaba que había 1.500 consumidores de marihuana. Ahora, hay 150 mil en mi país. Pero metimos mucha gente presa, gastamos plata en represión y conseguimos confiscar varios cargamentos de marihuana. Con la legalización, pretendemos robarle parte del mercado al narcotráfico. Atacarlo en la fuente de recursos. Peor que la drogadicción es el narcotráfico. Porque el narcotráfico nos introduce costumbres y usos en el mundo delictivo que nos están multiplicando todos los problemas en el campo de la violencia y de la convivencia de la sociedad”, diría el “Pepe” Mujica, en una entrevista brindada al canal La Sexta, un año después de la legalización en Uruguay. 

Este año se cumple la primera década de un hecho que no solo fue histórico para Uruguay, sino para el mundo entero en cuanto a política de drogas. Se trata del inicio de un cambio de paradigma después de casi un siglo entero de prohibicionismo al cannabis. La iniciativa charrúa hizo que más países se animaran a una regulación integral de la planta o establecieran diferentes vías de acceso autorizadas. Por eso, Cáñamo se reunió con varios referentes de la legalización para analizar en qué situación se encuentra hoy el pueblo que camina con un mate en una mano y un porro en la otra. La mayoría de las fuentes coinciden en que la regulación del cannabis es un derecho consagrado. Pero algunos afirman que el proceso se quedó a mitad de camino, sin conseguir la estabilidad en un mercado internacional de la planta que no para crecer y del que Uruguay parece quedar cada vez más lejos, a pesar de haber sido un pionero.

¿Qué dice la ley?

La legislación uruguaya no hace del cannabis una sustancia completamente liberada. Continúa siendo un estupefaciente prohibido. Sin embargo, existen “excepciones”. Este fue el mecanismo que se encontró para no fallar a la diplomacia. Uruguay –al igual que la gran mayoría del planeta– firmó la Convención Única de Estupefacientes de Naciones Unidas de 1961 y no puede ignorarla. Pero sí puede dictar su propia salud pública y de esto se trata la regulación uruguaya del cannabis: garantizar, con permanente control del Estado, que la población acceda a un cannabis seguro. Esta decisión no le trajo ningún tipo de sanción internacional.

Entonces, en Uruguay existen tres vías de acceso al cannabis: autocultivo, la asociación en clubes de cultivo y la compra en farmacias habilitadas. En esta última opción, el cannabis es cultivado por tres empresas que ganaron una licitación pública. El organismo que interviene en la otorgación de las licencias y permisos para estas actividades es el Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA), una institución con independencia creada por la legislación y que está integrada por diferentes representantes del Estado como la Secretaría Nacional de Drogas y los ministerios de Salud Pública; Desarrollo Social; Industria, Energía y Minería; y Ganadería, Agricultura y Pesca. 

Según datos del IRCCA, en la actualidad existen un total de 74.891 personas que están registradas para acceder al cannabis de forma legal y segura. Se trata de 14.766 autocultivadores, 51.249 compradores en las 35 farmacias habilitadas y unos 8.876 asociados a los 268 clubes existentes. Desde febrero de 2019 a la fecha, se registra un incremento superior al 100% de los usuarios registrados, cuando el informe oficial publicaba un total de 34.108 habilitados. De todos modos, desde el IRCCA nos explican que no se ha producido un aumento del consumo, que sus informes revelan que las cifras permanecen estables, y que lo que sucede es un traspaso de los usuarios que acceden al cannabis desde el mercado negro hacia el sistema regulado.

Las autoridades uruguayas calcularon en el año 2019 que se le habían arrebatado unos 20 millones de dólares al narcotráfico. El cálculo se realizó a partir de una estimación de los kilos cosechados por las vías reguladas y que no se adquirieron de formas clandestinas. Por lo que, en la actualidad la cifra económica sería mayor al doble. Es decir, por encima de los 40 millones de dólares.

“La ley fue muy completa y visionaria. Pero hay un montón de artículos por modificar. Estamos por lanzar medicamentos con THC, mientras que estudiamos la apertura de dispensarios y la venta a extranjeros”, dice Sergio Vázquez, de la Junta Directiva del IRCCA.

