El gobierno de Giorgia Meloni, en Italia, incluyó al CBD en la lista de estupefacientes prohibidos en el país, a partir de una resolución del Ministerio de Salud. Esta no es la primera vez la cartera sanitaria intenta prohibir el cannabinoide, ya que en el año 2020 lo había realizado remitiéndose a un decreto presidencial del año 1990 y que fue rechazado por la Justicia. De hecho, se espera que en esta ocasión vuelva a suceder lo mismo porque la decisión contradice a la legislación de la Unión Europea.

En 2020, la Comisión Europea declaró que el CBD no es un narcótico y que puede comercializarse legalmente en los Estados miembros y entre ellos. Esa decisión se basó en una célebre sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, emitida ese mismo año. Por este motivo, Italia no podría emitir una normativa que prohíba al cannabinoide y no respete el fallo de la corte continental. 

La decisión del gobierno de Meloni ha generado un fuerte rechazo entre la industria de la planta en Italia. A través de un comunicado, la confederación agrícola Cia-Agricoltori Italiani cuestionó a la gestión ejecutiva por no solicitar la opinión de los productores de CBD antes de incluirlo en la lista de estupefacientes prohibidos. Para este grupo, la medida “humilla a los agricultores que en los últimos años han invertido dinero y trabajo en la cadena de suministro del cáñamo industrial”.

“Nos encontramos ante intervenciones ideológicas que corren el riesgo de paralizar una cadena de producción de alto valor añadido y con tracción juvenil, con un enorme potencial de producción en cosmética, fitoterapia, bioconstrucción, floricultura, textil y que ya factura 500 millones de euros al año y cuenta con más de 10.000 puestos de trabajo en toda Italia”, dijo Cristiano Fini, presidente de la confederación agrícola.

La resolución del Ministerio de Salud aún debe obtener la ratificación del Parlamento para que se efectivice. En caso de que suceda, las flores de cáñamo estarán completamente prohibidas, aunque no superen el 0,3% de THC, y esto provocaría el cierre de más de tres mil empresas que tienen alrededor de 15 mil trabajadores a cargo.