En diciembre de 2021, Malta legalizó el uso personal, el autocultivo y la distribución no comercial de cannabis mediante asociaciones denominadas Cannabis Harm Reduction Associations (CHRA). La medida fue celebrada como un hito en las políticas de drogas del continente.

Menos de tres años después, el gobierno maltés ha dado un giro inesperado con la aprobación de la Ley 128, una normativa que muchos consideran regresiva. Entre los cambios más discutidos destaca la obligación de registrar los datos personales de todos los miembros de los clubes sociales, eliminando el anonimato que antes estaba garantizado. Aunque las autoridades afirman que esta información no podrá ser utilizada judicialmente salvo en casos penales, asociaciones de usuarios denuncian que la medida vulnera derechos fundamentales.

La ley también establece multas administrativas por emitir "olores fuertes" de cannabis, tanto en espacios públicos como en el ámbito privado si generan molestias a terceros. Las sanciones van desde los 50 hasta los 235 euros. Joey Reno Vella, presidente de la Autoridad para el Uso Responsable del Cannabis (ARUC), defendió la medida en medios locales, argumentando que responde a quejas vecinales. No obstante, críticos de la reforma consideran que esta normativa penaliza de forma desproporcionada a personas que viven en espacios reducidos o en bloques de apartamentos.

Además, todos los delitos relacionados con cannabis volverán a ser tramitados por los tribunales de primera instancia, eliminando la posibilidad de sanciones administrativas para infracciones leves. Esta disposición ha sido señalada por expertos como una forma de recriminalizar prácticas previamente despenalizadas, lo que contradice los principios originales de la reforma.

La ARUC también ha recibido nuevos poderes para inspeccionar, iniciar procedimientos legales e imponer sanciones, consolidando un enfoque de control que dista mucho del modelo de reducción de daños que inspiró la legislación inicial.