Arabia Saudí mantiene la pena de muerte para determinados delitos relacionados con drogas y entre las personas ejecutadas durante 2026 figuran al menos 17 ciudadanos etíopes condenados por este tipo de causas, según Human Rights Watch. Cinco de ellos habían sido sentenciados por intentar introducir hachís en el país y sus familias denuncian que, después de las ejecuciones, no recibieron los cuerpos.

El caso adquirió mayor visibilidad después de que familiares de dos ejecutados relataran a BBC que tampoco fueron avisados previamente. Kinfe Aregawi, padre de Kibrom Kinfe Aregawi, explicó que se enteró de la muerte de su hijo por las redes sociales. La familia de Tsigabu Gebremariam realizó un funeral simbólico sin disponer de sus restos.

Las cinco ejecuciones se realizaron a fines de junio en la provincia de Asir, pero la controversia no terminó con la aplicación de la condena. Los familiares aseguran que todavía reclaman los cuerpos, certificados de defunción y pertenencias personales de los fallecidos.

Desde Naciones Unidas se han cuestionado tanto la aplicación de la pena capital por delitos de drogas que no implican una muerte intencional como la falta de información entregada posteriormente a las familias. Para la ONU, estos delitos no alcanzan el umbral de los “más graves delitos” bajo el cual el derecho internacional permite mantener la pena capital.

Arabia Saudí sostiene, en cambio, que determinadas formas graves de tráfico de drogas justifican la máxima pena dentro de su legislación. El país retomó las ejecuciones por delitos de drogas después de una suspensión temporal en 2021. Sin embargo, en noviembre de 2022, informamos de doce ejecuciones en diez días por delitos no violentos relacionados con drogas.

Human Rights Watch registró 356 ejecuciones en Arabia Saudí durante 2025, de las cuales 240 correspondieron a delitos no letales relacionados con drogas. Entre esas personas, 188 eran extranjeras. Un reportaje publicado por Cáñamo en 2025 ya había advertido del peso de ciudadanos extranjeros entre quienes reciben condenas a muerte por estos delitos.

En los casos de los cinco ciudadanos etíopes, las ejecuciones están confirmadas. Lo que sigue sin una explicación pública específica de las autoridades saudíes es el destino de sus cuerpos y por qué sus familias continúan sin recibirlos.