Esta semana se han cumplido 50 años desde que un comité nombrado por el presidente Nixon recomendó la despenalización de la marihuana. Richard Nixon fue el responsable de iniciar la política de guerra contra las drogas que tantos muertos, encarcelamientos y marginación ha provocado. Su intención al nombrar el comité fue reforzar su postura contra la marihuana, pero las conclusiones del grupo fueron en dirección contraria.
La Comisión Nacional sobre Marihuana y Abuso de Drogas estuvo compuesta por 14 miembros designados por el propio Nixon y los líderes del Congreso. En las conclusiones se reconocía que el uso de la marihuana implicaba ciertos riesgos, pero recomendaron acabar con las leyes que criminalizan su uso. “Una política social coherente requiere una alteración de las actitudes sociales hacia el consumo de drogas y una voluntad de embarcarse en nuevos rumbos cuando las acciones anteriores han fracasado”, escribió la comisión según cita esta semana Marijuana Moment.
Nixon y su gobierno ignoraron las conclusiones de la comisión que ellos mismos habían formado y continuaron con la política de guerra contra las drogas y los consumidores. En 2016 un escritor y periodista reveló que el asesor de política interna de Nixon, John Ehrlichman, admitió que la política de guerra contra las drogas había sido una estrategia de Nixon para criminalizar a los movimientos de izquierda que protestaban en contra de la guerra y a los activistas y comunidades negras que protestaban por los movimientos civiles.
Este lunes varias organizaciones que abogan por la regulación del cannabis como NORML y Marijuana Policy Project han querido conmemorar los resultados de la comisión para resaltar que 50 años después el cannabis sigue siendo una sustancia perseguida a pesar de haber un presidente demócrata que prometió la despenalización del cannabis en campaña electoral. Después de un año en el cargo, Joe Biden todavía no ha dado ningún paso efectivo para cumplir su promesa: acabar con la prohibición del cannabis y eliminar los registros penales por delitos no violentos relacionados con la planta.
