Visitamos el centro del prohibicionismo de Naciones Unidas. La CND (Commision on Narcotic Drugs), que se celebra anualmente en Viena y que ya va por su sesión número 60, es donde se deciden las medidas políticas sobre drogas a escala mundial. En esta ocasión se produjo un encuentro entre el presidente de la JIFE, Werner Sipp, y las ONG, en el que salió a relucir las asociaciones de consumidores de cannabis españolas. Así supimos de viva voz lo que piensa la JIFE y así también supieron ellos lo que pensamos nosotros.

Mesas y sillas con el azul de la ONU, grandes edificios que respiran burocracia y ambiente de decisiones políticas de alto nivel comprimidos en una semana. La Comisión de Estupefacientes de Viena consiste en conferencias, reuniones, salas donde se redactan documentos en los que los distintos países discuten hasta las comas y un largo etcétera de protocolos para llevar a cabo las políticas de drogas en el mundo. Existen dos tipos de eventos, los oficiales y los paralelos. En los primeros la ONU, a través de la CND, se dedica a partir el bacalao y decidir cuándo, cómo y porqué podemos utilizar determinadas sustancias. Aquí los representantes de distintos países hacen conferencias en grandes salas aportando datos de cultivos y consumos discutiendo las medidas a tomar. Hasta ahí lo que aparece en el programa. Lo que no se anuncia tanto son las reuniones en pequeñas salas y a puerta cerrada con representantes de otros países.

Los eventos paralelos son los que organizan las ONG, este año alrededor de unas cien conferencias de cincuenta minutos cada una, en las que los grupos organizados de la sociedad civil dan su punto de vista sobre las políticas de drogas. Aquí las dinámicas y actitudes son muchas veces bastante distintas a las oficiales, se plantean otro tipo de debates donde hay más intervención por parte del público.

¿Por qué lo llaman fiscalizar cuando quieren decir prohibir?

El encuentro entre el presidente de la JIFE y las ONG fue uno de esos extrañísimos momentos en el que los pobres mortales pudimos entrar en contacto con los mandamases de la prohibición

Una de las diferencias fundamentales entre ambos eventos es que en los oficiales uno siempre se encuentra con una visión externa y sin capacidad de intervención, simplemente se presencia el funcionamiento de la maquinaria. En los paralelos, en cambio, hay un sano tono de informalidad (a veces se veía gente sentada en el suelo de las salas más abarrotadas) que no quita rigor a las propuestas. Detrás de todos estos matices, hay una diferencia mucho más fundamental: en el “segmento normativo” de los eventos oficiales se “implementan” los tratados de control, o sea, se prohíbe o, como prefieren decir algunos, se “fiscaliza”. Esto lo hace especialmente bien un organismo llamado JIFE: la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

Con este grupito de peña de varios países que prohíbe drogas se llevó a cabo probablemente el momento más interesante de los que pudimos presenciar en Viena. El único momento del que tuvimos noticia en el que se reunían los dos mundos: el encuentro entre la JIFE, capitaneada por su presidente, y las ONG. Uno de esos extrañísimos momentos en el que los pobres mortales que asistíamos a los eventos paralelos pudimos entrar en contacto con los mandamases de la “fiscalización”. Hubo que aprovechar tal oportunidad para discrepar con ellos en relación a la supuesta criminalidad de los CSC.

Una hora con el presidente de la JIFE

Encabezando la comitiva de la JIFE estaba el Sr. Werner Sipp, su presidente, que “regalaba” esta oportunidad de establecer diálogo con él mostrando a todo el mundo la cara amable de su institución. Esta nueva cara hace hincapié en la reciente apertura de su organismo (hay que recordar que la JIFE ha tenido, desde su creación en 1961, un funcionamiento muy poco transparente criticado en repetidas ocasiones) que se concretó en atender a preguntas durante una hora en una de las salas adyacentes a la plenaria.

Las preguntas tocaron varios puntos, siendo precisamente uno de ellos el funcionamiento y transparencia que la JIFE establece con las ONG. También se preguntó sobre el débil pronunciamiento de la institución ante el hecho de que en muchos países las leyes de drogas conlleven castigos desorbitados (pena de muerte, tratamientos forzados, etc.). Las respuestas del presidente eran bienintencionadas, parecía querer mostrar que la JIFE está comprometida con las iniciativas de las ONG y también con la idea de que las convenciones deben ser aplicadas según un principio de proporcionalidad. Pero, aunque hablase de ello con insistencia quedaron por aclarar muchas cosas después de su ejercicio de retórica. La más importante: si había algo más que buenas intenciones y un lavado de cara en estas palabras, ya que hasta el día de hoy nunca han venido acompañadas de actos a su altura. Al final, y pese a las expresiones bonitas, un poco de lo de siempre: cero autocrítica y una gran desconexión con respecto a las propuestas de la sociedad civil.

