La nueva entrega del boletín “Adult smoking habits in the UK: 2024”, publicada el 4 de noviembre de 2025, confirma un cambio histórico en la conducta con respecto al tabaco en ese país. Según la ONS estima que un 10,0% usa cigarrillos electrónicos a diario u ocasionalmente, superando por primera vez a las y los fumadores actuales, que se sitúan en 9,1% para la misma geografía.

En tanto, la Encuesta de Población Anual de la ONS ubica el tabaquismo en 10,6%, su mínimo desde 2011, manteniendo la tendencia descendente. Además, advierte que se trata de encuestas diferentes -con ámbitos y definiciones no idénticas-, pero aún así apunta a un cambio de fondo en el consumo de nicotina.

Por edades y género, el uso diario de vapeadores se concentra en los tramos de 25–49 años, mientras que entre 16–24 años el uso (diario u ocasional) sigue siendo el más alto, aunque menor que en 2023. Entre hombres el vapeo bajó levemente y en mujeres subió, señal de una recomposición interna del fenómeno. En tabaquismo, las brechas sociales persisten: las personas en oficios manuales y en situación de desempleo siguen reportando mayores tasas, lo que remite a determinantes sociales bien documentados.

Un dato clave del contexto es la percepción pública. Según Action on Smoking and Health (ASH), el 55% de quienes vapean son exfumadores y un 40% declara uso dual; al mismo tiempo, el 53% de las personas que fuman cree que vapear es tan dañino como fumar o peor. Esa brecha de percepción choca con la evidencia consolidada por Salud Pública de Inglaterra desde 2015, que estimó que los cigarrillos electrónicos son “en torno a un 95% menos dañinos” que el tabaco combustible y que pueden ayudar a dejar de fumar, especialmente con apoyo sanitario.

Las políticas públicas han acompañado este giro. En 2023, el programa “Swap to Stop” ofreció kits de vapeo gratuitos a un millón de personas que fuman como parte de la estrategia para alcanzar una “generación libre de humo”. En 2025, entró en vigor la prohibición de los vapeadores desechables, medida con objetivos ambientales y de protección de menores. El debate ahora busca mantener las puertas abiertas a alternativas de menor riesgo para personas adultas que fuman, sin reforzar mercados ilícitos ni castigar a los grupos con menos recursos que históricamente concentran el daño del tabaco.