¿Qué es la CatFAC?

Es la Federació d’Associacions de Cànnabis de Catalunya. Un colectivo de personas que unen esfuerzos para derogar la ley anacrónica sobre cannabis que impera en España, exigir que las personas usuarias tengan un papel principal en el cambio de las políticas de drogas y que se reconozca el modelo de clubes sociales de cannabis como una vía de acceso en el futuro marco de regulación. Ese es el objetivo, pero la CatFAC son cientos de personas que comparten, debaten y se implican para alcanzarlo. Personas que trabajan para lograr que su forma de vida sea reconocida, que dedican su tiempo libre para desarrollar proyectos colectivos y una parte importante de su vida en lograr cambiar los muros que las oprimen, personas que se empoderan para hacer política desde abajo. Ese espíritu hizo que ocho asociaciones de personas usuarias de cannabis del territorio catalán, conjuntamente con la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC) y en colaboración con la Federación de Asociaciones de Usuarios de Cannabis de Euskadi (EusFAC), decidieran fundar en el 2012 la CatFAC.

¿Por qué tanto empeño en crear federaciones territoriales?

La creación de federaciones territoriales como AraFAC, FACBaleras, FAC-Sur, MadFAC, GalFAC, FAC Levante y CatFAC ha permitido más agilidad en la mediación con las administraciones públicas en las comunidades autónomas. Fruto de esa fórmula, en Cataluña surgió en el 2014 la propuesta de resolución a la Comisión de Salud del Parlament de Cataluña para determinar los criterios de salud pública que deben orientar las asociaciones y los clubes sociales de cannabis (CSC), así como las condiciones para el ejercicio de la actividad, el Plan especial urbanístico para la ordenación territorial de los clubes y las asociaciones de cannabis en la ciudad de Barcelona en el 2015, y la Ley 13/2017 de las asociaciones de consumidores de cannabis aprobada por el Parlament de Cataluña en 2017. Llevamos un recorrido de nueve años que nos ha permitido sentir que estamos participando en el cambio, crecer y aprender de los errores y levantarnos en los malos momentos, también, y sobre todo, ser prudentes.

¿Cuál es la función de la CatFAC?

La función principal de la CatFAC es aglutinar esfuerzos que promuevan cambios positivos en las agendas política y legislativa, como interlocutor entre la Administración y las asociaciones cannábicas. Actuamos con una comunicación bidireccional que nos permite analizar y conocer el entorno de las personas consumidoras para utilizarlo en la elaboración de estrategias de salud pública, y no al revés. A nivel interno, la CatFAC realiza otras funciones, como la de disponer un espacio de interacción, desarrollo y colaboración entre las asociaciones cannábicas afiliadas, que en algunos casos se encuentran aisladas en sus municipios pero tienen las mismas preguntas, necesidades y motivaciones que el resto. Se trata de darnos apoyo mutuo, colectivizar la ayuda y encontrar soluciones comunes. Esta doble función de interlocutor y aglutinador se expresa en los numerosos proyectos surgidos desde las asociaciones, desde las formaciones hasta las recomendaciones internas, los códigos de buenas prácticas, el acceso a la información y otras herramientas para fomentar el cambio hacia una nueva política de drogas.

¿Qué iniciativas hay en marcha?

Tras la celebración del III Congreso se aprobaron las líneas de trabajo de la Federación para los próximos cuatro años, que están enmarcadas en cuatro ejes principales: reducción de riesgos; formación; igualdad de género; servicios. En la actualidad estamos analizando los resultados de la primera encuesta sobre la reducción de riesgos en las asociaciones cannábicas, realizada durante el 2020, que nos está permitiendo reconocer aquellas prácticas que se realizan en las sedes sociales, su implantación, reconocimiento y efectividad. Los resultados nos permitirán centrarnos en las cuestiones que deben ser fortalecidas y movilizar los recursos necesarios para alcanzar el objetivo marcado.

¿Cuántas asociaciones forman parte de la CatFAC?

