La propuesta publicada en la Canada Gazette busca reducir los informes exigidos por el Sistema de Seguimiento del Cannabis y retirar esas obligaciones federales a los comercios y distribuidores autorizados por las provincias y territorios, así como a los organismos públicos que supervisan sus ventas. Estos gobiernos conservarían la responsabilidad de vigilar el mercado dentro de sus jurisdicciones.

Actualmente, los titulares de licencias federales presentan informes mensuales sobre sus operaciones, mientras los distribuidores y minoristas privados remiten información a las autoridades provinciales o territoriales. El sistema permite seguir la producción, las existencias, la distribución y las ventas para evitar tanto el desvío de cannabis legal hacia circuitos ilegales como la entrada de producto ilegal en la cadena regulada.

Para cultivadores, procesadores y vendedores de cannabis medicinal con licencia federal, el proyecto simplificaría los informes y reduciría las categorías de inventario de 14 a siete. También eliminaría la obligación de declarar el valor contable y ciertos datos sobre capacidad de producción, que Health Canada considera prescindibles para seguir el movimiento del cannabis en la cadena legal.

El análisis oficial estima que la reducción de trámites generaría beneficios netos anualizados de unos 19 millones de dólares canadienses, de los cuales cerca de 15,7 millones corresponderían a pequeñas empresas.

Las obligaciones de registro, las inspecciones y las facultades federales de requerir información seguirían vigentes, junto con las exigencias de calidad del mercado regulado. En este contexto, la autoridad sanitaria publicó, en septiembre, una guía para validar los métodos de análisis del cannabis, destinada a comprobar que los procedimientos de productores y laboratorios ofrecen resultados fiables para los distintos tipos de productos.

Si se aprueba, la eliminación de informes para organismos provinciales, distribuidores y minoristas regiría tras la publicación definitiva de la orden. Los cambios para titulares de licencias federales están previstos para el 1 de enero de 2028.

La revisión apunta a una tarea que continúa después de legalizar. Además de establecer controles, un mercado regulado necesita comprobar para qué sirven los datos que exige. Cada formulario debería ayudar a seguir el cannabis que circula, y no convertirse en un trámite que se conserva por costumbre.