La discusión sobre psicodélicos suele moverse entre el entusiasmo clínico y la promesa de un “renacimiento”. En ese clima, Viña recuerda que el debate no puede limitarse a la eficacia o a la novedad terapéutica, porque alrededor de una sustancia también se construye un sistema de acceso, financiamiento y control. Y ese sistema define quién llega primero, quién queda fuera y qué riesgos se vuelven invisibles.

Para sostener el punto, el autor mira antecedentes recientes. La crisis de opioides aparece como ejemplo de cómo incentivos comerciales y expansión acelerada pueden desbordar salvaguardas sanitarias. Y el crecimiento de clínicas de ketamina, con modelos de pago directo y estándares desiguales, ilustra cómo un tratamiento puede popularizarse más rápido que las reglas que lo ordenan. En paralelo, la difusión mediática y la circulación de promesas en ecosistemas digitales pueden empujar expectativas antes de que existan marcos claros de reducción de riesgos e integración.

El texto también pone sobre la mesa impactos fuera del consultorio: presiones ambientales por la demanda de plantas y animales asociados a prácticas tradicionales y tensiones por apropiación cultural cuando saberes indígenas se convierten en insumo de nuevas industrias. Viña reconoce marcos como el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya, pero subraya que se debe resolver la distribución, gobernanza local y participación real en beneficios.

La propuesta Community-Centered Approach to Psychedelics (C-CAP) plantea definir quiénes integran la comunidad implicada; identificar necesidades y prioridades; evaluar si los psicodélicos encajan (o no) en el repertorio de cuidados; mapear barreras legales y culturales; y diseñar condiciones de acceso ético con revisión continua. Entre las herramientas posibles menciona consejos comunitarios, licencias y financiamiento cooperativos y resguardos específicos para prácticas tradicionales.

En el fondo, C-CAP obliga a cambiar la pregunta. No se trata solo de si los psicodélicos “funcionan”, sino de quién gobierna el cuidado y, de esa forma, evitar repetir historias de desigualdad y daño, incluyendo a las comunidades y con criterio de justicia, de salud pública y de memoria.