Somos más de cuatro mi quinientas personas consumidoras, representadas por veintitrés asociaciones afiliadas a la CatFAC, un número que evidencia el temor que tienen las asociaciones cannábicas a visibilizarse. Al final, este temor hace que las asociaciones se establezcan en la “oscuridad” que el poder legislativo, judicial y social les ha asignado. Se trata de una autolimitación: por querer pasar desapercibido se incrementa la inseguridad, y a la vez hace posible que el poder ignore a un colectivo invisible.

"Tenemos que ser capaces de llegar a un pacto entre las organizaciones para generar la movilización social necesaria que impulse la regulación. Si no apostamos por estar juntos, lo más probable es que vivamos una nueva derrota y un avance sustantivo de la represión policial e institucional"

¿Se sabe cuántas asociaciones hay en activo en Cataluña?, ¿y en toda España?

Esta es la pregunta del millón, y tiene la misma respuesta que la pregunta anterior. La invisibilidad de las asociaciones cannábicas no permite conocer el número real de asociaciones que están atendiendo a las personas usuarias, y los datos que contemplamos están más en la esfera de la numerología que del conocimiento.

Según los datos, existen unas ochocientas en Cataluña y más de mil setecientas en toda España, pero puede que varias de ellas ya no estén en funcionamiento, o que se hayan creado nuevas en los tres años que han pasado desde que se estableció este número como “válido”.

En tu caso, eres un liberado, a sueldo y al servicio de la CatFAC, ¿cuál es tu tarea?

Como en la mayoría de organizaciones sociales, el trabajo diario es de multitareas: la redacción de actas, la gestión del correo, la contabilidad, el asesoramiento y acompañamiento de las asociaciones, las relaciones con la Administración y la elaboración de documentos. Como responsable del grupo de comunicación gestiono las redes sociales, la creación de campañas, la atención a medios de comunicación y las herramientas de comunicación interna con las que cuenta la Federación. Soy como “la voz en línea”, y esto me lleva a estar pendiente de muchos canales para mantenerme informado de lo que pasa a nivel político y social con el cannabis. Parte de mi trabajo es también buscar alineaciones con otros actores del sector cannábico o de fuera cuyas líneas de trabajo coincidan con las que se impulsan desde la CatFAC.

Estáis trabajando con el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya, en el área de drogodependencias, ¿en qué consiste esta colaboración?

Nuestra colaboración se centra en el marco de las políticas de reducción de riesgos. Es un trabajo importante porque, en primer lugar, rompe con la invisibilización de las asociaciones y con el trabajo de reducción de riesgo en el consumo. Este abordaje permite un mejor conocimiento de la realidad y, por tanto, una intervención con políticas más eficaces: aumenta el grado de conocimiento sobre la sustancia y la información que reciben las personas usuarias. Nos permite establecer datos estadísticos, con valor científico, que permiten introducir medidas de control sanitario, participar en la elaboración de planes de gestión de la prevención de riesgos y reducción de daños, y también ofrecer formación sobre el consumo, los riesgos que conlleva y sobre otras cuestiones relativas al consumo de cannabis.

¿Y cómo es la relación con la institución?

Hay un diálogo abierto, fluido y bidireccional. Nos permite conectar con otros profesionales y establecer relaciones que puedan desembocar en proyectos fructíferos, así como colaborar con otras administraciones, públicas o privadas. Es una retroalimentación mutua y constructiva. La alianza con la Administración pública y el tercer sector es clave para el desarrollo del modelo de regulación, aporta eficiencia y cohesión social. Que te reconozcan como agente social requiere voluntad política, pero también estar rigurosamente organizado y estructurado; hay que atender a las diversas realidades y que se desarrolle la vertebración entre los actores implicados. Y todo ello es imprescindible para lograr una regulación que beneficie a toda la sociedad.

Participaste en la iniciativa popular de la Rosa Verda, ¿qué aspectos positivos recuerdas de aquella iniciativa popular?

