Durante los pasados 12-16 de marzo se celebró, como cada año, en Viena, la sexagésima primera asamblea de la Commission on Narcotic Drugs (CND) o, en español, Comisión de Estupefacientes. La sensación con la que uno sale de estas reuniones es de desolación. Más que un baño de realidad, es una inundación, un ahogamiento casi.
La verticalidad del sistema internacional de prohibición de drogas hace que decisiones totalmente alejadas provenientes de contextos culturales diferentes afecten a todos y cada uno de los países miembros hasta lo más profundo de sus raíces locales, en la más despiadada uniformidad.
Es surrealista escuchar a países como Pakistán o Arabia Saudí debatir sobre cultivos ilícitos de coca que se producen en comunidades indígenas, por ejemplo, de México o de Colombia. La desolación proviene de ver invertido en su más retorcida expresión el concepto de democracia: en las sesiones de la CND todas las resoluciones se adoptan por consenso. Esto implica horas y horas de debate sobre las acciones a tomar durante el año siguiente por parte de los estados. Las decisiones las discuten los diplomáticos de cada país en una sala especial, abierta al público. En estas resoluciones participan todos los países, y esas decisiones deben acatarse y venir al año siguiente a rendir cuentas al respecto. Da igual que los diferentes países tengan sus propias realidades culturales idiosincrásicas, que difieran más que lo que les une en sus diferentes políticas de drogas; da igual. Aquí las diferencias quedan resueltas por unas decisiones que toman unos señores supuestamente representando a sus gobiernos, lo cual no quiere decir que beneficiando directamente a sus ciudadanos. Recordemos que hay países que todavía aplican la pena de muerte a los usuarios de drogas y, sin pudor, los representantes políticos lo cuentan en la Asamblea General como una de las medidas de más éxito para terminar con el problema de las drogas.
La Fundación Iceers, de la que soy director científico, tiene estatuto consultivo del Consejo Económico y Social (ECOSOC), de manera que pudimos participar junto con otras fundaciones amigas, en un evento paralelo llamado “The right to science and freedom of research with scheduled substances” (‘El derecho a la ciencia y la libertad de investigación con sustancias controladas’), auspiciado por el gobierno de Chequia. Otros años habíamos solicitado al gobierno de España, por medio del Plan Nacional sobre Drogas, el auspicio de un evento paralelo, siempre infructuosamente. Este año, gracias a Chequia, pudimos participar en él.
Hay países que todavía aplican la pena de muerte a los usuarios de drogas y, sin pudor, los representantes políticos lo cuentan como un éxito para terminar con el problema de las drogas.
Con relación a los encuentros informales, las ONG acreditadas por el ECOSOC tienen la posibilidad de enviar preguntas, y las seleccionadas las responden los respectivos presidentes de las diferentes instituciones. Para nuestra sorpresa, nos las seleccionaron todas. Quizás las más interesantes fueron dos: 1. qué tratados internacionales mandan cuando los tratados de derechos humanos y los convenios internacionales están en tensión, como ocurre con los pueblos indígenas que hacen uso de sustancias controladas, y 2. el año pasado la JIFE llamó la atención al gobierno de España por los clubes de cannabis, ¿ha hablado la JIFE con los gobiernos regionales que aprobaron leyes locales al respecto? La respuesta a la primera pregunta fue que los gobiernos tienen veinticinco años para erradicar el consumo de sustancias ilegales en sus comunidades indígenas y que, por tanto, no hay tal conflicto (estamos hablando que ese plazo de veinticinco años ya se cumplió hace otros tantos, por lo que la respuesta simplemente carece de sentido). Con relación a la segunda, el presidente de la JIFE dijo que ellos solo hablan con gobiernos centrales que tienen capacidad de decisión. Ambas respuestas recibieron una enorme ovación por parte de las demás ONG que estaban presentes en la sala…, ovación sarcástica y plagada de risas, de la que no parece que el presidente de la JIFE pillara el sentido.
La buena noticia es que cada año hay más presencia y presión por parte de ONG antiprohibicionistas, y cada vez más países cuestionan este tipo de políticas. Por ejemplo, el representante de Colombia explicó que el año anterior había sido un año de éxitos, ya que habían incautado más droga que nunca y detenidas a más personas, pero la demanda y el consumo seguían creciendo, luego algo fallaba. También en lo que se refiere a derechos humanos básicos se avanzó bastante en cuanto a resoluciones, por ejemplo, debatiendo algo tan obvio como el derecho de la mujer a la libertad sexual y reproductiva (algo que Malasia no sabía qué era) o el respecto a los derechos humanos en comunidades indígenas. Incluso a España hay que agradecerle su participación en el intento de desestigmatizar al usuario de drogas. Mi sensación final es que, poquito a poquito al menos se va ganando margen en la desestigmatización del usuario de drogas. Pero que de ahí a empezar a ver políticas despenalizadoras, estamos aún muy lejos. Al menos de esta asamblea no se podría salir con esa idea a corto o medio plazo. Veremos el año que viene qué ocurre.
Por cierto, no sé qué habría sido de esta reunión si el café, tal y como ha ocurrido en tantos momentos y lugares de la historia, estuviera hoy prohibido. Las papeleras no daban abasto para contener tantos vasos vacíos. Y en el bar, desde tempranas horas, las cervezas corrían por pintas. Una paradoja más con la que convivir.
