El fallo judicial enfrenta al Ejecutivo con una omisión de casi medio siglo y, es en ese contexto, que los jueces Nahakul Subedi y Til Prasad Shrestha determinaron que la Ley de Control de Estupefacientes de 1976 ya contemplaba excepciones a la prohibición, pero el Estado no había establecido los procedimientos necesarios para aplicarlas. Su decisión se conoció públicamente a finales de octubre de 2026, cuando se difundió el texto completo.

El caso surgió de una petición presentada por el abogado Saroj Adhikari y otros solicitantes, que reclamaban un marco para aprovechar el cannabis en la medicina y la industria. La norma vigente mantiene restricciones sobre el cultivo, la venta y el consumo, aunque sus artículos 4, 5 y 6 permiten determinadas actividades autorizadas, tratamientos bajo prescripción y producción para investigación bajo supervisión estatal.

Para hacer operativas estas disposiciones, la sentencia exige reglamentos, estándares, permisos y mecanismos de inspección. El sistema deberá abarcar el cultivo, la producción, el procesamiento, el almacenamiento, la distribución y las operaciones de importación y exportación para fines médicos, científicos, agrícolas, hortícolas e industriales. El tribunal exige mantener controles frente a las actividades que continúen fuera del sistema de autorizaciones.

El plazo es de tres meses desde que el Gobierno recibe la orden. Según declaró a la Agencia EFE el portavoz judicial Ashok Kumar Chettri, el cómputo comenzó el 31 de octubre de 2026. Las autoridades deberán ajustar las nuevas disposiciones a la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 y a la legislación nacional.

Los jueces también rechazaron extender el fallo al uso recreativo ya que la despenalización general exigiría reformas que competen al Parlamento, señalaron, y recomendaron abrir consultas con especialistas y sectores interesados. Esa parte de la resolución deja fuera de la orden la creación de un mercado de consumo adulto.

El movimiento judicial coincide con cambios regionales considerando que en agosto, la provincia nepalesa de Gandaki promulgó una ley para el cultivo medicinal e industrial, tras una disputa sobre sus competencias frente a las normas federales y, al otro lado de la cordillera, Himachal Pradesh impulsa el cultivo regulado de cáñamo en el Himalaya indio.

El retraso en convertir autorizaciones legales en permisos efectivos también aparece en Líbano, donde una ley de 2020 tardó años en empezar a aplicarse. En Nepal, la sentencia traslada ahora la responsabilidad al Gobierno central. La próxima señal concreta será la publicación de las reglas y la definición de quién puede solicitar licencias, para qué actividades y bajo qué vigilancia.