La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) presentó ante el Consejo de Derechos Humanos un informe dedicado al impacto de las políticas de drogas sobre mujeres y niñas. El documento fue elaborado a partir de cerca de cien contribuciones de Estados, organismos internacionales, sociedad civil y otros actores, además de información pública.

Uno de los ámbitos examinados es la justicia penal. OHCHR señala que algunas mujeres llegan al sistema por delitos relacionados con drogas en contextos marcados por pobreza, violencia o coerción, mientras las respuestas judiciales pueden dejar fuera responsabilidades de cuidado y otras circunstancias personales. Frente a ello, el organismo recomienda ampliar alternativas al encarcelamiento y reducir el recurso a respuestas predominantemente punitivas.

Según el informe, solo una de cada 18 mujeres con trastornos por consumo de drogas accede a tratamiento, frente a uno de cada siete hombres. OHCHR también recoge que el temor a ser criminalizadas durante el embarazo, sufrir discriminación o perder la custodia de sus hijos puede alejarlas de los servicios. En un plano distinto, pero útil para situar el acceso a estas respuestas en América Latina, Chile carece de programas estatales de reducción de daños, una ausencia que limita las alternativas sanitarias disponibles frente al consumo.

La dimensión de género también aparece en las políticas de erradicación de cultivos. OHCHR documenta situaciones en que estas intervenciones afectan los medios de vida y la salud de mujeres rurales, al tiempo que destaca programas de desarrollo alternativo diseñados con participación femenina. El informe no presenta esos ejemplos como experiencias equivalentes entre países, sino como expresiones de políticas cuyos efectos dependen de cada contexto jurídico, social y económico.

Entre sus recomendaciones, OHCHR plantea incorporar a mujeres y niñas en el diseño de las políticas, garantizar servicios voluntarios de salud y reducción de daños adaptados a sus necesidades, recurrir menos al encarcelamiento y considerar la despenalización de la posesión para uso personal junto con modelos de regulación responsable. Son recomendaciones de derechos humanos dirigidas a los Estados, no obligaciones jurídicas adoptadas automáticamente por cada país.

El informe muestra así que el alcance de una política punitiva puede continuar mucho después del contacto con la justicia. Cárcel, maternidad, acceso a tratamiento, custodia y subsistencia aparecen conectados por decisiones públicas que OHCHR propone revisar desde el inicio, en lugar de tratar sus consecuencias como problemas separados.