Clubs Sociales de Cannabis y criminalización

El momento más interesante vino al final del turno de preguntas. Inicialmente, el Sr. Sipp solamente tenía planeado contestar a las cuestiones que las ONG habían enviado por correo electrónico una semana antes de la sesión, pero hubo algún pequeño cambio después de la última pregunta preparada. Esta llegó de la mano de la ONG Proyecto Hombre, del Estado español. La portavoz de la organización comentó que la JIFE, en su informe anual recién publicado, había “mostrado su preocupación” por la proliferación de CSC en España recomendando al gobierno tomar medidas para acabar con el fenómeno. Proyecto Hombre quería saber cuáles son las medidas concretas que la JIFE recomienda al gobierno para acabar con los CSC, y también qué rol debe tener la sociedad civil española para acercar posiciones entre el gobierno y los CSC.

El presidente Sipp respondió que la JIFE está en permanente contacto con las autoridades españolas (incluyendo el Delegado del Plan Nacional Sobre Drogas, Francisco Babín, y el fiscal jefe de la Fiscalía Antidroga, José Ramón Noreña, ambos en Viena) y que habían tratado el tema con intensidad a lo largo de 2016 y también el mismo día anterior a este encuentro con ONG, es decir, el martes 14 de marzo. Eso sí, a puerta cerrada; Sipp, olvidando la pose de transparencia, defendió que mantener reuniones privadas era necesario para el correcto funcionamiento de su institución.

“El gobierno de España está muy dedicado a acabar con el problema de los CSC y a mantener informada a la JIFE”, dijo Werner Sipp, presidente de la JIFE

Sipp aclaró que la JIFE no recomienda acciones concretas a los gobiernos, sino que escucha y monitorea sus respuestas judiciales ante tal o cual fenómeno pero que, en todo caso, “el gobierno de España está muy dedicado a acabar con el problema de los CSC y a mantener informada a la JIFE”. A la segunda pregunta de Proyecto Hombre ni siquiera contestó. Sin embargo, para sorpresa de la audiencia, se abrió a continuación un turno de palabra que no dejamos escapar: era nuestra oportunidad de plantearle una verdad incómoda.

Levantamos la mano y nos dieron la palabra. En primer lugar le mostramos nuestra sorpresa ante el hecho de que en su informe se dedicase el triple de espacio a España y los CSC que a los procesos de legalización de EE UU. Después le sugerimos que lo que, según sus palabras, era “un problema” (los CSC en España) para nosotros era una solución. Y para terminar le dijimos abiertamente que nos parecía una contradicción que en diferentes partes de su informe se abogue por la descriminalización y, a la vez, se critique a los CSC. Precisamente uno de los dos fundamentos jurídicos de los mismos se sustenta en que el consumo de drogas está descriminalizado en España (el otro se sustenta en la jurisprudencia del consumo compartido).

Sobre la primera reflexión, Sipp contestó que a pesar de que le dediquen poco espacio a los EE UU, a la JIFE le preocupa mucho lo que está aconteciendo allá, sobre todo después de la legalización en California. “No puedes contar las palabras de nuestro informe para medir el peso de nuestras preocupaciones”, nos dijo, para seguidamente enzarzarse en una disquisición teórica sobre el significado de “descriminalización” y recordar que los tratados internacionales solamente permiten los usos médicos y científicos de drogas y que cualquier otro uso es un delito punible. En ese punto volvió a sacar a relucir la reflexión de las sanciones y la proporcionalidad de las penas diciendo que lo que nosotros llamamos descriminalización, para él es la “flexibilidad” de la respuesta penal y que no hay que mezclar el debate de la descriminalización con los Clubes Sociales de Cannabis.

El ilustrísimo presidente de la JIFE escuchó nuestros planteamientos, nuestra critica a su visión del mundo y nuestra oposición al amiguismo de la JIFE con las autoridades españolas

A pesar de la fugaz oportunidad de interpelar directamente a un alto cargo del prohibicionismo hay que decir que su respuesta fue bastante decepcionante. Para nosotros lo importante no fue tanto esta respuesta del ilustrísimo presidente de la JIFE (puro malabarismo intelectual), sino el hecho de que escuchara nuestros planteamientos, nuestra critica a su visión del mundo y nuestra oposición al amiguismo de la JIFE con las autoridades españolas. Lo importante fue comprobar, en el centro del prohibicionismo y en persona, que las actuales políticas de fiscalización de las drogas, y en concreto las que se tienen de los Clubs Sociales de Cannabis, siguen siendo un fiasco.