Otro de los datos relevantes de la regulación es qué ha sucedido con el consumo entre los jóvenes. Según la Encuesta Nacional Sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media (jóvenes entre 13 y 17 años) del año 2016, el 19,8% de los adolescentes aseguraba consumir cannabis. Solamente habían pasado dos años de la implementación de la regulación y el porcentaje se mantenía en los mismos números que en 2013. Pero el mismo estudio del año 2022 y que es realizado por el Observatorio Uruguayo de Drogas determinó que el consumo de cannabis entre los jóvenes había disminuido a un 19%, derribando así uno de los mitos más alarmistas del prohibicionismo. Es decir, bajó un 0,8%. 

“El proyecto tenía tres objetivos. Primero, los derechos: que nadie estuviera preso por consumir cannabis. Segundo, el objetivo de salud que tenía que ver con un acceso de productos de calidad, acceso de información y mejorar el esquema preventivo. Por último, luchar contra el narcotráfico. Creo que en buena medida se ha ido cumpliendo, con diferentes intensidades”. La persona que habla es Sebastián “Tati” Sabini, actual senador del Frente Amplio, pero que fue uno de los diputados claves en la sanción de la ley de regulación del cannabis.

Sabini cuenta que para la elaboración del proyecto de ley se estudiaron los casos del Estado de Colorado, en Estados Unidos, los coffee shops de Países Bajos y los clubes de España. “Un punto fuerte del proyecto fue la posibilidad de los distintos usos y tener distintas vías de acceso. Esto nos permitía que, si una vía fallaba, se podían abrir otras”, dice. 

“La legalización en Uruguay funcionó bien y cumplió sus objetivos parcialmente. Es un mecanismo vigente y que se va ampliando. Pero tiene una cobertura insuficiente, porque el mercado ilegal persiste, aunque tiene un peso muy inferior al que tenía antes”, dice Diego Olivera, secretario de la Junta Nacional de Drogas entre 2016 y 2020. “Se ha creado una zona gris con nuevas formas de acceso al cannabis que no están contenidas en la ley como los concentrados o productos alimenticios”, agrega. Esta situación prevé penas de cárcel. 

Olivera detalla que el mercado se compone en “un tercio por la vía formal y otro tercio que no está registrado, que accede al cannabis porque está en pareja y vive junto a una persona que sí está registrada”, ejemplifica Olivera. “El último tercio está compuesto por el tráfico internacional, donde un 10% del mercado es la marihuana prensada. Es minoritario, pero persiste”, asegura el exsecretario de la Junta Nacional de Drogas. 

“Cuando se promovía esta ley y no estaba aprobada, se puso énfasis al efecto que podía haber en la violencia del narcotráfico. Uruguay sigue siendo un país igual de violento que en 2012 y que tiene que ver con los fenómenos de violencia urbana y del narcotráfico, la pobreza y la debilidad del Estado en algunas zonas con la incidencia de la cocaína o la pasta base. En esos casos la legalización del cannabis no mueve la aguja”, asegura Olivera sobre “un problema más complejo: si no se resuelven los problemas de las cárceles y el aspecto regional del narcotráfico, una legalización local no va a cambiar mucho”. 

Por otro lado, Olivera dice que “lo que sí fue un triunfo es que la sociedad accede a flores secas de muy buena calidad. Antes se consumía un cannabis muy inferior y la gente se metía a cualquier lado para comprarlo”.

Tanto Sabini como Olivera consideran que la regulación del cannabis es un logro y un derecho consagrado que ha cumplido los objetivos de la ley. Sin embargo, también coinciden en que es momento de hacer algunos ajustes. 

“Quizás habría que haber permitido un espacio un poco mayor al mercado o iniciativa privada, sobre todo en pequeños productores o clubes. Lo mismo con farmacias, ya que el esquema es relativamente restrictivo”, dice Sabini sobre las dificultades que tiene el mercado para repuntar. Además, el senador considera que “en perspectiva, no fuimos muy conscientes a la capacidad de veto de algunos mercados de dólares. Ahí tenemos un bloqueo internacional importante”. 

Olivera explica que “los bancos que están en Estados Unidos y abastecen de dólares al mundo no pueden aceptar un negocio de sustancias ilegales en Estados Unidos. Por eso, si detectan que un banco en Uruguay tiene de cliente a una farmacia que vende cannabis, lo dan de baja”. 

De esta manera, las medidas que para Sabini y Olivera deberían implementarse en Uruguay se tendrían que enfocar en abrir el mercado con las vías ya creadas. “Aumentar la cantidad de socios de los clubes, poner en circuito derivados como alimentos, pre-rolls. También podrían abrirse dispensarios y aliviar las restricciones, incluyendo los registros. Me gustaría un mercado controlado por el Estado, pero que no esté tan limitado”, dice Olivera.

