En Islandia el cannabis para uso adulto sigue prohibido y su posesión, cultivo y venta son sancionables. Junto con lo anterior, tampoco existe un programa de “cannabis medicinal”. Sin embargo, el medicamento Sativex cuenta con autorización sanitaria y se puede dispensar en farmacias con receta de especialistas en neurología. Esta coexistencia entre una prohibición general y una excepción estrictamente farmacéutica ayuda a explicar el tono del debate local y las expectativas de pacientes que aún no encuentran un marco regulado más amplio.
Sin embargo, la cultura islandesa convive con una historia de prohibiciones, como lo que ocurrió con el alcohol que estuvo restringido durante gran parte del siglo XX. En el caso del cannabis, la criminalización comenzó en 1969 y se incorporó a la legislación en 1974, especialmente asociada al aumento de consumo en jóvenes. Este trasfondo sirve de espejo para comprender por qué la regulación cannábica avanza con cautela frente a las nuevas sensibilidades públicas.
Actualmente el pulso de la discusión lo marcan redes de pacientes, emprendedores y divulgadores. La conferencia “Hemp for the Future”, organizada por el Icelandic Hemp Association en el histórico Iðnó de Reikiavik, reunió voces internacionales para abordar la situación del cáñamo industrial, la evidencia terapéutica existente y los diferentes diseños regulatorios.
En este contexto, la figura de Þórunn Þórs Jónsdóttir, referente local del activismo por el cáñamo y la salud, simboliza un trabajo de base que busca conectar ciencia, derechos y sostenibilidad. Aunque representantes del Ministerio de Salud no siempre participan, la conversación ya ocupa un lugar propio en la esfera pública islandesa.
Por su parte, el mercado de CBD se ha instalado con matices. De acuerdo con la autoridad sanitaria, los suplementos y cosméticos con cannabidiol están sujetos a las agencias alimentaria y ambiental y cualquier traza de THC se considera sustancia prohibida en territorio islandés. En la práctica, comercios especializados ofrecen productos de CBD y la importación personal genera dudas y fricciones en aduanas. Con la tolerancia cero al THC, la señal institucional es clara, pero la demanda de bienestar y el interés por derivados no psicoactivos empujan a clarificar reglas y controles.
Islandia discute su futuro cannábico entre la tradición prohibicionista y un ecosistema cívico que gana tracción. Sin un programa terapéutico amplio, la excepción farmacéutica y el empuje del cáñamo han puesto en la discusión la necesidad de ordenar el acceso, proteger a pacientes y transparentar el estatus del CBD. Si Europa avanza hacia modelos regulados, el desafío islandés será diseñar una vía propia que deje atrás el enfoque punitivo y se instale la discusión sobre el cannabis en la idea salud pública, derechos y evidencia.
