La campaña Smart & Safe Florida ha alcanzado un nuevo hito en su intento por regular el uso adulto de cannabis en el estado. Según informó el propio comité al Segundo Circuito Judicial, ya se han entregado más de un millón de formularios firmados para respaldar la enmienda constitucional "Adult Personal Use of Marijuana". Esta cifra llega pese a la anulación de más de 200.000 firmas por tecnicismos formales y en un contexto donde el Estado de Florida ha reforzado las trabas al proceso de iniciativas ciudadanas.

El conflicto principal gira en torno a los criterios de validación de las firmas. En octubre, la División de Elecciones del estado invalidó cientos de miles de peticiones por contener, en el reverso del formulario, un enlace a la página web de la campaña. Aunque el texto de la enmienda era el mismo aprobado por las autoridades, el detalle fue considerado suficiente para desechar los documentos y frenar la verificación de nuevas firmas durante 90 días. Para el comité, se trata de una maniobra política que usa tecnicismos legales para obstaculizar una propuesta respaldada por la mayoría de los ciudadanos.

La propuesta de enmienda plantea autorizar a las personas mayores de 21 años a poseer, adquirir y consumir cannabis con fines no médicos. Incluye restricciones como la prohibición de fumar en espacios públicos, el veto al marketing dirigido a menores y el refuerzo de sanciones por conducir bajo efectos de sustancias. También consolida el rol de los dispensarios de cannabis medicinal como operadores iniciales del mercado adulto y prevé nuevas licencias para negocios de uso no médico, replicando el modelo ya conocido por el electorado en 2024.

Ese precedente es clave, ya que en noviembre de 2024, una propuesta similar obtuvo un 56 % de apoyo, por debajo del 60 % necesario para modificar la Constitución estatal. Tras ese resultado, el gobernador Ron DeSantis y la mayoría republicana impulsaron reformas para restringir las iniciativas populares: menos personas autorizadas para recoger firmas, más requisitos de identificación y mayores sanciones para quienes incumplan las nuevas normas. Diversos colectivos advierten que estas medidas afectan especialmente a propuestas sobre cannabis, derechos reproductivos y cobertura sanitaria.

Un actor decisivo en esta campaña es la industria del cannabis medicinal. La empresa Trulieve, principal operadora en el estado, ha financiado más del 90 % de la iniciativa Smart & Safe Florida, con una inversión que supera los 25 millones de dólares sólo en esta etapa. Para el sector, Florida representa un mercado de alto valor estratégico y con un sistema medicinal consolidado, pero con un uso adulto penalizado, el cambio normativo abriría una nueva etapa de expansión regulada.