Mientras que Sabini coincide con el alivio de los registros y la ampliación de los clubes, el senador agrega que debería habilitarse la venta a los extranjeros que hoy no está permitida. De hecho, se encuentra presentado en el Congreso un proyecto de ley para realizarlo y del que él fue parte en su elaboración. 

Empresas en dudas

Un ejemplo del mercado del cannabis estancado en tierras charrúas es el caso de la empresa Ivy Life Sciences. Esta compañía fundada en 2018 por el matrimonio de la uruguaya Andrea Krell y el sudafricano Kevin Nafte nació con un modelo de agricultura regenerativa junto a pequeños productores. Hasta el año pasado, trabajaban con una decena de granjeros que se dedicaban a cultivar cannabis con bajas concentraciones de THC y altas de CBD. Es decir, cáñamo, según la clasificación internacional. Ivy se encargaba de capacitarlos en la agricultura de esta especie, del otorgamiento de licencias y, finalmente, de exportar las flores cosechadas a Suiza. En 2020, lograron vender 300 kilos a unos 450 dólares cada uno. Es decir, una exportación de 135 mil dólares. Al año siguiente, la cosecha fue de una tonelada. Sin embargo, la producción nunca logró venderse. Todavía se encuentra en un centro de acopio y hace tiempo que se degradó completamente.

“Los precios bajaron a 200 dólares por kilo. Se debe a que Suiza tenía demasiada producción porque también importaba de otros países para volver a venderlo. No tenía sentido seguir”, dice Nafte, en diálogo con Cáñamo. Ante esta situación, la compañía intentó reconvertirse. Junto al inversor Facundo Garretón, exdiputado argentino y principal accionista de la compañía canadiense Blueberries, compraron una mansión para que funcionara como centro terapéutico con cannabis. La propiedad de 110 hectáreas, comprada por 4,6 millones de dólares y ubicada en la exclusiva localidad de Garzón, era de una estrella televisiva argentina: Susana Giménez. Pero el proyecto tampoco funcionó.

“Estamos en un momento de transición y viendo qué hacer. No tenemos mucha claridad hacia dónde vamos”, cuenta Nafte. Recientemente pidieron desde la compañía una licencia para fundar un club cannábico. “Tenemos la esperanza que habiliten la venta a turistas. Pero no sabemos si va a pasar”, agrega.

Por último, Nafte dice que la regulación le llevó libertad a la población. “Ahora veo a la sociedad uruguaya con un mate en la mano y un porro en la otra. Anda muy bien acá. No había un precedente así en el mundo y fue muy buena la legalización. Pero no se avanzó. Las empresas desaparecen, pero el mercado está creciendo. Son síntomas de una industria en pañales y de tantos años de prohibicionismo, por lo que los gobiernos quieren tener mucho control. Pero pueden sofocar la industria”.

Medidas para la industria

Dentro de las instituciones uruguayas son conscientes de la caída del mercado. “La regulación fue muy completa y visionaria, pero faltaron cosas. Hoy estamos revisando aquellos puntos que tratan del comercio internacional del cannabis medicinal y recreativo. Hay un montón de artículos por modificar”, dice Sergio Vázquez, integrante de la Junta Directiva del IRCCA, en representación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 

Vázquez cuenta que la caída del mercado ha sido más que significativa. “Este 2023, hay unas 70 hectáreas a cielo abierto cultivadas”, dice sobre una cifra que en 2020 se ubicaba en las 1.300 hectáreas. Esta situación repercutió en una caída total en las exportaciones que, hace tres años, se ubicaban en los 100 millones de dólares.

Para este año, Vázquez cuenta que solo hay unos 500 kilos exportados a Estados Unidos, a 400 dólares cada uno, producidos por una sola empresa: Raíces Hemp. Se trata de una operación que se cerró el año pasado donde se comercializa una variedad con un contenido de CBD del 16% y que no supera el 0,3% de THC, por lo cual puede cruzar fronteras. Según pudo averiguar Cáñamo, el comprador es una distribuidora llamada C-END. 