El trabajo que hicimos para sacar adelante la Ley catalana de las asociaciones cannábicas (Ley 13/2017) nos permitió conocer las inquietudes y la visión de una nueva política de drogas surgida desde abajo. Desde entonces tenemos el convencimiento de que el modelo CSC ha logrado el reconocimiento social y de la administración como un modelo de acceso al cannabis para las personas usuarias. La Rosa Verda fue uno de los momentos más vibrantes del movimiento cannábico catalán y un reto para la organización, que asimiló con inmenso esfuerzo, con toda el alma, y con gran intensidad, desde el momento de la inscripción de fedatarios. De todos aquellos días, me quedo con el espíritu de participación de los más de trescientos fedatarios y la unión por un objetivo común de las asociaciones cannábicas. Todos los que estuvimos en aquellos días de recogida de firmas, actos, reuniones y campañas lo recordamos con emoción y alegría. Recuerdo el mes de julio del 2016, las muchas visitas al parque de la Ciutadella, el laberinto de alfombras rojas y escaleras del Parlament para llegar a la sala de reunión de los diferentes partidos políticos, las reuniones con las asociaciones para debatir artículo por artículo y repetir el proceso para trasladar los acuerdos alcanzados en la asamblea… Sería incapaz de recordar el número de reuniones, llamadas, sesiones o correos realizado con los partidos durante aquellos días, pero recuerdo que algunos días mantener la reunión con diputados en la cafetería del Parlament mientras comíamos y preparábamos la siguiente reunión.

¿Cómo fue ese diálogo con los diferentes partidos catalanes?

La relación con los partidos políticos se encontraba activa desde la mesa de debate realizada en el Hash Marihuana & Hemp Museum de Barcelona durante el San Canuto del 2014. Aunque algunos de los representantes que asistieron a la mesa no se encontraban en el Parlament en el 2017, la relación afianzada durante esos años nos permitió en el 2016 organizar la mesa de debate “La Rosa Verda en el Parlamento”, en el centro cívico Pati Llimona, esta vez sí con las personas implicadas en el proceso de creación de la ley, para que la sociedad pudiera escuchar de primera mano el posicionamiento de los partidos y la visión establecida sobre el objetivo de la ley. En su mayoría aceptaban las asociaciones cannábicas, ya que permitirían trabajar en planes de prevención dirigidos a las personas usuarias, puesto que la obligación del Govern es buscar todas las políticas efectivas para reducir la drogodependencia de la población, enfocándose también a los que consumen drogas.

¿Destacarías el papel de algún político en aquella iniciativa?

Debemos reconocer el imprescindible papel de Alba Vergés, de Esquerra Republicana de Catalunya, actual consellera de Sanidad, en todo el proceso; por su amabilidad, diálogo constructivo y profundo compromiso en construir políticas que permitan tener una sociedad más informada, más consciente de los riesgos y, en consecuencia, más libre. Un compromiso que se compartía desde PSC, CSQP, CUP y Cs, con los que se tuvieron que perfilar algunos conceptos y poner algunos límites para que la ley cumpliera con las necesidades por las que se realizaba, respetando los acuerdos alcanzados por las asociaciones cannábicas.

Y luego llegó el Tribunal Constitucional…

"Hacen falta esfuerzo, trabajo y dedicación, y no se puede suplantar el deseo colectivo de regular el cannabis por los intereses personales de algunos cannábicos, aunque estos se escondan detrás de unas siglas"

La suspensión de la Ley por parte del Tribunal Constitucional, en septiembre del 2018, pinchó esa burbuja de alegría. Creó un sentimiento de desánimo e incapacidad, que aún dura en la actualidad. Se entendió como un fracaso, cuando en realidad fue más bien un obstáculo que se interpuso en el camino. Los obstáculos nos obligan a movilizar recursos que no éramos conscientes de tener, por lo que llegamos a hacer cosas que poco antes se nos antojaban imposibles. Queremos creer que se consiguió el objetivo. La mayoría de las personas con las que hemos hablado de esta ley la reconocen como positiva y pionera en muchos ámbitos. Me atrevería a decir que es la propuesta que mayor consenso ha obtenido hasta la actualidad entre organizaciones, entidades y actores del movimiento cannábico. Para CatFAC, la Rosa Verda fue una oportunidad para rebasar los propios límites y descubrir el auténtico potencial que tenemos para alcanzar los objetivos marcados.

