Eslovenia se posiciona ahora como uno de los países más avanzados de Europa en materia de regulación cannábica. Con una legislación que ya consideraba el porte de cantidades menores como una falta administrativa, el nuevo marco legal da un paso más al legalizar plenamente el cannabis para usos medicinales y de investigación.

La reforma, aprobada con mayoría parlamentaria, permite a médicos prescribir cogollos para cualquier patología que consideren pertinente. Las recetas tendrán una vigencia de un mes y el producto deberá cumplir con estándares europeos de calidad, mientras que la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios de Eslovenia (JAZMP) será la encargada de regular el proceso y otorgar licencias de cultivo a empresas que ya operan en el sector farmacéutico.

En paralelo, se presentó en la Asamblea Nacional un proyecto legislativo para regular el autocultivo y consumo adulto. La propuesta contempla que cada persona pueda cultivar hasta cuatro plantas en el hogar y almacenar hasta 150 gramos de cannabis, con un límite máximo de 300 gramos por unidad habitacional. En espacios públicos, la cantidad permitida sería de hasta siete gramos.

La iniciativa se fundamenta en criterios de salud pública y derechos individuales. Se prohíbe expresamente el consumo en presencia de menores y en entornos escolares. Aunque el comercio privado seguirá sin autorización, se permitirá el intercambio gratuito dentro de los límites establecidos.

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es la regulación del consumo en el tránsito vehicular. A diferencia de otros países donde rige una tolerancia cero, Eslovenia plantea un sistema graduado de sanciones según el nivel de THC en sangre total. Las sanciones solo se aplicarán si hay signos de deterioro de funciones, con multas que oscilan entre 300 y 1.200 euros, según el nivel detectado y la presencia de síntomas. Esta metodología pretende reflejar con mayor precisión la capacidad real de conducción, evitando penalizaciones arbitrarias.

Finalmente, el borrador también contempla la protección de los derechos laborales de los usuarios: se prohibirá la realización de pruebas de detección de THC en entornos de trabajo, salvo en casos excepcionales. Esto representa un cambio de paradigma respecto a países como Alemania o España, donde estas pruebas pueden tener consecuencias disciplinarias incluso sin evidencia de afectación del desempeño laboral.