“Falta acompañamiento desde lo empresarial. También vemos que está creciendo la criminalización y hoy existe gente en la cárcel por la simple tenencia de concentrados, que nunca se regularon, asegura Majo Miles, Presidenta de la Federación de Clubes Cannábicos del Uruguay”

“Los próximos pedidos son de flores liofilizadas”, cuenta Vázquez sobre un proceso de secado en frío que se realiza con unas máquinas que dejan lista la hierba en un día, a diferencia de las 14 jornadas que tarda eliminar la humedad. “Se hace con un proceso de sublimación, donde se pasa el estado líquido del agua a gaseoso. Cuando sucede eso, la flor queda muy liviana y es como si fuera una esponja. Entonces tiene la característica de absorber lo que se quiera: sabores o cannabinoides sintéticos como el HHC o Delta-8”, dice Vázquez sobre lo que termina adquiriendo el consumidor final, a partir de la compra de un cogollo que naturalmente tiene pocas concentraciones de THC. Vázquez cuenta que la liofilización se realiza en Uruguay con empresas especializadas en realizar el secado en frío.

Entre los puntos que están trabajando las autoridades uruguayas para impulsar el mercado internacional, Vázquez enumera que “la producción de cannabis medicinal sea regulada por Salud Pública, así como el cáñamo lo hace Ganadería, Agricultura y Pesca”. En el aspecto sanitario, el funcionario adelanta que próximamente “se habilitarán medicamentos a base de THC”. 

Por otro lado, Vázquez también propone abrir la venta de cannabis a los extranjeros. Asegura que dentro del Ejecutivo hay consenso para llevarlo adelante. Además confirma que otra medida que se está trabajando es que se agregue otro canal de venta de cannabis a los ya existentes. “Estamos pensando en dispensarios”, asegura. 

Por último, Vázquez dice que ya están implementándose medidas para continuar arrebatándole mercado a los canales clandestinos. La última de ellas fue la incorporación de una nueva genética a la comercialización en las farmacias con un mayor nivel de THC. “En diciembre lanzamos la variedad Gamma, que tiene un 15% de THC. La idea es competir con el mercado gris que se estaba generando por el consumidor que quería mayores niveles”, dice sobre las opciones ya existentes que tenían un porcentaje de 6% y 9%: Alfa y Beta, respectivamente.

Cannabis de farmacia

En la actualidad, hay tres empresas que están habilitadas para producir el cannabis que se vende en las farmacias de Uruguay. Se tratan de Legiral, Jabelor y Symbiosis. Todas ellas tuvieron que presentar un plan del proyecto ante el IRCCA y, luego, fueron seleccionadas. Tanto el predio donde se llevan a cabo las operaciones, como la genética cultivada, fueron otorgadas por el Estado. La debutante en los permisos fue Symbiosis y la persona que estuvo detrás fue Fernando Saicha. Se trata de un cultivador argentino old school, que estudió cine en Berkeley y fue conductor de radio. Un verdadero todoterreno que si hay algo que lo caracteriza es saber cómo dar vuelta a las adversidades. Además, es la primera persona en todo el planeta que obtuvo una licencia para producir cannabis con fines recreativos. 

“El cultivo industrial no funciona como lo que puede tener cualquiera cultiveta. Es una operación industrial con jerarquías, protocolos y reglamentos: otra cabeza. Pero yo lo miraba como la épica, una cosa casi revolucionaria, ¡el primer cultivo del mundo donde un gobierno nos da un permiso!”, dice Saicha. Pero su historia con la planta empezó muchos años antes. 

Saicha nunca llegó a cosechar sus primeros cultivos. Promediaban los años 80 y Buenos Aires vivía una primavera cultural tras el paso de la dictadura más sangrienta de América Latina. A la salida de la escuela secundaria, Saicha y sus amigos se juntaban a fumar la marihuana prensada que llegaba de Paraguay en el Zoológico al lado de los leones. Hasta que, escucharon el dato que al fondo del Hipódromo de Palermo había unos piletones donde se podían pescar sábalos que llegaban del Río de La Plata. Allí se pasaban las tardes, luego de saltar alambrados, cruzar las vías del tren y esquivar a los empleados de seguridad. 

Años más tarde, “desapareció el porro”, cuenta Saicha. “Eran principios de los 90, Menem sube a la presidencia y de repente no había más porro. Hubo seis meses donde no se conseguía nada”, cuenta sobre un suceso que quedó inmortalizado en el cancionario popular argentino por la banda Los Piojos, con el tema Verano del 92. “Y apareció la cocaína. Torcieron el consumo… en esa época, un dólar valía lo mismo que un peso. Así que era lo mismo vender cocaína en Argentina que en Nueva York”. En ese contexto, Saicha decide cultivar. 

