La discusión parte del referéndum no vinculante celebrado el 30 de abril de 2025, en el que un 55,64% de los votantes apoyó despenalizar el consumo y la posesión de pequeñas cantidades. Dos meses después, el Gobierno encargó a la Law Reform Commission estudiar umbrales, posibles sanciones administrativas, impactos sociales y compatibilidad con las obligaciones internacionales de Islas Caimán.
El resultado de ese trabajo es el Discussion Paper Cannabis Reform: Options for a Harm Minimisation Framework, publicado el 1 de julio de 2026. El documento no propone una legalización comercial. Su posición preliminar es explorar la despenalización de la posesión y el consumo, con un límite de 30 gramos de cannabis seco. Si también se admite el autocultivo, plantea como referencia hasta 150 gramos de cannabis recién cosechado y un máximo de cuatro plantas por hogar, una fórmula comparable con otros modelos de despenalización y autocultivo ya aplicados en el Caribe.
La Comisión también plantea qué hacer con quienes fueron condenados por conductas que podrían dejar de ser delito. Su criterio preliminar es que las condenas históricas por posesión dentro de esos límites, consumo o cultivo de hasta cuatro plantas deberían eliminarse si finalmente esas conductas son despenalizadas. Para los adultos, además, cuestiona que sustituir las penas criminales por multas administrativas aporte una ventaja clara y advierte que las multas pueden afectar de forma desproporcionada a personas con menores ingresos.
La principal tensión del modelo aparece en el abastecimiento. La Comisión reconoce una “disonancia” entre permitir la posesión y el consumo y mantener prohibidas todas las formas de suministro. Bajo esa opción, la importación, producción, distribución y venta seguirían siendo ilegales, por lo que la reforma reduciría la intervención penal sobre las personas usuarias sin crear un mercado regulado. El organismo no descarta estudiar un suministro legal en el futuro, pero por ahora defiende un avance incremental antes que abrir un mercado comercial.
Ese enfoque contrasta con otros debates caribeños centrados precisamente en cómo regular el mercado del cannabis. Para la Comisión caimanesa, mantener el suministro fuera de la legalidad implica que una despenalización de la posesión no eliminaría el mercado ilícito ni los daños asociados a él.
Si bien la consulta terminó el 1 de septiembre la Comisión debe considerar las aportaciones recibidas y preparar un informe final, después corresponderá al Gobierno decidir si acepta las recomendaciones y, eventualmente, impulsar un proyecto para su debate parlamentario. La discusión que se abre ahora es hasta dónde están dispuestos a retirar al consumidor del sistema penal sin modificar al mismo tiempo la forma en que accede a la planta.
