El pronunciamiento del Segundo Distrito se alinea con la decisión que ya había limitado la "nariz policial" como base suficiente para detenciones, ya que el mero olor no vuelve "inmediatamente aparente" la ilicitud del cannabis, dado que hoy coexisten usos legales. Por ello, el olor puede ser un indicio, pero no una razón automática para un registro sin orden judicial.

La sentencia enfatiza que no "legaliza" el cannabis en todos los supuestos ni impide investigar, ya que lo que elimina son los registros apoyados solo en un dato sensorial. A partir de ahora, la policía deberá articular elementos adicionales como comportamientos, evidencias visibles, declaraciones y contexto para alcanzar el umbral constitucional de causa probable. 

El fallo pone presión a la Corte Suprema de Florida para que se manifieste sobre la vigencia de la doctrina del "olor evidente" (plain smell), lo que podría abrir la puerta a un pronunciamiento a nivel estatal. En tanto, el contexto legislativo ha sido determinante debido a que la regulación del cannabis medicinal en el estado y la legalización del cáñamo han ido desdibujando la presunta equivalencia entre "olor a cannabis = delito".

Esta decisión viene a corroborar un cambio de paradigma y actualiza la relación entre prácticas policiales y derechos constitucionales. Para usuarios y pacientes, el mensaje trae alivio: la mera presencia de un aroma ya no debería bastar para vulnerar su privacidad y, para las fuerzas del orden, el desafío será profesionalizar la investigación más allá de un indicio único.

El viraje de Florida no es solo técnico y está contribuyendo a que la doctrina del "oler es delito" ceda paso a un estándar más garantista y coherente con la evidencia y la realidad regulatoria, transformándose en un recordatorio de que el respeto a derechos y libertades no puede quedar a merced de un nariz por muy policial que sea.