El Gremio de la Industria del Cannabis (GIC), una unión de profesionales del sector cannábico español fundada en 2021, ha publicado un comunicado en el que puntualiza que el juicio contra un growshop de Almería que fue intervenido en 2020 no pone en peligro la estabilidad del modelo de growshops españoles. Para el juicio la Fiscalía ha solicitado cuatro años de prisión y una multa de 1,5 millones de euros para el principal acusado por un delito contra la salud pública, y penas de entre dos y tres años para el resto de acusados.<
“Desde el Gremio de la Industria del Cannabis queremos transmitir tranquilidad a todo el sector. Somos una industria consolidada en España desde hace más de 20 años y desarrollamos una actividad que no solo ha sido tolerada por la Policía y las administraciones públicas, sino que también ha sido reconocida por la Fiscalía del Tribunal Supremo y ciertos tribunales civiles y administrativos. Estos tribunales han resuelto casos relacionados con impagos por la venta de semillas de cannabis en la jurisdicción civil, así como han anulado sanciones en vía administrativa al considerar que estas semillas no están sujetas al catálogo de semillas de la Unión Europea y, por lo tanto, esta actividad no está prohibida.”, dice el comunicado del GIC.
El growshop que enfrenta el juicio fue intervenido por la Policía Nacional en el año 2020. Según la Fiscalía, el growshop incurrió en un delito contra la salud pública al facilitar la adquisición de material necesario para el cultivo ilegal de cannabis. La acusación afirma que el growshop se dedicó a “abastecer a cultivadores de cannabis a gran escala”, todo ello “con conocimiento de que el destino de tales productos era el cultivo indoor u outdoor de cannabis para su posterior venta a terceros”.
La Fiscalía también argumenta que las semillas que se vendían en el growshop eran ilegales porque no se corresponden con las variedades de cannabis de uso industrial incluidas en el Catálogo Común de Variedades de Especies de Plantas Agrícolas de la Unión Europea. Pero según el Gremio de la Industria del Cannabis la venta de semillas no registradas es legal y ha sido ratificada por los más altos tribunales españoles.
“En el año 2003, el Fiscal del Tribunal Supremo, Fernando Sequeros Sazatornil, emitió un informe en el que defendía la legalidad de estos establecimientos y sostenía que las actividades de los administradores de los Grow Shops no podían ser consideradas criminales, siempre y cuando no tuvieran conocimiento de que los productos y semillas comercializados serían utilizados para cultivar con el propósito de su posterior venta. Según el informe del Fiscal del Tribunal Supremo, no se puede aplicar la figura de la cooperación necesaria en un delito de tráfico de drogas cuando se venden semillas destinadas al autoconsumo de los usuarios de cannabis.”, afirman desde el GIC.
