La plataforma Menos Daño quiere cambiar el rumbo de la política de drogas mexicana. Coincidiendo con los veinte años del inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, la iniciativa ha presentado siete propuestas que buscan reducir los daños asociados tanto al consumo de sustancias como a las políticas utilizadas para combatir su tráfico.
Una de sus principales reivindicaciones es reducir gradualmente la presencia militar en las tareas de seguridad pública que corresponden a cuerpos civiles. La plataforma también propone ampliar la formación policial en salud pública y derechos humanos, dentro de una estrategia que conceda mayor importancia a la prevención y la atención sanitaria.
La iniciativa reúne a diez organizaciones mexicanas, entre ellas México Unido Contra la Delincuencia, Instituto RIA, Elementa DDHH, Verter y Prevencasa. Su coordinadora, Alejandra Sánchez Inzunza, directora de DromoLab, ha defendido la necesidad de abandonar la aspiración de conseguir un país sin drogas y concentrar los esfuerzos en reducir sus consecuencias negativas.
En el ámbito sanitario, Menos Daño reclama facilitar el acceso a la naloxona, un medicamento capaz de revertir las sobredosis de opioides, incluido el fentanilo. También plantea fortalecer los servicios de reducción de daños, como las salas de consumo supervisado y los programas de análisis de sustancias. Son herramientas que ya forman parte del trabajo de distintas organizaciones de reducción de daños en América Latina.
Las propuestas abarcan igualmente la regulación del cannabis para uso adulto, el reconocimiento de los usos ancestrales de plantas y sustancias de los pueblos originarios y los derechos de las personas usuarias. Además, reclaman una ley de amnistía en Ciudad de México para determinados delitos menores relacionados con drogas y que se garantice el cumplimiento de la prohibición del internamiento involuntario en centros de rehabilitación.
El planteamiento coincide con algunas recomendaciones internacionales como la entregada por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instancia que recomendó avanzar hacia la despenalización de las drogas para uso personal y advirtió de las vulneraciones de derechos humanos asociadas a las políticas antidrogas.
Menos Daño atribuye a la estrategia iniciada en 2006 una parte de la violencia y las vulneraciones de derechos acumuladas en México. Sus propuestas, dirigidas a las autoridades, no constituyen una reforma gubernamental en marcha, sino una iniciativa ciudadana que busca trasladar a las decisiones políticas un enfoque centrado en la reducción de daños.
A pesar de que las políticas de drogas afectan a toda la sociedad, los daños que causa son mucho mayores en poblaciones claves, agudizando las problemáticas de quienes ya de por sí se encuentran en vulnerabilidad.
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