Cuando Uruguay presentó en 2025 los primeros lineamientos de su Estrategia Nacional de Drogas 2026-2030, buena parte del contenido todavía estaba en construcción. El documento definitivo, aprobado por la Junta Nacional de Drogas en marzo de 2026, añade un Plan de Acción que asigna organismos responsables y establece metas e indicadores para evaluar su cumplimiento.

Para el cannabis, la hoja de ruta plantea revisar algunos de los límites que han acompañado al modelo uruguayo desde su puesta en marcha. Entre las acciones previstas figura reducir barreras legales, geográficas, burocráticas y económicas, así como evaluar que una persona registrada pueda utilizar más de una de las vías legales de acceso.

También se propone revisar los límites de producción y de integrantes de los clubes cannábicos y fortalecer las capacidades del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA). Son problemas que ya forman parte del debate uruguayo y que en Cáñamo recogimos recientemente en el reportaje Uruguay: una década de cannabis legal, donde distintos actores del sector reclamaban flexibilizar registros, ampliar clubes y abrir nuevas posibilidades dentro del mercado regulado.

La estrategia incorpora ahora esas discusiones dentro de la planificación estatal. También contempla avanzar hacia el acceso regulado para personas no residentes, una posibilidad que ya estaba siendo estudiada por el IRCCA, y revisar el diseño de los registros con el objetivo de ampliar la cobertura del sistema.

Fuera del cannabis, el plan consolida la reducción de daños como parte de la política pública y reserva un apartado para sustancias psicodélicas y disociativas. Allí propone seguir la evolución de la evidencia clínica y de los marcos regulatorios internacionales, además de fomentar la investigación nacional. El documento no establece su regulación ni atribuye eficacia terapéutica a estas sustancias.

Ninguna de estas medidas entra en vigor automáticamente por estar incluida en la estrategia. Varias necesitarán decisiones administrativas, recursos o modificaciones normativas. La diferencia respecto de los anuncios iniciales está precisamente en que Uruguay ya ha definido qué aspectos de su política de drogas pretende revisar durante los próximos años. La siguiente medida de su avance será comprobar cuáles llegan efectivamente a ejecutarse.