La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha impuso la multa en julio de 2021, después de que la policía interviniera cuatro cigarrillos identificados como posibles porros. El Digital de Albacete informó de que un juzgado anuló la sanción en octubre de 2022 y el tribunal autonómico confirmó esa decisión el 6 de octubre de 2026.

El expediente se apoyaba en la Ley autonómica de Espectáculos Públicos, que consideraba muy grave tolerar actividades ilegales relacionadas con el consumo o tráfico de drogas. Los 30.001 euros correspondían al mínimo previsto para esa categoría, cuyas multas podían alcanzar los 600.000 euros.

Para demostrar la presencia de drogas, la Administración aportó un análisis químico. Sin embargo, según la reconstrucción publicada por Infobae, había periodos sin control documentado sobre las muestras que impedían garantizar que lo examinado en el laboratorio fuera lo recogido por los policías. Esa continuidad es lo que debe asegurar la cadena de custodia.

A ello se sumó que la responsable del establecimiento no pudo realizar un contraanálisis. La falta de esa comprobación alternativa limitó sus posibilidades de discutir los resultados utilizados para multarla y agravó las deficiencias detectadas en la conservación de las muestras.

En su recurso, la Junta defendió que un procedimiento administrativo no requería el mismo rigor que una investigación penal y que los agentes podían reconocer los porros por su aspecto y olor. Según ambos medios, el tribunal rechazó esos argumentos porque sancionar la tolerancia del consumo exigía acreditar que la sustancia consumida era realmente una droga.

La Ley de Procedimiento Administrativo reconoce valor probatorio a los hechos constatados por agentes con condición de autoridad cuando se cumplen los requisitos legales, y permite aportar pruebas en contrario. También mantiene la presunción de ausencia de responsabilidad mientras esta no se demuestre.

El olor también ha servido para controlar a los consumidores en lugares donde el cannabis incluso tiene usos legales. En Malta, por ejemplo, la normativa prevé multas de 235 euros cuando el olor del consumo molesta a terceros, incluso si procede de una vivienda.

En Florida, en cambio, el Segundo Distrito de Apelaciones resolvió en 2025 que el olor no basta por sí solo para justificar un registro porque la legalidad del cannabis medicinal y del cáñamo en ese estado impide asociar automáticamente ese aroma con un delito.