Según el gobierno, la idea es tomar una planta que hoy se percibe como “maleza” y convertirla en cáñamo industrial bajo regulación. Sukhu enmarcó el plan en la meta de autosuficiencia para 2027 y afirmó que la producción se orientará a cadenas industriales –textiles, papel y embalajes, cosmética, biocombustibles– además de usos medicinales, sin abrir un mercado recreativo.

El umbral de 0,3% de tetrahidrocannabinol es la base del diseño: el Estado insiste en que se trata de un cultivo que no contiene componentes psicoactivos  y, por ende, con menor riesgo de desvío. En términos fiscales, proyecciones recogidas por la prensa india estiman que, una vez escalado, el esquema podría mover ingresos anuales de aproximadamente 95 y 190 millones de euros.

El gabinete estatal había aprobado  –previamente– un piloto de cultivo controlado con participación de instituciones académicas. Además, un comité encabezado por el ministro de Ingresos y Horticultura, Jagat Singh Negi, revisó experiencias regulatorias en otros territorios antes de presentar recomendaciones que luego fueron aceptadas por la asamblea.

La letra chica, sin embargo, exige mantener el THC bajo, lo que requiere de semillas estables, controles frente a la polinización cruzada y una red de laboratorios para muestreos periódicos. En cualquier esquema, eso implica licencias, monitoreo en campo y sanciones por incumplimiento; la implementación real suele ser el cuello de botella.

Es en este contexto, que el himalaya indio buscará desestigmatizar la planta mientras mantiene un discurso de combate al narco. “Del verde al oro” suena pragmático, pero su éxito dependerá de  quién compra, quién transforma y cuánto valor agregado queda en las comunidades rurales. Si la regulación no llega con infraestructura y reglas claras, el “oro verde” puede terminar concentrado y el ilícito, intacto.