Con la perspectiva que da el tiempo transcurrido, ¿qué falló en aquella propuesta?

La propuesta consiguió que se reconociese una realidad que necesita un marco regulador. Que la justicia esté suplantado al legislador es una realidad de nuestros días, pero no podemos obviar que la principal función del Poder Legislativo es elaborar y aprobar las leyes. La inacción de los últimos gobiernos, no solo en este asunto, hace que el Poder Judicial asuma una responsabilidad que no le corresponde, y se ha convertido en la principal medida de paralización de los avances sociales impulsados en los últimos años. El fallo está en el sistema establecido y en el estancamiento de los canales de participación que tiene la ciudadanía para incidir en la acción de gobierno. La propuesta continúa viva, buscando destacar y desatascar los canales de participación, y nos permite afrontar con optimismo el “gran debate” que en un futuro se dará en el Congreso de los Diputados. Aquella experiencia nos permitió investigar y documentarnos en profundidad, mejoramos nuestra argumentación y aprendimos a adaptarnos a los distintos interlocutores.

Viendo que el Tribunal Supremo tumbó aquel intento regulador autonómico, ¿no crees que el esfuerzo habría que haberlo hecho a nivel estatal, con el punto de mira en el Congreso de los Diputados?

El esfuerzo actual está en el Congreso de los Diputados, sin duda. La experiencia con la Rosa Verda y la sentencia del Constitucional nos hace estar mucho más preparados para el momento actual y tener el mecanismo de la organización engrasado para el momento en que la proposición de ley entre en el hemiciclo. El texto que se presente no es tan importante como el arraigo de la propuesta, la experiencia y la influencia de los valores, que sí serán determinantes para que la ley reconozca los intereses de las personas usuarias y sus colectivos.

¿Cómo está la relación con los diferentes partidos de ámbito nacional?

Desde la Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas (ConFAC), queremos presentar una iniciativa conjunta con las formaciones parlamentarias en el plazo de esta legislatura. Se trata de avanzar hacia la sensatez y alejarnos de las ineficaces políticas prohibicionistas. El objetivo es presentar un texto previamente consensuado que cuente con los apoyos parlamentarios suficientes para que pueda tener un recorrido y un desenlace final positivo. Esta iniciativa no solo se queda en el marco político, implica un consenso social, sin dejar de lado el mercado laboral, el sector agrario, las entidades del tercer sector y el Plan Nacional Sobre Drogas. Estamos en un proceso que busca, no solamente el acuerdo de la mayoría de los participantes, sino también resolver o atenuar las objeciones de la minoría para alcanzar la decisión más satisfactoria. Una parte del camino ya la hemos recorrido, aunque el escenario de escaños en el Congreso de los Diputados es un nuevo reto que como organización estamos afrontando con los mejores recursos de los que disponemos, con el convencimiento que da haberlo logrado a nivel autonómico y la energía de una propuesta que, desde el punto de vista social, se ha instalado con normalidad en la sociedad española y ha traspasado fronteras.

"Si no apostamos por estar juntos, lo más probable es que vivamos una nueva derrota y un avance sustantivo de la represión policial e institucional"

¿Qué opinas de la falta de unidad del movimiento cannábico? Para los que estamos dentro no es fácil aclararse, ¿no crees que una sopa de siglas como la actual (RR, OECM, OECCC, GEPCA…) confunde? Si queremos establecer un diálogo con las instituciones para influir en una posible regulación, lo primero sería contar con un interlocutor fácilmente identificable, ¿no crees?

