Dice la veterana sabiduría asamblearia que si no se quiere resolver un problema, mejor derivarlo a una comisión. Ante la creciente demanda por regular el cannabis y el retraso evidente con que ejecutivo y legislativo han venido tratando la cuestión, los partidos políticos han respondido a su manera: hacer ver que están en ello. Así funciona la lógica del gobierno representativo. Ganan así tiempo para familiarizarse con el tema, tantear el terreno de intereses en juego y adoptar la posición que les resulte conveniente y, si es posible, electoralmente rentable.

Y es que las cosas de Palacio de las Cortes van despacio. A pesar de que la comunidad cannábica ya ha pasado por allí en diversas ocasiones, no ha sido hasta el 10 de junio del año pasado que al fin fue creada, a propuesta del PNV, una subcomisión en la Comisión de Sanidad. Por descontado, la proverbial habilidad jesuítica de los diputados jeltzales dejó su impronta en esta iniciativa: primero, reduciendo la cuestión al nivel de una “subcomisión”, más técnica que política; luego, limitando su cometido a “analizar experiencias de regulación del cannabis para uso medicinal” y “realizar un informe sobre la evidencia científica existente”. Las implicaciones políticas de todo esto no son menores y apuntan ya por donde va a ir el escenario legislativo de los próximos meses e incluso años.

La puerta de acceso al poder legislativo

La primera cuestión es identificar por dónde comienza su recorrido el cannabis en el Congreso. Y la respuesta es conocida: la Comisión de Sanidad y Consumo. Aunque por azares del reparto de poder en el ejecutivo la cuestión implica a dos ministerios (Sanidad y Consumo), en el legislativo se reúne en una sola subcomisión. No es un detalle menor a la hora de reflexionar sobre los márgenes y capacidades para intervenir sobre la cuestión de la ministra y el ministro correspondientes; habida cuenta de que no son del mismo partido, ni guardan iguales competencias sobre el tema y que, en esta primera experiencia histórica de un ejecutivo de coalición en el gobierno de España, ya hemos visto innumerables veces tensionarse las relaciones entre socios de gobierno por cuestiones políticas relevantes.

No es azaroso que no se haya creado una subcomisión en Economía, Justicia, Interior u otras susceptibles de abordar un tema por definición transversal y que requiere, de hecho, un tratamiento legislativo integral. Tampoco que el gobierno no haya recurrido al BOE, o no haya intervenido en las políticas públicas implicadas o que no haya puesto en marcha una iniciativa legislativa de mayor calado. Que el Congreso haya optado por despejar el cannabis a una subcomisión de Sanidad y Consumo muestra el enfoque ideológico con que se quiere abordar: el control de los cuerpos, lo primero.

Lo primero, pero no lo único. Cuando se activan los aparatos médico y científico (la propia denominación de la subcomisión nos remite a “uso medicinal” y “evidencia científica”) también se ponen en marcha otros aparatos (ideológico, propagandístico, mediático...). El mero control del cuerpo físico no es suficiente. Más allá se ha de asegurar la pervivencia de un determinado régimen de poder y, por ende, de control de las consciencias.

Esto, va de suyo, afecta de forma muy directa al consumo de cualquier sustancia con un potencial psiquedélico. De ahí la separación de “uso medicinal” en un discurso que establece –en sintonía ideológica con el régimen farmacológico vigente– que curar requiere, ante todo, no alterar la psique. No por casualidad, esta disociación aparece justo en un momento en que la salud mental también se ha convertido en un asunto parlamentario.

El Congreso, o lógica institucional parlamentaria

"Los tiempos con que se está manejando el asunto pueden dar margen para una mejor articulación de la “presión por abajo”. El lobbismo de siempre, ya se sabe, desde arriba y entre élites, viene por defecto"

Para incidir sobre la arena parlamentaria, y no morir en el intento, conviene tener presentes algunas claves del tinglado legislativo. La propia definición y el modo en que se ha puesto en marcha la subcomisión ya es indicativa de por dónde va a ir la vía parlamentaria. Se trata, para empezar, de una subcomisión sin una incidencia legislativa inmediata; constituida a fin de establecer los términos del debate. Aunque es un logro indudable haber llegado al Congreso, también ha quedado claro que, salvo sorpresas, la cosa va para medio o largo plazo. De hecho, está incluso por resolver la pertinencia de legislar el cannabis –y cómo– en los limitantes márgenes de sus usos medicinales.