Primero, puso plantas al fondo de la casa donde vivía con su madre a partir de unas semillas de prensado que había guardado. Pero su madre le obligo a tirarlas. Entonces, Saicha se acordó de los piletones del Hipódromo. En el camino, había un predio enorme, hoy conocido como los Bosques de Palermo, un parque público híper concurrido. “Era un lugar muy lúgubre, deshabitado. Había linyeras y nos habíamos enterado que habían ejecutado gente en la dictadura”, recuerda Saicha. Volvió a germinar semillas. Las plantas crecieron. Su cultivo de guerrilla parecía que acabaría con la sequía. Pero no: un día que llega a regar las plantas, se encuentra el lugar repleto de patrulleros. No sabía bien qué había pasado y tampoco se quedó a averiguarlo. 

Luego llegaron los estudios en Berkeley y en California conoció los primeros cultivos de cannabis. Ahí supo lo que era una flor. En 1996 le ofrecen trabajar en Guarujá, Brasil, como desarrollador de software. “Cuando me mudo, solo consigo un porro espantoso. Así que hablé con mis amigos de Berkeley y les dije que necesitaba genéticas para cultivar. Me dicen que no, pero me pasan el contacto de una persona en Inglaterra. Nos comunicábamos con un sistema de encriptación”, dice Saicha que comenzó a enviarse cartas con esta persona que nunca conoció.

“Me enviaron un catálogo con distintos nombres: skunk, durban poison, haze… le respondí y le envié libras esterlinas. A los tres meses me llegan las semillas y así empecé. Me pasé doce años, probé hidroponía y todo lo que se me cruzó. En ese momento arranqué a proyectar”, recuerda. Sin embargo, no tenía información. comenzó a interactuar en el foro OverGrow desde una estación de servicio. “Le saco fotos a mis plantas, pero tengo el problema del revelado de los rollos. Hasta que encontré una casa de fotografía que los dueños eran un matrimonio de ancianos ciegos. Así empecé a contactarme con bancos de semillas, que me enviaban las genéticas y yo les hacías las fotos”, dice Saicha.

En 2008, vuelve a vivir en Argentina. Cinco años más tarde retoma su pasión cinematográfica y viaja a Uruguay para realizar un documental sobre la legalización. Mientras está filmando en el Senado, una persona le dice “Vos tenés que meterte en esto”. Esa idea le queda rebotando en la cabeza, hasta que abren las licitaciones. Saicha ya tenía el plan en su cabeza, tras largos años de cultivo en la clandestinidad. Se contacta con inversores y junta el millón setecientos cincuenta mil dólares que necesitaba para el proyecto. En 2014, el Estado le aprueba la licitación. 

“El plan de cultivo era para producir dos toneladas por año. Era súper restrictivo y no se podía hacer lo que uno quería. Tenía que ser en maceta, las genéticas nos la daban ellos. Solo era plantar, secar y entregar a la farmacia. El terreno de una hectárea y media nos lo otorgaron ellos y terminó siendo un predio que pertenece a un penal de máxima seguridad ubicado en la localidad llamada Libertad”, recuerda Saicha.

“Se puede comprar cannabis en una farmacia, pero si pasas 20 gramos a una cárcel te dan cuatro años de prisión”, cuenta el actual senador Sabini sobre el crecimiento de mujeres presas en Uruguay a partir de una batería de leyes aprobada por la actual gestión presidencial de Luis Lacalle Pou.

En ese contexto, cuando aún no tenían preparado absolutamente nada, Saicha recibe un llamado. “Me dijeron que en diez días me enviaban los plantines, que ya estaban germinados. Tuvimos una discusión, pero no hubo nada que hacer. Salimos corriendo a hacer el invernadero a las corridas. Era un gusano con caños de PVC doblados y plásticos para tapar de cuatro metros de ancho y dos de alto. Nos dieron dos mil plantines y en ese lugar hacía 55 grados porque era pleno febrero. El lugar se llenaba de humedad”, cuenta Saicha, entonces Jefe de Cultivo. 

Luego pudieron construir un nuevo invernadero. Pero los problemas no cesaron. Problemas como que hubiera alguna serpiente entre las macetas y no hubiera forma de que accediera una ambulancia. O desastres naturales: “Ahí también me enteré que había tornados en Uruguay. Un día me pasó uno por arriba y se volaron los túneles”, cuenta.

A pesar de las dificultades, Saicha cumplió con la entrega. Sin embargo, a los dos años decidió vender sus acciones y retirarse de la empresa: “Me di cuenta que iba a ser siempre lo mismo. Quería hacer otra cosa”. Hoy en día vive en Argentina y es dueño de Tarelis Trading, una nueva compañía de producción de cannabis en Uruguay con la idea de exportar. También tiene una consultora. 

