Colombia vuelve a debatir cómo regular el cannabis de uso adulto, un terreno distinto del cannabis medicinal, que ya cuenta con normas para su producción y comercio exterior. Este año, por ejemplo, se ajustaron las exportaciones de derivados hacia Brasil. El Proyecto de Acto Legislativo 017 de 2026 busca modificar el artículo 49 de la Constitución y sigue en estudio de la Comisión Primera.

El artículo 1 propuesto eliminaría de la prohibición general el porte y consumo de cannabis y sus derivados por personas mayores de edad; también la producción, transformación, distribución, venta y comercialización con fines de uso adulto, siempre que cuenten con licencias o autorizaciones de la autoridad competente. Mantiene restricciones a la publicidad y al patrocinio, salvo campañas preventivas e informativas destinadas a mayores de edad, y prohíbe consumo y comercio en centros educativos, parques, espacios deportivos, centros de primera infancia y otros lugares donde se prohíbe fumar tabaco.

No se trata todavía de un régimen de licencias en funcionamiento ni de una tributación territorial aprobada. La referencia a ese modelo aparece en la exposición de motivos y en la reseña de la Cámara; el articulado original solo exige licencias o autorizaciones y deja a la ley las reglas sobre estándares de calidad, trazabilidad, límites de THC, etiquetado, productos concentrados y medidas para pequeños cultivadores y comunidades étnicas. La discusión llega después de que otra propuesta de regulación del uso adulto superara un primer debate, sin que ese avance haya resuelto el marco constitucional.

El texto también plantea vigilancia epidemiológica, informes públicos cada dos años y una política de prevención y atención que el Ministerio de Salud debería implementar en los seis meses posteriores a una eventual promulgación. En ese vacío normativo se mueven también los clubes cannábicos de Cali, organizaciones de adultos cuya situación no equivale a un mercado legal de uso adulto. Para reformar la Constitución, la iniciativa debe superar dos períodos ordinarios consecutivos y los ocho debates de comisión y plenaria en ambas cámaras.

Lo que está ante la Comisión Primera es una propuesta constitucional con un diseño de regulación aún incompleto y el resultado de la discusión definirá si el país solo vuelve a ensayar una reforma o si construye las reglas que hoy no existen para un mercado de uso adulto.