La Fiscalía ha puesto en duda la legalidad del modelo de growshops español pidiendo penas de dos a cuatro años de prisión para siete acusados relacionados con la actividad del growshop almeriense Sinsemilla. Según la acusación de la Fiscalía, el growshop incurrió en un delito contra la salud pública al facilitar la adquisición de material necesario para el cultivo ilegal de cannabis. El juicio es el resultado de una operación de la Policía Nacional realizada en 2020, en la que los agentes registraron la tienda y el almacén del growshop, incautando una bolsa de plástico con cogollos de cannabis de psicoactividad desconocida.

Según La Voz de Almería, la Fiscalía solicita cuatro años de prisión y una multa de 1,5 millones de euros para P. (el principal acusado) por un delito contra la salud pública, tres años y un mes de cárcel para M. y dos años de prisión para el resto de acusados. La Fiscalía afirma que el growshop se dedicó a “abastecer a cultivadores de cannabis a gran escala”, todo ello “con conocimiento de que el destino de tales productos era el cultivo indoor u outdoor de cannabis para su posterior venta a terceros”.

La acusación también alude que las semillas que se vendían en el growshop eran ilegales porque no se corresponden con las variedades de cannabis de uso industrial incluidas en el Catálogo Común de Variedades de Especies de Plantas Agrícolas de la Unión Europea. En definitiva, la Fiscalía quiere probar que el growshop formaba parte de la estructura organizativa para el cultivo ilegal de marihuana. 

Por su parte, los responsables del growshop defienden que los productos que vendían en su establecimiento son completamente legales y que su actividad —y la del resto de growshops españoles que venden dichos productos desde hace décadas— está amparada por la ley. El resultado del juicio podría tener consecuencias para todo el sector en España.