En cuanto a la experiencia de haber obtenido la primera licencia del mundo, Saicha dice que “valió la pena”. Entonces explica que “estuvo la parte linda. Pero también los quilombos. No solo por Uruguay… Viví muchos años con los huevos en la garganta: el miedo que te agarren cultivando cannabis. Nunca fui detenido por fumarme un porro, pero siempre tuve la espada de Damocles sobre mi espalda”, dice.

Faltan clubes

Si bien se puede adquirir cannabis en las farmacias o desde el autocultivo, el lugar donde se encuentran las flores gourmet son los clubes. No solo porque allí se desarrollan cultivos más pequeños y controlados, sino también porque se dedican a ofrecer un producto diferencial en composición de cannabinoides y variedad de sabores. La gran mayoría de ellos están agrupados en la Federación de Clubes Cannábicos del Uruguay (FECCU). Su presidenta, Majo Miles, nos explica que su funcionamiento es similar a las asociaciones que existen en España.

“Lo primero que hay que hacer es conformar una asociación sin fines de lucro en el Ministerio de Educación y Cultura. Se pueden tener entre 15 y 45 socios, a quienes se pueden entregar unos 40 gramos de flores mensuales”, dice. Además, el cultivo debe estar ubicado en la misma sede donde funciona el club y se debe regir por un esquema previamente aprobado por el IRCCA. 

“Es una ley súper positiva, pero faltó acompañamiento desde lo empresarial porque hay muchas compañías que están cerrando. También vemos que está creciendo la criminalización, en un contexto de gobierno de derecha donde algunas cosas se ponen más difíciles”, dice sobre la gestión de Luis Lacalle Pou. 

La presidenta de los clubes se refiere a la Operación Maléfica. Se trata de una serie de detenciones que están realizándose en el Uruguay bajo la órbita del Ministerio de Interior y donde se detiene a varios cultivadores de cannabis que no están registrados en el IRCCA. “Nunca se regularon los concentrados y hoy existe gente que está siendo penada por tráfico por la simple tenencia”, cuenta. 

Miles critica que la gestión del IRCCA “fomenta a las grandes empresas y no acompaña el potencial de los clubes”. Ella cuenta que cada una de las medidas que plantean desde la FECCU son rechazadas sistemáticamente: “ampliar número de socios o poder hacer entregas a domicilio. Nosotros tenemos muchos problemas de seguridad en el que nos entran a robar”, dice.

Cada vez más presas

Ante la consulta de cuál fue el impacto social más importante que se ha producido en Uruguay a partir de la regulación del cannabis, la mayoría de las fuentes consultadas coinciden en el cambio de opinión sobre el consumidor. “Diez años atrás, la gente creía que quien fumaba cannabis era alguien que se la pasaba tirado en una plaza. Ahora, todo bien”, dice Miles. 

“Hoy en Uruguay, marihuana no es una mala palabra. Nos sacamos la careta como sociedad”, agrega Diego Olivera. Mientras que Sergio Vázquez dice que “le demostramos al mundo que no era tan grave como se creía”. Fernando Saicha asegura que el balance es positivo y que hay un continuo avance: “Antes no se podía nada y ahora se pueden un montón de cosas”. 

Sin embargo, Uruguay está lejos de ser la tierra de la libertad. En marzo del año pasado, el Presidente Luis Lacalle Pou promovió en el Parlamento la llamada “Ley de Urgente Consideración”, una batería de 135 artículos que abarcaban temas de seguridad pública, asuntos laborales, educación y libertad financiera, entre otros. Uno de ellos endureció las penas a las personas que son sorprendidas al ingresar estupefacientes a las cárceles.

Según datos del Poder Judicial, Uruguay tiene 13.400 personas presas. Entre los hombres, los delitos relacionados con drogas constituyen la segunda causa de prisión. Mientras que, en las mujeres, es la primera.

“Se puede comprar cannabis en una farmacia, pero si pasas 20 gramos a una cárcel te dan cuatro años de prisión”, asegura el senador Sebastián Sabini. Además, él realizó un proyecto de ley para derogar la normativa impulsada desde el Ejecutivo y llegó a un dato escalofriante: la cantidad de mujeres presas por ingresar cannabis a las cárceles fue más del doble. “Pasamos de 600 mujeres en 2020, a 1300 en la actualidad”, cierra.