El Gobierno de Antigua y Barbuda ha despenalizado el uso y el cultivo de cannabis en una decisión especialmente dirigida a la comunidad rastafari —para los que el cannabis es su sagrado sacramento— pero que también afectará al resto de la población. El Gobierno ha reconocido el derecho religioso a usar y cultivar cualquier cantidad de la planta para los rastafaris, al tiempo que ha despenalizado el cultivo personal de hasta cuatro plantas y la posesión de hasta 15 gramos para el resto de la población adulta.

“Somos más libres ahora”, dijo a la agencia de prensa Associated Press Ras Tashi, miembro de la Fundación Ras Freeman para la Unificación de los Rastafaris. “El gobierno nos da nuestros derechos religiosos... podemos venir y plantar cualquier cantidad de marihuana... y ningún policía puede venir y tomar ninguna planta. Luchamos por ese derecho y obtuvimos ese derecho”, explicó.

Gaston Browne, el primer ministro de Antigua y Barbuda, ha tomado varias decisiones políticas encaminadas a reconocer los derechos de la comunidad religiosa de los rastafaris y a reparar el daño infligido durante décadas sobre estas comunidades debido a políticas discriminatorias con su fe, sus costumbres y su uso ritual de cannabis. Entre las medidas de reparación, el primer ministro nombró embajador en Etiopía a Ras Frank-I, un respetado líder rastafari, construyó una escuela pública para que fuese administrada por los rastafaris y ha otorgado a miembros de la comunidad varias licencias para la producción de cannabis medicinal.

Pero en el caso del cannabis el primer ministro ha querido ir más allá y ha extendido el derecho al autocultivo y la tenencia también a quienes no forman parte de la comunidad religiosa, aunque con unos pequeños límites para el número de plantas. “Creemos que tenemos que proveer un espacio para todos en la mesa, independientemente de su religión”, dijo el primer ministro.