Se entrelazan aquí varias claves: la relevancia que los partidos otorgan al asunto (la presencia mediática será decisiva); su traducción institucional en actividad legislativa (por ahora una subcomisión para elaborar un informe y luego ya se verá); y el manejo consiguiente de los tiempos parlamentarios. A día de hoy, salvo alguna alteración de guion imprevista (mayor presión social y mediática, cambios en la agenda del gobierno, sorpresas en el calendario electoral, etc.), el único horizonte asegurado es el del informe. El resto está por ver.

El recorrido de la cuestión cannábica por el Congreso apunta, por tanto, a una maratón legislativa. Sin prisas y con pausas: entre la aprobación en pleno de la propuesta del PNV y el informe favorable a la creación de la comisión del 14 de octubre discurrieron más de cuatro meses (no los mejores, a sabiendas de cómo funciona la institución en verano). Desde entonces, hasta la vuelta al trabajo parlamentario en febrero, de nuevo vacaciones y sus señorías sin dar noticia. Ahora, por fin, sabemos que se ha elaborado la lista de comparecencias de expertos y contamos con una primera calendarización del trabajo de la subcomisión. Para cuando el informe esté listo habrá pasado todo un año.

Por lo que hace a las comparecencias, aunque el pluralismo está garantizado gracias a la presencia, entre otras, de voces como las de José Carlos Bouso (ICEERS) o Carola Pérez (OECM), la composición de la lista trasluce un cierto divorcio entre la sociedad civil y una elite parlamentaria aún deudora del marco biopolítico al uso. La unanimidad en la aprobación de la lista, no obstante, puede ser una buena noticia por lo que hace al trabajo parlamentario. En una etapa temprana del proceso legislativo es importante que no haya disidencias irreconciliables: que los diputados de Vox, Steegmann y Fernández Ríos, por ejemplo, no hayan roto el consenso es un buen arranque para el trabajo de la subcomisión que habrá que ver si perdura. Que no se polemice en medios sería sin duda otro buen indicador.

En todo caso, tal y como está previsto, entre el 9 de marzo y el 30 de mayo, habrá comparecencias cada dos semanas. A finales de junio se cuenta con tener el informe. En adelante ya se verá. Pero no parece que la coincidencia de nuevo con la pausa estival vaya a favorecer la aceleración de los tiempos o un ritmo sostenido. Paradójicamente, no tiene porque ser malo si se considera una perspectiva a medio plazo. Los tiempos con que se está manejando el asunto pueden dar margen para una mejor articulación de la “presión por abajo” (grassroots lobbying). El lobbismo de siempre, ya se sabe, desde arriba y entre elites, viene por defecto.

El parlamentarismo, o lógica de la disputa de intereses

Una vez que la cuestión cannábica ha conseguido entrar en el Congreso, la disputa estratégica del proceso legislativo pasa a primer plano. Y aunque no se puede decir que se haya roto con la inercia histórica en el tratamiento del cannabis, no deja de ser interesante ver como de un tiempo a esta parte se han abierto fisuras políticas que con la actividad parlamentaria y una presión desde la sociedad civil se podrían ensanchar. Para que así sea tendría que darse un conjunto de factores que a día de hoy se encuentra lejos de estar asegurado.

El primero, de carácter general y ajeno a las partes implicadas, tiene que ver con el contexto político del que no se podrá sustraer el proceso legislativo; más aún si, como parece, este no va a ser un trámite fugaz. Sobre esto caben dos apuntes. Uno concierne a la política internacional y tiene que ver con un cierto agravio comparativo respecto a otros países. El enmarcamiento de la cuestión ha logrado generar la percepción de atraso en un país cuya izquierda se jacta de ser punta de lanza del progresismo global (la eutanasia o el matrimonio homosexual serían buenos ejemplos). A medida que otros países referentes han emprendido la regulación se ha evidenciado un retraso que deja mal parada a la política española; y más en particular a las fuerzas progresistas en el gobierno. La determinación a legislar del nuevo gobierno alemán refleja bien el atraso que implica la pasividad del ejecutivo español.

