El Gobierno del PP quiere dañar al máximo el movimiento cannábico antes de abandonar el poder. Fortalecido con las recientes sentencias del Tribunal Supremo (TS), da instrucciones a la Fiscalía para acabar con un modelo de gestión del cannabis que ha sido ejemplo en muchas partes del mundo.

Así, en la Comunidad de Madrid hay poblaciones como Rivas donde la Guardia Civil ha intervenido a las cuatro asociaciones que venían desarrollando sus actividades. Otras asociaciones de la comunidad han decidido por ellas mismas su cierre o han pactado con la Fiscalía el cierre, como La Delgada Línea Verde. Mientras, hay otras que han decidido dejar solo de realizar las compras mancomunadas, antes de que la Policía Nacional les presione como lo está haciendo en algunas del centro, como High Class, señal inequívoca de una pronta intervención.

En Las Palmas de Gran Canaria también han sido intervenidos por la Guardia Civil los clubs cannábicos de la ciudad, acusados de ofrecer a través de redes sociales paquetes de viajes a Canarias donde se incluía la posibilidad de hacerse socio.

En Cataluña, la Audiencia de Barcelona ya ha cambiado la interpretación de las leyes por seguir las nuevas directrices del TS, cobrándose la primera víctima en el club cannábico Actua.

Por otra parte, la Fiscalía de Barcelona ha presionado para que se cierren cautelarmente las sedes de las asociaciones con procesos abiertos, pidiendo para sus representantes penas de prisión y multas que llegan a los dos millones y medio de euros, como en el caso de ACCAAT. Otra de las invitadas a cerrar es La MACA, decana del asociacionismo cannábico, que ha acatado esta injusta acusación de asociación ilícita, pero que se resiste a dejar de luchar por un reconocimiento de las personas usuarias de cannabis. Para eso convocó una multitudinaria asamblea abierta al público, donde participó una nutrida representación del movimiento cannábico y del asociacionismo catalán, así como una representación de las fuerzas políticas que componen el Parlament (PSC, Junts pel Sí, ERC, CUP). Hubo acuerdo absoluto en la necesidad de una nueva política de drogas más a acorde con la realidad y el compromiso de hacerlo en esta legislatura. En palabras del antropólogo Oriol Romaní, entre el sector técnico de drogodependencias ya se tiene claro que el mayor peligro de las drogas es su prohibición.