Según un estudio observacional publicado en International Journal of Drug Policy, las nuevas incorporaciones pasaron de 15 en 2019 a 92 en 2023, mientras que la tasa anual aumentó de 0,11 a 0,65 por cada mil habitantes, lo que evidencia una marcada desigualdad territorial en el acceso al programa.

Estos servicios proporcionan medicamentos de calidad farmacéutica bajo prescripción médica como alternativa al mercado ilegal, donde la composición y la potencia de las sustancias resultan impredecibles. La aparición de opioides sintéticos cada vez más potentes ha reforzado la necesidad de políticas destinadas a reducir la exposición a suministros contaminados y el riesgo de sobredosis, sin exigir necesariamente que las personas abandonen el consumo. 

El crecimiento registrado en Ontario, sin embargo, estuvo muy lejos de repartirse de manera uniforme. De las 92 personas que iniciaron el servicio en 2023, únicamente seis residían dentro de comunidades de Primeras Naciones. La tasa de incorporación fue de 0,13 por cada mil habitantes dentro de esos territorios, frente a 0,90 entre quienes vivían fuera de ellos. También fue considerablemente mayor en zonas urbanas que en áreas rurales.

El estudio no determina por qué existe esa brecha. Al trabajar con registros administrativos, puede describir dónde residían las personas que recibieron una prescripción, pero no reconstruir sus desplazamientos, las condiciones de los servicios ni las barreras económicas, geográficas o culturales que encontraron.

La desigualdad territorial adquiere especial relevancia ante el impacto de la crisis de opioides sobre esta población. En 2022, la tasa de muertes por toxicidad de opioides entre personas registradas de Primeras Naciones en Ontario llegó a 12,8 por cada 10.000 habitantes, frente a 1,4 entre el resto de la población provincial. La primera cifra casi triplicaba los 4,3 fallecimientos por cada 10.000 registrados en 2019. En otros contextos, distintas investigaciones también han analizado la relación entre las políticas de drogas y la reducción de las muertes por opioides, aunque sus resultados no pueden trasladarse automáticamente a estas comunidades. 

Los autores tampoco evaluaron si el suministro seguro redujo las intoxicaciones o la mortalidad. El diseño transversal permite observar tendencias de acceso, pero no atribuirle al programa posibles cambios sanitarios. Además, los resultados se limitan a personas con estatus registrado de Primeras Naciones y no representan al conjunto de la población indígena de Ontario.

La investigación llega hasta el 31 de diciembre de 2023, antes de los cierres y transformaciones sufridos por distintos programas canadienses durante los años siguientes. Pero la cifra de seis residentes dentro de comunidades de Primeras Naciones resume su principal hallazgo que demostró que el suministro seguro ganó presencia entre una población castigada de manera desproporcionada por la toxicidad de los opioides, pero continuó concentrándose lejos de buena parte de sus territorios.