"La diferencia última está en saber presionar desde el movimiento. El riesgo de una legislación muy restrictiva, en manos de unos pocos intereses empresariales es grande"

El otro apunte es de índole doméstica y nos remite a la crisis que vive el régimen del 78 desde hace una década. Entre 2011 y 2016 el bipartidismo quebró. Y por más que sus alternativas (Podemos y Cs) tampoco hayan conseguido remplazarlo, el régimen sigue estando lejos de concluir un simple retorno a los viejos tiempos. Desde el punto de vista que nos atañe esto es relevante en lo que hace a la eventual capacidad negociadora de los terceros partidos en el Congreso; muy en especial, si logran conservar a su favor la mayoría que sostiene al ejecutivo. Esa fortaleza les permite abrir el campo político a una legislación más atenta a las demandas de la sociedad y, por ende, menos permeable a las presiones por arriba.

El segundo conjunto de factores es estrictamente parlamentario. Por un lado, la propia configuración de la agenda y su relación con los proyectos de gobierno. Desde Zapatero, por lo menos, el PSOE se guía por una máxima que hizo célebre al partido liberal alemán: legislar con el corazón a la izquierda... y el bolsillo a la derecha. Desde el punto de vista de un proyecto que es neoliberal en lo económico, pero de aspiraciones progresistas en lo social, el PSOE ha buscado legitimar su acción ejecutiva con medidas que amplían derechos civiles y refuerzan nuestra imagen de país avanzado (así, por ejemplo, la eutanasia y el matrimonio homosexual ya citados). No cabe duda que la del cannabis es una buena candidatura a medida progresista: no tiene un coste elevado (al contrario, puede producir riqueza) y supondría ampliar los derechos de potenciales votantes sin menoscabo del resto; siempre en el buen entendido de no entrar en la dimensión psiquedélica, ni en el régimen farmacológico establecido.

Por otro lado, el gobierno ha de atender a sus alianzas parlamentarias y de gobierno a la par que maneja los tiempos. En que toca a las primeras es una buena mala noticia que la subcomisión haya sido propuesta del PNV. Mala por las limitaciones e inconvenientes que pueda generar en adelante, buena pues reafirma la mayoría de la investidura y asegura la centralidad a la cuestión en el proceso legislativo. Más complicado es el apoyo del socio menor del gobierno, Unidas Podemos, en virtud de las correlaciones de fuerzas y prioridades. Si algo nos ha enseñado el fin del bipartidismo es que en el complejo arte de componer mayorías de gobierno importan agendas, presiones, consensos, liderazgos...

En relación a esto último hay que tener presente quienes son los verdaderos “guardianes” (gatekeepers) de la decisión: quienes integran la subcomisión, qué perfil político tienen, cuanto pesan en sus partidos, etc. En un país tan dado a gobernar con el freno de mano puesto, donde el parlamentarismo es débil a la par que concentra mucho poder en pocos decisores, el peso específico de sus señorías es decisivo. Lo que pase con el futuro legislativo de la cuestión cannábica depende en gran medida de quienes y cómo trabajen para sacar la legislación adelante.

En este sentido, al igual que el tratamiento en subcomisión ya resulta indicativo, los perfiles de menor peso político que la integran nos dan una idea de la manera en que puede acabar siendo tratada la cuestión cannábica (exclusión del autocultivo, limitación a ciertos cuadros médicos, control bajo prescripción facultativa...). Si el apotegma “águila no caza moscas” dice verdad, entonces hay que preocuparse por la ausencia de águilas en la subcomisión. Aunque es cierto que no estamos ante los presupuestos del Estado, con todo el respeto debido, la relevancia política de la cuestión es mucho mayor que los perfiles que le han sido asignados.

El riesgo, por ende, de acabar con una legislación aprobada con “nocturnidad y alevosía” aumenta en este caso de forma exponencial. La diferencia última, con todo, está en saber presionar desde el movimiento. El riesgo de una legislación muy restrictiva, en manos de unos pocos intereses empresariales es grande. Sin un contrapoder desde la sociedad civil que haga percibir la presión electoral a las maquinarias de partido, por más justa que pueda ser una causa, por más dolor que pueda paliar, no generará el resultado legislativo. Al fin y al cabo, se trata de disputar una hegemonía y ahí la contienda apenas ha comenzado.