El anuncio se realizó en Beirut tras una reunión con Bassam Tlaiss (Asociación Irshad) y con Dany Fadel, presidente de la Autoridad Reguladora del Cannabis. El gobierno prevé una reunión ampliada a finales de octubre de 2025 para socializar el proyecto y coordinar a municipios, organismos públicos y actores agrícolas.

El paso dado por el Ministerio de Agricultura busca encarrilar una política que lleva años pendiente de implementación. Según informó la agencia oficial NNA, la cartera liderará la creación de los marcos legislativos y regulatorios necesarios, con el objetivo de convertir el sector en una palanca de desarrollo económico y social. La señal es relevante en un país donde la persecución de cultivos irregulares convive con una economía rural empobrecida y con capacidades agronómicas de larga data.

La base legal ya existe desde 2020. Ese año el Parlamento aprobó la Ley 178/2020, que autorizó el cultivo de cannabis para usos médicos e industriales, manteniendo ilegal el consumo no médico y el mercado no regulado. Sin embargo, el despliegue del sistema quedó estancado hasta 2025, cuando el gabinete nombró a Dany Fadel como presidente de la Autoridad Reguladora del Cannabis, con un directorio completo para supervisar licencias, estándares de calidad y trazabilidad. La institucionalidad, por tanto, empieza a tomar forma.

La apuesta económica es significativa. Diversos análisis sostienen que la regulación podría generar ingresos relevantes por exportaciones y atraer divisas en un contexto de crisis prolongada. La región de Beqaa, históricamente asociada a cultivos de cannabis, aparece como polo natural para la transición del circuito ilícito a uno formal, con potencial de empleo, reconversión productiva y mejoras en infraestructura si la política pública se acompaña de inversión y asistencia técnica.

No obstante, los desafíos son concretos. La aplicación de la ley ha sido irregular y, de hecho, en septiembre de 2025 se registraron nuevas erradicaciones de cultivos en Baalbek, lo que evidencia la coexistencia de la política penal con el incipiente enfoque regulatorio. En paralelo, la futura Autoridad deberá articular con los ministerios de Salud, Industria y Economía para supervisar todo el ciclo productivo: desde el análisis de suelos y aguas, la concesión de licencias y el control de buenas prácticas agrícolas, hasta el empaquetado, el etiquetado y la distribución para usos exclusivamente médicos e industriales.

Para las comunidades agrícolas, la clave estará en un diseño inclusivo. Productores pequeños necesitarán acceso a licencias, financiación y apoyo técnico para no quedar fuera de un mercado que, de lo contrario, podría concentrarse en pocos actores. La transparencia en la asignación de licencias, la vigilancia de la calidad y la prevención de desvíos serán condiciones necesarias para que el proyecto genere confianza dentro y fuera del país.

 El movimiento del gobierno libanés confirma que regular el cannabis con reglas claras, supervisión pública y participación de las comunidades rurales puede convertir un problema crónico en una oportunidad de desarrollo. El éxito dependerá de que la institucionalidad recién creada opere con transparencia y de que la transición del circuito ilícito al formal se haga con enfoque de derechos, salud pública y justicia económica.