Desde mi punto de vista, esta pluralidad es un reto para estructurar una representación a nivel nacional que tenga en cuenta la realidad y cuáles son las principales organizaciones que se han configurado. No es suficiente con que las entidades trabajen cada una en su territorio, se trata de que se unan territorialmente y que juntas puedan tener un mayor nivel de representación y de interlocución. Trabajar en consenso desde la pluralidad del sector nos fortalece, tanto a las distintas entidades como a la sociedad, y nos hace singulares. Desde la CatFAC hemos colaborado e incentivado esta sopa de letras, con algunas más, como el Moviment Cannàbic Català, Som el que Cultiven, Unidas por la Regulación del Cannabis y Consumo con Derechos, todas ellas creadas con un objetivo compartido. La creación de siglas resulta de la dificultad de llegar a consensos o a estructuras que permitan la incorporación de todos los actores, pero desembocan en duplicidades y en pérdida de recursos. Observamos entonces que el trabajo realizado por otros es el mismo que venimos desarrollando desde nuestra organización, y que lo único que se logra es incorporar a otras personas en la toma de decisiones. Ya existen interlocutores fácilmente identificables en la escena cannábica, la pregunta es: ¿cuántos de ellos cuentan con la experiencia y el respaldo para ser verdaderamente representativos? Como movimiento social asimilamos algunas siglas como parte de la diversidad del “activismo cannábico”, pero en las ocasiones importantes acrecientan nuestra vulnerabilidad y debilitan a las organizaciones comprometidas con el consenso. Después de años de creación de siglas debemos comprender que no hay nada si no existe una base social que las sustente. Hacen falta esfuerzo, trabajo y dedicación, y no se puede suplantar el deseo colectivo de regular el cannabis por los intereses personales de algunos cannábicos, aunque estos se escondan detrás de unas siglas.

¿Qué opinas de la Ley navarra que se presenta en el Senado?

Felicitamos a los compañeros Ramón Morcillo y Fermín Les, de RCN-NOK, por su iniciativa y su incansable defensa de la Ley foral del 2014, un impulso cíclico con el que sorprenden a todos en redes sociales o mediante sus declaraciones en prensa. Desconocemos la motivación que los llevó a presentarla en el Senado, tampoco sabemos qué recorrido ha tenido o tendrá o si cuenta con el apoyo de más partidos políticos aparte de Geroa Bai. Toda iniciativa es bien recibida, pero en el actual escenario, al igual que la estrategia autonómica está agotada, la presentación de PNL, ILP y PL sin un consenso amplio entre los partidos políticos principales con representación en el Congreso, y por ende, en el Senado, son gestos efímeros que difícilmente van a lograr su tramitación parlamentaria. Si a eso se añade que la propuesta no cuenta con consenso dentro del movimiento cannábico… En fin, nos quedamos a la espera de la siguiente sorpresa cíclica de RCN-NOK.

¿Son necesarias este tipo de iniciativas sin consenso o traen más confusión de la que ya hay?

La confusión se produce tanto en el movimiento cannábico como entre los partidos políticos. En las asambleas mensuales que celebramos con las asociaciones afiliadas les mantenemos informados de todas las iniciativas que se producen, y con cada una de ellas surge la pregunta: “¿Y esto?”. Algo similar pasa cuando hablamos con partidos políticos y nos enseñan las propuestas recibidas desde las entidades sociales y no sociales del sector cannábico. Tenemos que ser capaces de llegar a un pacto entre las organizaciones, comprometernos en la tarea de generar consenso y que se cree la movilización social necesaria para impulsar el proceso de regulación. Imaginar este escenario de cohesión en las circunstancias actuales puede parecer difícil, pero si no apostamos por estar juntos, lo más probable es que vivamos una nueva derrota y un avance sustantivo de la represión policial e institucional. Gracias a la fragmentación del movimiento, las administraciones no se sienten presionadas y pueden ignorar la regulación del cannabis, un asunto que no tienen ninguna prisa en abordar, pues les puede acarrear un coste político.