El 20 de julio de 2017 se presentó un trabajador de una empresa privada de mensajería postal en casa de Fernanda I. B. S., vecina de Ponteareas (Pontevedra). Después de que Fernanda aceptara el paquete (que iba a nombre de su expareja), fue detenida por el mismo mensajero, quien resultó ser un funcionario de Aduanas disfrazado. Según publicó Diario de Pontevedra, el paquete contenía 300 gramos de cocaína que habían sido enviados desde Paraguay pasando por Alemania.

Junto con Fernanda fue detenida su pareja del momento, y ambos fueron acusados de un delito contra la salud pública por el envío de cocaína. En el juicio celebrado el año pasado en la Audiencia Provincial de Pontevedra la pareja sentimental de Fernanda asumió los hechos, y confesó haber preparado el envío durante un viaje a Latinoamérica junto con Fernanda, que “era cosa de los dos” y que pensaban sacar un dinero con la venta en España.

Sin embargo Fernanda en todo momento declaró que no sabía nada del contenido del envío, y que simplemente había accedido a que el hombre utilizara su domicilio para recibir un paquete, pero que nunca pensó que podía tratarse de cocaína. No obstante la Audiencia Provincial declaró culpable a Fernanda como coautora de los hechos después de escuchar la declaración del que fue su compañero, y por las pruebas de conversaciones de whatsapp presentadas, en las que ambos conversaban sobre el paquete. Fernanda recurrió la sentencia al Tribunal Superior de Galicia, que también la declaró culpable y más tarde recurrió al Supremo, que ahora ha ratificado la sentencia, por lo que deberá cumplir una condena de cuatro años de cárcel y abonar 20.000 euros de multa.